viernes, 9 de febrero de 2018

El arbitraje debe ser voluntario: anulación del arbitraje obligatorio en materia de seguros





Junto al control jurisdiccional, los posibles conflictos jurídicos pueden resolverse a través del arbitraje, que es aquella institución por la que uno o más árbitros solucionan, conforme a Derecho o en equidad, las cuestiones litigiosas surgidas entre otras personas, previa sumisión a su decisión.

De acuerdo con BUSTILLO BOLADO, “el arbitraje es un equivalente jurisdiccional, un sistema heterocompositivo alternativo al proceso por el que las personas naturales o jurídicas pueden someter una controversia, previo convenio, a personas, órganos o entidades diferentes de las que integran el Poder Judicial, cuya decisión (laudo) está legalmente dotada de fuerza de cosa juzgada. El sometimiento de un conflicto a arbitraje supone excluir tal asunto del conocimiento de jueces y tribunales, que sólo extraordinariamente, por motivos tasados, podrán decidir sobre la validez o nulidad del laudo”.

En efecto, en principio, la resolución de las controversias jurídicas viene encomendada, con carácter exclusivo, a los Tribunales de Justicia en virtud del art. 117.3 CE, según el cual, “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales”. Como excepción a la exclusividad de la función jurisdiccional, se admite la validez del arbitraje como medio para la solución de conflictos. En este sentido, el arbitraje se considera “un equivalente jurisdiccional, mediante el cual, las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil” (SSTC 288/1993, de 4 de octubre; y 62/1991, de 22 de marzo). Fuera de estos casos, existen también en el ordenamiento jurídico otros medios de resolución de conflictos, como por ejemplo, los peritajes dirimentes de los artículos 1598 del Código Civil y 327 y 367 del Código de Comercio o el artículo 38 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS). Sin embargo, en estos supuestos las decisiones de los peritos no tienen en ningún caso efectos de cosa juzgada ni son títulos ejecutivos (como ocurre con los laudos arbitrales).
     
En suma, atendiendo a todo lo anterior así como al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido y consagrado en el artículo 24 CE se llega a la conclusión de que nuestro ordenamiento jurídico sólo permite dos vías para que las controversias se resuelvan definitivamente, en caso de persistir la discrepancia: la vía jurisdiccional, o, como única excepción a ésta, el arbitraje, cuya esencia y fundamento lo constituye la autonomía de la voluntad.  En efecto, el establecimiento de un arbitraje obligatorio plantea problemas de constitucionalidad, en cuanto pudiera implicar un conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24.1 CE . Dicho precepto no excluye la validez del arbitraje como medio para la solución de conflictos siempre que esté basado en la autonomía de la voluntad de la partes, como se ha declarado entre otras, en las Sentencias del Tribunal Constitucional de 11/1981, de 8 de abril, 174/1995, de 23 de noviembre, 43/1988, de 16 de marzo, y 1/2018, de 11 de enero.

Esta última sentencia aborda  “el derecho reconocido al asegurado por el artículo 76 e) LCS y la correlativa obligación del asegurador de someterse a dicho arbitraje”, la cual “debe cohonestarse con las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…). Solo en caso de no ser ello posible, la norma cuestionada no sería compatible con los preceptos constitucionales  que se invocan por el órgano judicial como vulnerados. La posible vulneración del art. 24 CE  no vendría dada tanto por el hecho de que el contrato de defensa jurídica haya de someterse  inicialmente a un procedimiento arbitral, sino, más precisamente, por impedir su posterior  acceso a la jurisdicción, ya que la impugnación del laudo arbitral es únicamente posible por  motivos formales (arts. 40 y ss de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje), con la  consiguiente falta de control judicial sobre la cuestión de fondo. En este sentido, no cabe  duda de que una mera revisión formal sólo puede ser compatible con las exigencias del art.  24 CE cuando la decisión arbitral es consecuencia de un verdadero y real convenio arbitral,  entendido éste como la manifestación expresa de la voluntad de ambas partes de someterse  a él y en consecuencia al laudo que se obtenga (…). No puede decirse, ciertamente, que la  sumisión a arbitraje de las eventuales diferencias entre asegurado y asegurador en los términos del artículo 76 e) LCS, imponga un obstáculo arbitrario o caprichoso para acceder a la tutela judicial efectiva. Responde tanto a la plausible finalidad de fomentar el arbitraje como medio idóneo para la solución de conflictos, descargando a los órganos judiciales del trabajo que sobre ellos pesa, así como, preferentemente, a la de otorgar una especial protección al asegurado en su condición de consumidor, en tanto que el objeto del seguro  es la prestación a favor de este, de los servicios de defensa jurídica frente a terceros. Sin  embargo, el servicio a un fin constitucionalmente lícito no justifica en este caso la  consecuencia jurídica cuestionada, la restricción al derecho fundamental que el arbitraje  obligatorio supone. Dicha restricción deriva de que el sometimiento de la cuestión a arbitraje  se impone por la sola voluntad de una de las partes del contrato, de modo que establece un impedimento para el acceso a la tutela judicial de la otra que es contrario al derecho de todas las personas ‘a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’ (en similares términos, STC 174/1995, FJ 3). Dos son los efectos que se derivan del precepto: el primero, la obligación de una de las partes, por  voluntad de la otra, de someter la cuestión a arbitraje y, por tanto, a estar y pasar por lo  decidido en el laudo, y el segundo, el efecto de impedir a los jueces y tribunales conocer del litigio sometido a arbitraje, pues el control judicial del laudo arbitral no comprende el fondo del asunto. Por tanto, la imposición de un arbitraje como el previsto en el art. 76 e) LCS vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24 CE, pues impide el acceso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de justicia que, ante la falta de la voluntad concurrente de los litigantes, son los únicos que tienen encomendada constitucionalmente la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE). El precepto ha eliminado para una de las partes del contrato la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, en cuanto fija una vía alternativa excluyente de la jurisdiccional, cuya puesta en marcha depende únicamente de la voluntad de una de las partes (…). Por ello, resulta contrario a la Constitución que la Ley de contrato de seguro suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje, denegándole la posibilidad en algún momento de solicitar la tutela jurisdiccional”.


Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

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