sábado, 26 de septiembre de 2015

JUICIOS, TARJETAS Y SOBRES: una rosa en el jardín de las leyes




Comares publica mi primera novela.

La gente siempre se pregunta si las novelas reflejan la vida del autor, o es todo imaginación desbordante. Fuera del género de las memorias, que de todos modos muchas veces han de tener su sal y pimienta para rellenar espacios aburridos u olvidados, las novelas se suponen ficción, y por tanto fruto de la imaginación.
Claro que es más fácil, y mejor, escribir sobre eventos que reflejen de alguna manera experiencias reales, propias o ajenas. Pero los hechos se exageran, se fantasea, los personajes reales se yuxtaponen. Por ejemplo, en un libro de una gran novelista, cuya amistad me honra, sale un personaje que es mitad yo y ¡mitad gogó de discoteca! Esa otra mitad está inspirada en otro personaje real, y desde luego no se corresponde conmigo. Pero en la novela es un personaje creíble y tiene su importancia (aunque menos de la que me hubiera gustado a mí).


Por tanto, quiero aclarar desde el principio que esta novela es mezcla de realidad y fantasía, o de experiencias ajenas. No se trata de unas memorias de un Abogado (quizá llegue a ello, aunque me faltan todavía unos años y seguramente serían aburridísimas sobre todo para los ajenos al mundo del Derecho). Yo, personalmente, no me siento identificado con ninguno de los personajes, ni nadie que yo conozca de forma directa está personificado en uno de ellos. ¿O lo digo para despistar o evitar demandas por derecho al honor?


En la obra se representan, dentro de la ficción, los primeros años del siglo, que nos condujeran a una crisis económica, política y moral, en aspectos que tienen que ver con la profesión de Abogado, ya sea en asuntos estrictamente legales o propios del funcionamiento de los negocios o de las organizaciones públicas. No quiero, desde luego, contribuir a ese pensamiento, que creo equivocado, de que todos los políticos son corruptos y todos los Abogados sinvergüenzas. Ni en los peores tiempos. Pero los hay. Haberlos «haylos». Y se trata de pasar un buen rato con ellos, porque es evidente que esos personajes son mucho más distraídos que el político honesto, el funcionario aplicado, el Abogado leal y el empresario que respeta las reglas del juego.
La obra aborda así esa parte de la realidad donde, precisamente, nos encontramos con el político deshonesto, el funcionario ímprobo (que es distinto de aquel que hace un trabajo ímprobo), el Abogado sinvergüenza y el empresario abusivo y fraudulento. No son pues precisamente rosas lo que encontramos en el jardín de las leyes, sino más bien el lado oscuro de la aplicación de las leyes, la política y la economía.
Sin embargo, siempre nos queda una esperanza, porque, al mismo tiempo que el egoísmo o la avaricia son males comunes, fáciles de criticar desde fuera pero en los que todos, o casi todos, podemos caer si nos vemos en la situación correspondiente, la noción de la Justicia está presente igualmente en todos, o casi todos, nosotros, y en ocasiones triunfa, y brota una rosa en el jardín de las leyes. O al menos queremos creer que eso ocurre o puede ocurrir.


La novela, como sucede en el mundo jurídico, presenta distintas perspectivas. En el ámbito legal, siempre hay al menos dos partes: demandante y demandado, querellante y querellado, comprador y vendedor; así como una tercera visión, la del Juez, que se supone imparcial. En el libro, según los distintos capítulos, nos podemos encontrar con tres narradores. A veces nos habla un joven Abogado, otras su exnovia, también jurista, y, finalmente, tenemos al Cliente. El Cliente es, sin duda, un personaje fundamental para el Abogado: sin Cliente no hay Abogados, y las posibilidades de elegir al Cliente son limitadas.

El 8 de octubre la presento. Os espero.

Francisco García Gómez de Mercado

jueves, 24 de septiembre de 2015

Los criterios sociales en la contratación pública


Los actuales gobernantes del Ayuntamiento de Madrid anuncian la aplicación de criterios sociales en la contratación pública, más allá de la "tiranía" de la oferta más barata.
¿Novedoso? No tanto. Es verdad que con la crisis económica se acentuó en algunas Administraciones la aplicación de un único criterio estrictamente económico, de práctica subasta, pero la existencia de otros criterios es habitual en los concursos y, en especial, la adopción de criterios sociales ha sido ya llevada a la práctica, y por supuesto discutida.

Paladín de esos criterios fue, curiosamente, el PP en Madrid, en tiempos en que Ruiz-Gallardón Jiménez era Presidente de la Comunidad.

La Ley que regula los Contratos del Sector Público, que cualquier Administración debe respetar, regula los criterios de valoración de las ofertas, señalando que, para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el  precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la  prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.

La Directiva 2004/18, en su Considerando 46 destaca que a fin de garantizar la igualdad de trato, los criterios de adjudicación deben permitir comparar las ofertas y evaluarlas de manera objetiva. Si se reúnen estas condiciones, determinados criterios de adjudicación económicos y cualitativos, como los que se refieren al cumplimiento de las exigencias medioambientales, podrán permitir que el poder adjudicador satisfaga las necesidades del público afectado, tal como se definieron en las especificaciones del contrato. En estas mismas condiciones, el poder adjudicador podrá regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales que, en particular, respondan a necesidades -definidas en las especificaciones del contrato- propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios/usuarios de las obras, suministros y servicios que son objeto del contrato.

En fin, mucho se ha escrito sobre el asunto y es difícil condensarlo aquí, pero en cualquier caso la adopción de criterios sociales solo puede tener un carácter complementario y, aunque no carezcan de cierta lógica o razonabilidad, pueden suponer un mayor coste y, sobre todo, una mayor discrecionalidad de la Administración.            

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado


martes, 22 de septiembre de 2015

ALGUNAS NOVEDADES SIGNIFICATIVAS DE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA









El pasado 22 de septiembre se publicó en el BOE nº 227 la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Según se lee en su Preámbulo, los objetivos esenciales de la reforma son:

§  El reforzamiento de la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración Tributaria y reducir la litigiosidad en esta materia.

§  Prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

§  Incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración.

Estos objetivos pueden sintetizarse en uno solo: mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario español, haciéndolo más justo y eficaz.

De entre todas las novedades introducidas por la Ley 34/2015, aquí destacamos cinco:

1.- Ampliación de las facultades de investigación y modificación de la regulación del plazo del procedimiento inspector.

La Norma aclara que la prescripción del derecho a liquidar no trasciende, en ninguno de sus aspectos, al derecho de comprobar e investigar, derecho que sólo tendrá las limitaciones recogidas en la Ley en los supuestos expresamente señalados.

Asimismo, resulta fundamental el reconocimiento explícito de las facultades de calificación atribuidas a la Administración en relación con hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en periodos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción del derecho a liquidar, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dicha prescripción no se hubiese producido.

Respecto a los plazos del procedimiento inspector, el nuevo artículo 150 simplifica el cómputo del plazo, extendiendo el actual de doce meses, prorrogable por otros doce. Concretamente, se establece con carácter general un período temporal más amplio de dieciocho meses, a la vez que se limitan las causas de suspensión del cómputo y se eliminan las dilaciones no imputables a la Administración que, según la Administración, en la práctica, extendían el plazo preexistente, provocando graves disfunciones y aumento de litigiosidad. Con carácter excepcional, se regula un plazo de veintisiete meses siempre que concurran las circunstancias especificadas en dicho precepto.

2.- Publicación de listados de deudores.

Esta medida se enmarca en la orientación de la lucha contra el fraude fiscal. Conforme al nuevo artículo 95 bis, la Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere el importe de 1.000.000 de euros.
b) Que dichas deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.

El Gobierno publicará la primera lista de deudores en el cuarto trimestre de este año, respecto a aquellos que a fecha de 31 de julio de 2015 incurran en las circunstancias referidas. Posteriormente, en el primer semestre de cada año natural se publicará un listado con aquellos que estén en dicha circunstancia el 31 de diciembre del año previo.

3.- Regulación del método de estimación indirecta.

Con el fin de atajar los defectos e insuficiencias que dicho método ha demostrado hasta ahora, la nueva Norma señala las fuentes de las que pueden proceder los datos a utilizar en la estimación indirecta: de los signos, índices y módulos si el obligado pudo haberse aplicado el método de estimación objetiva, de la propia empresa, de estudios estadísticos o de una muestra efectuada por la Inspección

4.- Modificación del bloque normativo regulador de las reclamaciones económico-administrativas.

La reforma persigue la agilización de la actuación de los Tribunales y la reducción de la litigiosidad mediante la promoción de una mayor y mejor utilización de los medios electrónicos.

Asimismo, introduce una serie de cambios concernientes a: la potenciación de la unificación de doctrina, costas en el supuesto de inadmisión, plazo para recurrir en caso de silencio, recurso de anulación, el nuevo recurso de ejecución, recurso extraordinario de revisión, procedimiento abreviado para las reclamaciones de menor cuantía etc.

5.- Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda pública.

La modificación de la regulación del delito contra la Hacienda pública llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, ha hecho necesario introducir un nuevo Título (el Título VI) en la Ley General Tributaria. La finalidad que se persigue es incorporar un procedimiento administrativo que permita practicar liquidaciones tributarias y efectuar  el cobro de las mismas aún en los supuestos en los que se inicie la tramitación de un proceso penal. Así, frente a la paralización de las actuaciones administrativas que se producía con anterioridad, la regla general será la práctica de la liquidación y el desarrollo de las actuaciones recaudatorias de la deuda tributaria cuantificada.


Como no podía ser de otra forma, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, modifica diversas Normas (cfr. Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades, Ley 23/2005 de Reformas en Materia Tributaria para el Impulso a la Productividad, Ley 12/1995 de Represión del Contrabando etc.). De todas estas reformas interesa resaltar su Disposición final tercera en cuya virtud se introducen dos nuevas Disposiciones adicionales en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: (i) La Disposición adicional novena referente a la incidencia de las competencias de la Unión Europea en el proceso contencioso-administrativo tributario. (ii) La Disposición adicional décima que excluye el orden jurisdiccional contencioso-administrativo del conocimiento de las pretensiones que se deduzcan respecto a las actuaciones tributarias vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública dictados al amparo del nuevo Título VI de la Ley General Tributaria.



María Vizán Palomino
Abogado

miércoles, 9 de septiembre de 2015

La exigibilidad del ITP en concesiones administrativas





La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2015 (R.C.U.D. 3865/2013) considera que la obligación de previa formalización del contrato de concesión para su ejecución, contenida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, provoca que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) sea exigible a partir de la formalización de la concesión administrativa, sin perjuicio que el impuesto se haya devengado con la adjudicación del contrato.

En el caso enjuiciado, se discute en qué momento del contrato de concesión administrativa es exigible el ITP. Así, el Tribunal Supremo expone que:

“Habiendo quedado planteada la cuestión litigiosa como se acaba de exponer, el único tema decidendi del presente recurso jurisdiccional se refiere al momento en que se entiende devengado el impuesto. Esto es, si es el día de la adjudicación definitiva de la concesión administrativa o el día de la firma del contrato en que se formaliza aquella adjudicación.
Se ha de partir del artículo 53 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a cuyo tenor: "Los contratos se perfeccionan mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados", añadiendo el artículo siguiente en su párrafo primero que "1. Los contratos de la Administración se formalizarán en documento administrativo dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público (...)". Es decir, no cabe duda alguna de que para la Ley que regula de manera específica este tipo de contratos se distinguen claramente dos momentos: el de la perfección del contrato y el de su formalización. El contrato se perfecciona por su adjudicación definitiva independientemente de que, legalmente, su formalización se demore a un momento posterior. En efecto, según el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, el contrato se perfecciona por la adjudicación definitiva, sin que la formalización posterior en escritura pública tenga en modo alguno carácter constitutivo”.

El Tribunal Supremo añade que, como regla general, “(e)n el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el artículo 49.1.a) del Texto Refundido de la Ley, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1 993, de 24 de septiembre, (BOE de 20 de octubre), establece que "1. El impuesto se devengará: a) En las transmisiones patrimoniales, el día en que se realice el acto o contrato gravado””. No obstante, “el apartado 2 del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley establece una regla especial para las adquisiciones de bienes cuya efectividad esté suspendida por alguna limitación”. En este sentido, la Sala recuerda que el artículo 54.4 del TRLCAP establecía que los contratos públicos no podían ejecutarse sin la previa formalización, previsión que debe interpretarse como una condición suspensiva de la ejecutividad del contrato administrativo o una condición legal.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Supremo “se muestra conforme con el criterio de la recurrente de que dicha regla especial actúa simplemente como una regla que afecta a la exigibilidad de la deuda tributaria, pero no al devengo del tributo correspondiente, de suerte que habrá que aplicar lo dispuesto en el artículo 2.2 del TRJTP y AJD, es decir, "... no se liquidará el impuesto hasta que ésta (la condición Suspensiva) se cumpla..."”.

Asimismo, el mencionado órgano judicial incide en el hecho de que “los sujetos pasivos del Impuesto están obligados a presentar los documentos comprensivos de los hechos imponibles junto con la autoliquidación del Impuesto. Por tanto, no tiene sentido contar el plazo de ingreso desde el día de la adjudicación”. A lo que añade que: “El Pleno del Ayuntamiento puede adjudicar en una fecha (en mayo) pero no notificárselo a la empresa hasta días después (en nuestro caso en junio), por lo que no tiene sentido establecer la exigibilidad del Impuesto en una fecha que el sujeto pasivo no conoce. Como advierte la recurrente, entonces sería fácil que no se pudiese cumplir en plazo con la autoliquidación. Además, no tendría sentido que en las oficinas liquidadoras del Impuesto se exija un contrato que todavía no se ha firmado”.


Neus Teixidor Martínez