lunes, 1 de agosto de 2016

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad del régimen de tasas judiciales

El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 21 de julio de 2016, estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante, Ley 10/2012).

En primer lugar, la citada sentencia declara la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en relación con el sujeto pasivo y la aplicación de las tasas a las personas físicas, debido a las modificaciones normativas que han afectado a la citada Ley 10/2012. Sin embargo, se espera que estos aspectos sean analizados posteriormente por el citado tribunal al resolver diversas cuestiones de inconstitucionalidad en relación a los mismos.

Por ende, la sentencia analiza la constitucionalidad del régimen de las tasas judiciales exigidas a las personas jurídicas. En otras palabras, estudia si el citado régimen constituye una barrera económica que desproporcionalmente inhibe o disuade las personas jurídicas de ejercitar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución Española). Debemos recordar que el citado régimen se instauró con una doble finalidad: disuadir a los ciudadanos de realizar un uso abusivo de la potestad jurisdiccional y, al mismo tiempo, establecer un sistema de financiación mixta de la Justicia. El Tribunal Constitucional considera que ambas finalidades son plenamente legítimas, siempre que no provoquen la imposibilidad de acceder a la potestad jurisdiccional.

En consecuencia, la sentencia trata de determinar si el régimen de tasas judiciales respeta el Principio de Proporcionalidad. Primeramente, el Tribunal Constitucional considera que la implantación de tasas judiciales como instrumento disuasorio no es idónea y carece de justificación. Sin embargo, a juicio del Tribunal, es lícita la instauración de este régimen para financiar el sistema judicial, siendo esta una opción política válida.

Entrando a valorar la cuantía de las tasas judiciales establecidas, la sentencia concluye que constituyen un obstáculo injustificado para el correcto ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y al recurso, por lo que declara su inconstitucionalidad. De hecho, considera que la exigencia de la tasa judicial a todas las personas jurídicas sin tener en cuenta su capacidad económica no se encuentra suficientemente justificada (recordemos que el régimen anterior establecía una exención para las entidades de reducida dimensión, es decir, con una facturación inferior a diez millones de euros).

Así, debemos recordar que, en el régimen de la Ley 10/2012, la tasa judicial está constituida por una cuota fija según el tipo de procedimiento o recurso y una cuota variable en función de la cuantía del litigio.

El Tribunal Constitucional considera que la cuota fija de la tasa judicial se ha establecido sin la elaboración del preceptivo estudio económico y sin atender a la realidad económica de la mayoría de sus destinatarios, por lo que resulta excesiva para los mismos. En consecuencia, se declara la inconstitucionalidad de las siguientes cuantías fijas: en el orden civil, la cuantía de 800 euros del recurso de apelación y los 1.200 euros del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal; en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo la cuantía de 200 euros del procedimiento abreviado, los 350 euros del procedimiento ordinario, los 800 euros del recurso de apelación y los 1.200 euros del recurso de casación; en el orden social, 500 euros del recurso de suplicación y 750 euros del recurso de casación.

Respecto de la cuota variable, el Tribunal Constitucional determina que la mera solicitud de una tutela judicial efectiva no constituye una presunción de riqueza patrimonial y no puede considerarse un parámetro objetivamente adecuado. Asimismo, a su juicio, la cuantía del litigio no guarda relación con el coste del ejercicio de la función jurisdiccional. Por todo ello, se considera que la cuantía variable dificulta el acceso a la jurisdicción y al recurso para las personas jurídicas y debe reputarse inconstitucional.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad del régimen de tasas judiciales instaurado por la Ley 10/2012 no comporta la devolución de todas las tasas abonadas. Por tanto, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad afecta solo a las liquidaciones que se hayan impugnado y, por ende, no sean firmes en el momento de dictarse la sentencia. De hecho, el Tribunal Constitucional argumenta que el pago de la tasa judicial, aunque su cuantía fuera excesiva, ha permitido el acceso a la justicia, por lo que no se ha producido ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que deba ser resarcida con la devolución de esa tasa. 

Neus Teixidor Martínez
Abogada


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