martes, 20 de abril de 2010

Formalismo jurídico



En el Derecho romano arcaico algunos actos carecían de validez si no se empleaban determinados términos o expresiones. Los actos jurídicos tenían así algo de rito formal.
Modernamente, sin embargo, se tiende a la sustancia: los actos y contratos son lo que son, según su contenido, y no necesariamente lo que dicen ser (con alguna excepción, como los cheques, que para tener su eficacia propia deben tener esta denominación).
Por otra parte, en el procedimiento seguido ante la Administración y los Tribunales se defiende el antiformalismo: lo importante es que se estudien todos los materiales que puedan aportarse y se tome la decisión justa, lo cual no debe ser obstaculizado por una interpretación rigorista y puramente formal de las normas. Esta idea no es nueva sino que, por ejemplo, se encontraba ya en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 o la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958.
A pesar de ello, la interpretación de las leyes por los tribunales seguía revistiendo un gran formalismo, de modo que la falta de un requisito formal secundario podía convertirse en obstáculo de la Justicia material. Las normas de procedimiento, de esta manera, en lugar de un cauce para lograr un resultado, lo evitaban.
Por ejemplo, un recurso de casación podía ser inadmitido porque formalmente estaba mal planteado, aunque pudiera entenderse perfectamente y debiera ser estimado.
El Tribunal Constitucional, desde su creación, corrigió el excesivo formalismo de los tribunales. Habló, así, de que, en virtud del principio antiformalista, ha de rechazarse una interpretación excesivamente formalista que conduzca a la inadmisión de pretensiones o recursos. Por ello dice el Tribunal Constitucional que se infringe la Constitución cuando se deniega un recurso de forma injustificada o no motivada debidamente o por error manifiesto, causa inexistente o interpretación excesivamente formalista. Por ejemplo, tiene declarado que no cabe rechazar un recurso al mismo tiempo por improcedente y por motivos formales, como no haber solicitado los testimonios exigidos por la ley, pues si es improcedente es irrazonable inadmitirlo por razones formales y si es procedente debe permitirse la subsanación. En esta línea, la interpretación judicial de los obstáculos procesales debe guiarse por un criterio pro actione que, teniendo siempre presente la razón de la norma y un criterio de proporcionalidad entre la entidad del defecto advertido y la sanción derivada del mismo, no impida el enjuiciamiento del asunto sobre la base de formalismos o de entendimientos no razonables de las normas procesales, por lo que debe preferirse la interpretación más favorable al ejercicio de la acción. Asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva impone, en la medida de lo posible, la conservación y subsanación de los actos procesales con defectos formales.
La evolución posterior, sin embargo, ha constituido un notable retroceso. Así, el Tribunal Supremo exige, para el recurso de casación, justificaciones de cómo, dónde y porqué se infringen las normas que se invocan más allá de las previsiones legales, tanto en su literalidad como en su finalidad; o inadmite recursos de casación por un error en la cita de la letra del artículo en que se ampara. O, en lo contencioso-administrativo, exige de manera extremadamente formal y sin posible subsanación, un acuerdo de la entidad que recurre.
La propia Ley de Enjuiciamiento Civil invita al ciudadano a invocar su voluntad de subsanar los posibles defectos, como si la subsanación no debiera ser algo lógico y admisible con independencia de que el afectado haya hecho ofrecimiento de ello.
O se deniegan medidas cautelares por no haber concretado las posibles garantías a prestar, sin tener la mínima consideración de requerir al interesado para que subsane esa omisión, si es que debe subsanarse.
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