martes, 28 de julio de 2015

De nuevo sobre el orden público en el arbitraje

Sabido es que para que el arbitraje funcione adecuadamente es preciso que sus decisiones o laudos no sean susceptibles de revisión judicial íntegra sino solo por causas limitadas, como la infracción del orden público. Un exceso en el control judicial lleva a la inutilidad del arbitraje como medio de dirimir la controversia sin el recurso a los tribunales de justicia.
 
Pues bien, como ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de marzo 2015 (Recurso: 45/2014) hace las siguientes consideraciones:
  
"(ii) Infracción del orden público. Por conducirse ETRAMUFREP S.L. por la "Doctrina de los hechos consumados".
Dentro de este motivo se invoca la doctrina de los actos consumados. Se alega que la rescisión contractual realizada por el Sr. Escrivá Falcó, legal representante de ETRAMUFREP, no cabe dentro de los supuestos establecidos en el artículo 1291 del CC vigente y, por lo tanto, no puede rescindirse unilateralmente y debió instar la acción judicial u arbitral frente a la parte incumplidora.
El motivo expuesto tiene difícil encaje en el motivo de anulación previsto en el artículo 41-1-f de la Ley de Arbitraje al pretender, so pretexto de una infracción de normas de orden público, revisar la decisión arbitral, supuesto que no tiene cabida a tenor de la doctrina que desarrolla ese motivo. La conceptuación del orden público como causa de anulación se contiene en la sentencia del TSJCV de 24 enero 2012 en la que en su fundamento cuarto se indica: "Afirmativamente la noción de orden público se integra por los valores constitucionales no comprendidos en otros motivos y en tanto en cuanto consagrados como derechos fundamentales en los términos del artículo 53.1 de la CE. Con este punto de partida y teniendo en cuenta el carácter sustantivo procesal de los mismos se ha distinguido una doble dimensión en el motivo que nos ocupa. Esta perspectiva dual, sin embargo, no llega al extremo de autorizar la sustitución del criterio arbitral por el del juez competente para su enjuiciamiento. Ni siquiera cuando la contravención del orden público responda a ese perfil material que alcanzaría a los derechos fundamentales de naturaleza no procesal y que viene siendo descrito de forma muy amplia como "principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y económicos indispensables para la conservación de una sociedad y que son informadores de las instrucciones jurídicas esencialmente coincidentes con los principios generales de derecho", y en el apartado 5 se señala: "Muy probablemente la vulneración de los derechos fundamentales de naturaleza material que consagra la constitución y a los que debe referirse se producirá en relación con el convenio arbitral y con la propia actuación de los árbitros al margen de los límites establecidos siendo así, el motivo a invocar será distinto del recogido en la letra f) del artículo 41.1 de la LA y este enfoque quedará en gran medida vacío de contenido. No es de extrañar entonces que la definición primera y principal de orden público tenga marcado carácter procesal vinculándose básicamente a los derechos recogidos en el artículo 24. 1 y 2 de la Constitución. Ausencia de motivación existencia de cosa juzgada, parcialidad del árbitro, la infracción del principio de igualdad o prueba ilícita serían algunos los defectos a legales a través de esta vía."
Fundamenta el motivo en el hecho de que (copia literal) "se lesiona el derecho de defensa, al no haber tenido la oportunidad de contradicción al o a los hechos consumados que la otra parte unilateralmente realiza, independientemente que los hechos sean exactos o no, y se haya vulnerado el derecho de defensa de la otra parte en un procedimiento contradictorio y en condiciones de igualdad, negándoles, por acción u omisión, su intervención en el procedimiento previo para lo que pueda afectarles, mucho menos cuando una de las partes, en este caso, la demandante, dispone de unos medios normativos, humanos y materiales muy superiores a los de la otra parte contratante." Ninguna referencia se hace a la motivación del laudo, en particular, al punto 3 del fundamento segundo que resuelve la prejudicialidad y ante la petición de la demandada en arbitraje de que la actora continuara suministrándole productos para la venta, indica que podía haber instado un procedimiento arbitral para solicitar el cumplimiento del contrato. Por último, tampoco se refiere al fundamento cuarto en el que el árbitro valora la prueba y declara probado el incumplimiento del contrato por parte de la demandada, Dª. Esther, detallando los medios de prueba en que apoya su decisión.
Es evidente que mediante la anulación por la aplicación de la doctrina de los hechos consumados, de imposible encaje en el motivo "de orden público", pretende un pronunciando que afecta al fondo de la decisión arbitral cual es la declaración de incumplimiento contractual por parte de la ahora demandante, y ello excede del ámbito especial de este procedimiento en los términos que se configura el concepto de "orden público".

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado