miércoles, 14 de octubre de 2015

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

El pasado 7 de octubre de 2015 entró en vigor la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 239).

La citada Norma incorpora varios cambios significativos en diversas materias, dedicando una especial atención a:

§  La implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia.

A este respecto, se fija el 1 DE ENERO DE 2016 como fecha límite a partir de la cual todos los profesionales de la Justicia, órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal.

Como reflejo de este pretendido avance tecnológico, se admite la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del demandado como uno de los datos que pueden ser de utilidad para su localización.

§  La figura del Procurador de los Tribunales como colaborador de la Administración de Justicia.

Aquí, la novedad más reseñable es la atribución a los procuradores de la capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación, lo que les permitirá su práctica con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, eximiéndoles con ello de la necesidad de verse asistidos por testigos lo cual, supuestamente, redundará en la agilización del procedimiento.

§  La asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996, de 10 de enero).

En este ámbito la Ley 42/2015 lleva a cabo una serie de cambios que venían siendo reclamados desde hacía tiempo: el reconocimiento del derecho por circunstancias sobrevenidas no tiene carácter retroactivo, establecimiento de una casuística más amplia respecto al reconocimiento de este derecho, la potenciación de la mediación como alternativa al proceso judicial entre las personas con derecho a justicia gratuita, incremento de las facultades de averiguación patrimonial de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita para evitar las frecuentes situaciones de discordancia  entre los datos aportados por los solicitantes y la realidad, la toma en consideración del patrimonio del solicitante junto con sus rentas o ingresos para determinar el reconocimiento de este derecho, la posibilidad de que el Juez competente pueda revocar este derecho si aprecia temeridad o abuso, reforma del procedimiento de revocación del derecho de justicia gratuita a realizar por la Comisión etc.

Al margen de estos tres aspectos, conviene analizar con más detalle estas otras reformas:

1.- JUICIO VERBAL.

§  El apartado 1 del artículo 438 de la LEC introduce la contestación a la demanda por escrito la cual deberá presentarse en el plazo de diez días (esto es, en la mitad de plazo respecto al procedimiento ordinario).

§  Se recoge la posibilidad de acordar un trámite de conclusiones.

§  Se admite interponer recurso contra las resoluciones que decidan sobre la prueba.

§  Se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de la vista, siempre que el Tribunal también lo estime pertinente.

§  Se exige que se anuncie con antelación la proposición de la prueba del interrogatorio de parte.

2.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

El apartado 1 del artículo 429 de la LEC exige que se aporte la minuta por escrito de la proposición de prueba en la audiencia previa del juicio ordinario, sin perjuicio de reproducirse verbalmente o completarse en el acto.

3.- PROCEDIMIENTO MONITORIO.

§  En relación al proceso monitorio, y con el objetivo de garantizar al consumidor una protección efectiva de sus intereses, el Juez, previa dación de cuenta del Secretario judicial, verificará la existencia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores o usuarios. Podrá, por este motivo, declarar de oficio el carácter abusivo de la cláusula en cuestión. En ese caso, esta cláusula no podrá ser invocada en ningún otro juicio posterior (cfr. nuevo apartado 4 del artículo 815 de la LEC).

§  Asimismo, se da cobertura a la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2009 y al criterio consolidado en nuestra jurisprudencia al incorporar la posibilidad del control judicial de las cláusulas abusivas en el despacho de ejecución de laudos arbitrales.

4.- NUEVO PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PERSONALES: CINCO AÑOS.

Se acorta el plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan establecido un plazo de prescripción específico. El plazo para ejercerlas pasa de 15 años a 5 años.

Por tanto, la Disposición final primera de la Ley 42/2015 modifica el artículo 1964 del Código Civil, el cual queda redactado del siguiente modo:

“1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.
2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.

En cuanto al régimen transitorio, la Disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015 dispone que:

“El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil”.

5.- POSTULACIÓN Y DEFENSA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

La Disposición final cuarta de la Ley 42/2015 reintroduce el antiguo apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Conforme al mismo, los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.



María Vizán Palomino
Abogado

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