martes, 22 de septiembre de 2015

ALGUNAS NOVEDADES SIGNIFICATIVAS DE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA









El pasado 22 de septiembre se publicó en el BOE nº 227 la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Según se lee en su Preámbulo, los objetivos esenciales de la reforma son:

§  El reforzamiento de la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración Tributaria y reducir la litigiosidad en esta materia.

§  Prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

§  Incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración.

Estos objetivos pueden sintetizarse en uno solo: mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario español, haciéndolo más justo y eficaz.

De entre todas las novedades introducidas por la Ley 34/2015, aquí destacamos cinco:

1.- Ampliación de las facultades de investigación y modificación de la regulación del plazo del procedimiento inspector.

La Norma aclara que la prescripción del derecho a liquidar no trasciende, en ninguno de sus aspectos, al derecho de comprobar e investigar, derecho que sólo tendrá las limitaciones recogidas en la Ley en los supuestos expresamente señalados.

Asimismo, resulta fundamental el reconocimiento explícito de las facultades de calificación atribuidas a la Administración en relación con hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción del derecho a liquidar, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dicha prescripción no se hubiese producido.

Respecto a los plazos del procedimiento inspector, el nuevo artículo 150 simplifica el cómputo del plazo, extendiendo el actual de doce meses, prorrogable por otros doce. Concretamente, se establece con carácter general un período temporal más amplio de dieciocho meses, a la vez que se limitan las causas de suspensión del cómputo y se eliminan las dilaciones no imputables a la Administración que, según la Administración, en la práctica, extendían el plazo preexistente, provocando graves disfunciones y aumento de litigiosidad. Con carácter excepcional, se regula un plazo de veintisiete meses siempre que concurran las circunstancias especificadas en dicho precepto.

2.- Publicación de listados de deudores.

Esta medida se enmarca en la orientación de la lucha contra el fraude fiscal. Conforme al nuevo artículo 95 bis, la Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere el importe de 1.000.000 de euros.
b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.

El Gobierno publicará la primera lista de deudores en el cuarto trimestre de este año, respecto a aquellos que a fecha de 31 de julio de 2015 incurran en las circunstancias referidas. Posteriormente, en el primer semestre de cada año natural se publicará un listado con aquellos que estén en dicha circunstancia el 31 de diciembre del año previo.

3.- Regulación del método de estimación indirecta.

Con el fin de atajar los defectos e insuficiencias que dicho método ha demostrado hasta ahora, la nueva Norma señala las fuentes de las que pueden proceder los datos a utilizar en la estimación indirecta: de los signos, índices y módulos si el obligado pudo haberse aplicado el método de estimación objetiva, de la propia empresa, de estudios estadísticos o de una muestra efectuada por la Inspección

4.- Modificación del bloque normativo regulador de las reclamaciones económico-administrativas.

La reforma persigue la agilización de la actuación de los Tribunales y la reducción de la litigiosidad mediante la promoción de una mayor y mejor utilización de los medios electrónicos.

Asimismo, introduce una serie de cambios concernientes a: la potenciación de la unificación de doctrina, costas en el supuesto de inadmisión, plazo para recurrir en caso de silencio, recurso de anulación, el nuevo recurso de ejecución, recurso extraordinario de revisión, procedimiento abreviado para las reclamaciones de menor cuantía etc.

5.- Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda pública.

La modificación de la regulación del delito contra la Hacienda pública llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, ha hecho necesario introducir un nuevo Título (el Título VI) en la Ley General Tributaria. La finalidad que se persigue es incorporar un procedimiento administrativo que permita practicar liquidaciones tributarias y efectuar  el cobro de las mismas aún en los supuestos en los que se inicie la tramitación de un proceso penal. Así, frente a la paralización de las actuaciones administrativas que se producía con anterioridad, la regla general será la práctica de la liquidación y el desarrollo de las actuaciones recaudatorias de la deuda tributaria cuantificada.


Como no podía ser de otra forma, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, modifica diversas Normas (cfr. Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades, Ley 23/2005 de Reformas en Materia Tributaria para el Impulso a la Productividad, Ley 12/1995 de Represión del Contrabando etc.). De todas estas reformas interesa resaltar su Disposición final tercera en cuya virtud se introducen dos nuevas Disposiciones adicionales en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: (i) La Disposición adicional novena referente a la incidencia de las competencias de la Unión Europea en el proceso contencioso-administrativo tributario. (ii) La Disposición adicional décima que excluye el orden jurisdiccional contencioso-administrativo del conocimiento de las pretensiones que se deduzcan respecto a las actuaciones tributarias vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública dictados al amparo del nuevo Título VI de la Ley General Tributaria.



María Vizán Palomino
Abogado

2 comentarios:

AV & DB dijo...

Buen resumen de una eeforma que refuerza los privilegios de la administración y amplia los plazos para resolver alargando los expedientes de manera excesiva y para que no entre en juego la prescripción, es la contrareforma hecha por uno mismo, ya que fue ese mismo partido el qye paso de los 5 a 4 años, y dió más garantías a los ciudadanos, porco u nada se ha dicho de la misma.
En este sentido me llega a la cabeza esos informes de los técnicos de hacienda en el caso Noos, porque Hacienda no somos todos.

Anónimo dijo...

Es una reforma que sólo busca favorecer a la Administración. Sencillamente lamentable