miércoles, 4 de julio de 2018

¿Tienen los presos derecho a ir a la cárcel de su domicilio?




Es noticia el acercamiento a prisiones cercanas a su domicilio de determinados políticos secesionistas presos, el ingreso en prisión de alguna figura muy conocida y también el posible acercamiento de presos de ETA. ¿Su acercamiento supone cumplir con un principio esencial como ha dicho alguno, o no es así?

Pues bien, lo cierto es que la relativa proximidad al domicilio y evitar el desarraigo sí es un principio informativo pero no tiene, ni con mucho, un carácter esencial.

Así, el art. 12 de la Ley General Penitenciaria dice que “la ubicación de los establecimientos será fijada por la Administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”.

El citado precepto no contiene un mandato dirigido a la Administración sino que reconoce a ésta la facultad de establecer centros penitenciarios y sienta un criterio orientativo, que no imperativo, cuando utiliza los términos "se procurará" evitar el desarraigo.

De este modo, la norma antes referenciada no atribuye derecho alguno al interno para exigir cumplir la condena en un centro próximo a su último domicilio o residencia habitual, únicamente fija criterios para establecer o distribuir territorialmente los centros penitenciarios de forma que tal distribución se haga atendiendo a las necesidades penitenciarias que, además, no se limitan a la evitación de desarraigo social de los penados sino que se extienden a las necesidades que abarcan aspectos que comprenden no solo la reinserción social de los penados como por ejemplo las disponibilidades materiales de los Centros, características de éstos y directrices de la política general penitenciaria en cada momento, parámetros que varían en función de las circunstancias.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 678/2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9ª), de 4 julio (JUR 2000\305595) dice lo siguiente en su fundamento de derecho IV:

 “El actor funda su solicitud en el contenido del articulo 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria; el recurrente considera que los presos tienen derecho a cumplir las penas privativas de libertad impuestas lo más cerca posible de su residencia habitual.
(...)
Este precepto tiene un carácter orientativo para la Administración Penitenciaria, cuyo despliegue debe favorecer que en cada área territorial exista un número suficiente de centros para satisfacer sus necesidades penitenciarias y evitar así el desarraigo social de los penados. Ahora bien, esto no puede interpretarse, como propone la parte actora, en el sentido de que el legislador ha configurado normativamente un derecho del interno, subjetivo y justiciable, a cumplir la condena en centros penitenciarios próximos a su domicilio o residencia habitual; la LOGP se ha limitado a fijar criterios para establecer y distribuir a los penados de manera que las necesidades penitenciarias estén atendidas adecuadamente; entre dichos criterios debe intentarse evitar el desarraigo social de los penados, pero también debe atenderse a las distintas clases de centros penitenciarios, a los distintos grados de clasificación de la población interna, los regímenes de vida penitenciarias, así como las propias disponibilidades de las infraestructuras penitenciarias”.

No puede olvidarse además que es un principio fundamental de la LOGP y su legislación de desarrollo, el del tratamiento individualizado del cumplimiento de la condena impuesta tal como se recoge en el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria; ello exige e impone a la Administración Penitenciaria, a la hora de determinar el Centro Penitenciario más adecuado a cada interno, examinar en cada caso concreto cuáles son sus circunstancias personales, procesales y penitenciarias concretas y no se puede, como así pretende el interno, atender únicamente al criterio del desarraigo social para justificar que todas las condenas se cumplan en centros cercanos a su entorno familiar. Este criterio es uno más a tener en cuenta entre los otros muchos que debe conjugar en cada caso la Administración Penitenciaria pues como antes se ha expuesto no se recoge en el mencionado artículo 12.1 de la Ley ningún mandato dirigido a la Administración para que la condena se cumpla cerca del entorno familiar; se trata más bien de un criterio orientador que configura la decisión administrativa en el ámbito del ejercicio de una potestad discrecional que no puede sin más calificarse como de arbitraria sino que habrá que analizar cada caso concreto para concluir que su ejercicio se ajusta a Derecho al respetar los principios generales que deben informar toda actuación administrativa.

Por tanto, puede concluirse que no se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico un derecho subjetivo en favor de los internos para el cumplimiento de sus condenas en centros penitenciarios cercanos a la localidad de su entorno familiar y afectivo; corresponde a la Administración Penitenciaria decidir en cada caso atendiendo a las circunstancias concretas de la organización penitenciaria y personales del interno, pues no puede olvidarse que el cumplimiento de la condena o la prisión preventiva imponen un tratamiento individualizado.

En la misma línea la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrid núm. 636/2001 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª), de 6 junio (JUR 2001\324731) insiste que:

“No existe entre los derechos reconocidos a los internos por la legislación penitenciaria el de ser destinado a un Centro Penitenciario próximo al del lugar de residencia habitual (art. 3 LOG.P), ni mandato alguno en tal sentido para la Administración -el art. 12 LOGP-, dentro del Título Primero "De los establecimientos y medios materiales", (...)”.
En consecuencia, no habiéndose demostrado por el recurrente que el traslado a ese centro en concreto no resulta conveniente para su reeducación y reinserción social (sin que sean suficientes las alegaciones relativas al arraigo que invoca, como ya se ha expuesto) y siendo la Administración Penitenciaria quien, de acuerdo con los mandatos de la LOGP, decide cómo llevar a cabo una u otra medida, debe concluirse que la resolución recurrida resulta ajustada a derecho y no supone vulneración de mandato constitucional alguno”.

El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) en Sentencia de 14 de octubre de 2011 (RJ 2012\3468) niega que el traslado de centro penitenciario por razones organizativas pueda tener una transcendencia en cuanto a los derechos fundamentales, y por lo mismo debe rechazarse que la negativa al traslado tenga tal trascendencia:

“Con arreglo a la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional, la decisión penitenciaria relativa al lugar de cumplimiento de la condena que se adopte en cada caso concreto habrá de responder a las circunstancias personales del interno. El fin de reinserción social y de reeducación a que debe orientarse el cumplimiento de la pena previsto en el artículo 25.2 de la Constitución, no confiere como tal un derecho amparable, un derecho fundamental, sino un mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos subjetivos (SSTC 2/87, de 21 de enero); 28/88, de 23 de febrero, de ahí que la reeducación y la resocialización han de orientar el modo de cumplimiento de las penas que supongan privación de libertad en la medida en que se presten a la consecución de aquellos objetivos.
Con estas premisas puede afirmarse que el cumplimiento de la condena en centros penitenciarios que no se ajustan a los deseos y expectativas de los internos son limitaciones que, practicadas con sujeción a lo dispuesto en la legislación penitenciaria vigente, no vulnera ni el artículo 15, ni el 17 de la Constitución, ni tampoco el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aplicable por disposición del artículo 10.2 CE. Como esta Sala ha tenido ocasión de declarar con anterioridad, la Administración ha de disponer de un margen razonable de actuación en la aplicación de la legislación penitenciaria, obviamente, dentro del respeto a sus normas y principios y a los derechos que contempla, los cuales, por las razones expuestas no se han visto vulnerados”.

En esta misma línea se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2016 (Rec. 1022/2014).

Una última cuestión a apuntar: ¿y quién lo decide? Se ha entendido (aunque se pueda discrepar) que no es el juez de lo Penal ni de Vigilancia Penitenciaria sino la Administración Penitenciaria y contra su decisión (que conceda o deniegue el traslado) cabe presentar recurso contencioso-administrativo (esto es, ante tribunales de justicia, pero no los penales). Así que determinado Juez que contestaba que no le competía a él y sí al Ministerio del Interior tenía razón.

Dicho todo esto para ilustrar cómo se suele entender el asunto para el común de los internos, porque mucha gente opina sin saber. Otra cosa será cómo debería ser, cuestión que merecería otro artículo.Y por cierto la foto es de Alcatraz, así no son las prisiones españolas actuales, pero quizá tiene más fuerza.

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