miércoles, 24 de agosto de 2011

La reforma de la Constitución





Se plantea por el Gobierno, con el acuerdo del PP, una reforma de la Constitución que imponga un techo de endeudamiento de las Administraciones Públicas, a fin de evitar un déficit excesivo de las mismas. Se trataría, al parecer, de una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, que vincularía a todas las Administraciones. Y digo al parecer pues todavía no se conoce el texto concreto de la proposición de reforma constitucional.

En mi opinión, en una primera reflexión, tal reforma es positiva, máxime si se aplica a todas las Administraciones, es decir, no solo la estatal sino también las autonómicas y locales, pues el problema que se pretende atajar es, en general, más grave cuanto más se desciende en el ámbito territorial. Con todo, sin se apuran sus límites, la reforma podría llevarnos a un callejón sin salida de falta de recursos y financiación, por lo que deberán establecerse y hacerse efectivos mecanismos que permitan el control de la deuda de las distintas Administraciones.

Según el artículo 167 de la Constitución:



1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Por tanto, el referéndum no es necesario (otra cosa es que se considere conveniente, y quizá lo sea y se pudiera hacer coincidir la votación con las elecciones generales), salvo que un diez por ciento de los diputados o de los senadores lo soliciten.

Creo que, de paso, podríamos aprovechar para reformar la Constitución en lo que atañe a la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, conforme al artículo 57 de la Constitución. Preferencia que hoy en día parece absolutamente censurable.

Lamentablemente, tal reforma, por la materia sobre la que trata (el título de la Corona), queda sujeta al procedimiento agravado del artículo 168 de la Constitución:




1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida
a referéndum para su ratificación.




Así pues, se podrían aprobar ambas reformas por las Cortes en septiembre. Someter o no a referéndum la primera al tiempo de las elecciones generales, ratificar las nuevas cámaras la reforma relativa a la sucesión en la Corona y celebrar, en este caso de forma obligatoria, una referéndum posterior para ratificar esta segunda reforma.

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado