viernes, 18 de octubre de 2019

Prisión preventiva e indemnización

 
Como norma especial y supuesto específico de error judicial, la LOPJ dispuso que "tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se les hayan irrogado perjuicios" (art. 292 LOPJ).
Debe destacarse que, aunque, en un principio, la norma sólo se refería al caso de inexistencia del hecho imputado y no a la inocencia del sujeto cuando el hecho existe, el Tribunal Supremo ha venido a señalar que la inexistencia del hecho imputado puede ser puramente material, jurídica, cuando el hecho existe pero no constituye delito (STS 2ª 29-5-1987, RJ 3149; y 7-5-1992, RJ 3753), o subjetiva, cuando el delito existe pero nada tiene que ver con el sujeto, aunque con un criterio prudente­mente estricto, exigiendo que el inculpado pruebe la falta de participación en el delito, sin que baste la absolu­ción por insuficiencia o falta de pruebas de cargo (STC 98/1992, de 22 de junio, y STS 3ª 27-1-1989, RJ 500, 30-6-1989, RJ 4926, 30-4-1990, RJ 3626, 19-6-1990, RJ 5211; y 21-1-1999, RJ 937).

Ahora bien, la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/2019, de 19 de junio, declara la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos “por inexistencia del hecho imputado “y “por esta misma causa” del artículo 294.1, con los efectos indicados en el Fundamento jurídico 13, de suerte que "tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos… o… haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se les hayan irrogado perjuicios"
La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2019 (RC 339/2019) aplica ya esta declaración y concluye que salvo los supuestos de que no se hayan irrogado perjuicios, lo que es prácticamente imposible de sostener en el caso de haber padecido prisión injusta, en todos los demás supuestos el tiempo de privación de libertad debe ser indemnizado, esto es, aunque el Tribunal Constitucional defiera a los Tribunales ordinarios la fijación en cada caso de la procedencia de la indemnización, debemos concluir que partiendo de nuestra sujeción a la norma y tomando en cuenta la nueva redacción de la misma, en la que desaparece la mención señalada, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización.
Por lo que respecta a la fijación del quantum, indica la Sentencia que son circunstancias a tener en cuenta: el grave perjuicio moral que supone el desprestigio social, la ruptura con el entorno, angustia, ansiedad, inseguridad, inquietud, etc. También se señala que la indemnización ha de ser progresiva, en función del tiempo de duración de la privación de libertad. Se han señalado asimismo como circunstancias relevantes: la edad, salud, conducta cívica, hechos imputados, antecedentes penales o carcelarios, rehabilitación de la honorabilidad perdida, mayor o menor probabilidad de alcanzar el olvido social del hecho, así como la huella que hubiera podido dejar la prisión en la personalidad o conducta del que la hubiese padecido.
Ahora bien, a la hora de abordar el caso concreto,  el TS recuerda que es obligación de la parte demandante acreditar los daños y perjuicios causados, y en el caso enjuiciado se fijan en 3000 euros.

miércoles, 24 de julio de 2019

La solicitud de aclaración y el cómputo de plazos

 
El art. 267.9 LOPJ dice, claramente, que “Los plazos para los recursos que procedan  contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto o decreto que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla”.  En la misma línea, el art. 215.5 LEC dispone que “No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que se completen o se deniegue completar las resoluciones a que se refieren los anteriores apartados de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia, auto o decreto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del Tribunal o Secretario judicial. Los plazos para estos recursos, si fueren procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuando el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara remediarla”. Ambas normas fueron redactadas por la Ley 13/2009.
Las normas citadas explícitamente se aplican tanto a los supuestos en que se adopte la aclaración como a aquellos en que se niegue.
Sin embargo, como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 23 de mayo de 2019 (RC 1753/2016) “en la  STC 186/2014, de 17 de noviembre  razona el Tribunal Constitucional que la prolongación artificial de un plazo para recurrir mediante una improcedente petición de aclaración de sentencia,  art. 267   LOPJ  no interrumpe el plazo para promover un recurso, allí el de amparo lo que resulta extrapolable al de casación. No obstante una conclusión distinta alcanzó la  STC 90/2010, de 15 de noviembre  si bien allí se trataba de sentencia que si fue aclarada”.
¿Significa ello que, en contra de la norma, solo la solicitud de aclaración que es estimada interrumpe el plazo de recurso? No, la citada Sentencia del TC atendió a un supuesto excepcional, en cierto modo de abuso de la solicitud de aclaración, para la “prolongación artificial” de un plazo.
Fuera de tal supuesto excepcional, como dice la meritada Sentencia del Tribunal Supremo “Lo relevante sin embargo es la aplicación del  art. 215.5   LEC   tras la reforma operada por la  Ley 13/2009, de 3 de noviembre. A tal conclusión habían llegado los  AATS de 9 de enero de 2014  (JUR 2014, 53456) , casación 2208/2013 , 6 de febrero de 2014, casación 510/2014 y  29 de abril de 2019  (JUR 2019, 152415) , casación 3957/2018 , y las  SSTS de 4 de abril de 2016  (RJ 2016, 4137)  y  27 de junio de 2016  (RJ 2016, 4336) , procedimientos de error judicial 7/2015 y 33/2015 respecto aplicabilidad  art. 215.5  LEC .  Y en lo que aquí atañe el  Acuerdo de 22 de julio de 2016  (RJ 2016, 6700)  de la Sección Primera de la Sala Tercera de este Tribunal, publicado en la página web del Consejo General del Poder Judicial y al que hace mención el  ATS de 18 de octubre de 2017  (JUR 2017, 264239) , recurso de queja 377/2017 , dice: "4º Cuando al amparo de lo dispuesto en el  artículo 267   de la  Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio  (RCL 1985, 1578, 2635) , del Poder Judicial (BOE de 2 de julio), se solicite la aclaración o integración de una sentencia o de un auto, la fecha a tomar en consideración para determinar el sometimiento de la resolución al régimen casacional será la de la resolución aclarada o integrada, sin perjuicio de que el plazo para preparar el recurso de casación se compute desde la fecha de notificación del auto de aclaración o integración". Significa, pues, que debe desestimarse la causa de inadmisión esgrimida por el Abogado del Estado”.

miércoles, 19 de junio de 2019

Error en la carga de LexNet: vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva

La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2019, de 6 de mayo de 2019, aprecia la vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión ante resoluciones que rechazan la tramitación de escritos procesales por un error padecido al cargar los datos del formulario normalizado que debe cumplimentarse en la plataforma Lexnet.
 
El máximo intérprete de la Constitución estima la demanda de amparo sobre la base de los siguientes razonamientos:
 
      a) La demanda ha reconocido que al rellenar el representante procesal de la recurrente el formulario normalizado para la transmisión electrónica por Lexnet, cometió un error al seleccionar el código del procedimiento, si bien brinda una explicación en su descargo al no venir indicadas de modo completo cada una de las dos modalidades de casación (la del régimen común; y la casación para la unificación de doctrina), lo que le hubiera permitido saber que solo podía elegir una de ellas, cuando parecía en cambio que debía pulsar las dos para formar toda la frase ("casación" y "unificación de doctrina"). No es irrelevante desde luego la circunstancia de que el sistema no sea del todo claro y pueda inducir a esa confusión, máxime cuando, según se ha dicho ya, la normativa sobre dicho formulario no dice nada en este punto que pueda ilustrar con carácter previo.
Tampoco es irrelevante, según se ha explicado, que en casos de simple error en los datos del formulario este no genere ningún aviso que dé margen a la persona para subsanarlo, pues una vez cargados todos los datos obligatorios y solicitados el envío, la transmisión tiene lugar con éxito. Se entiende que técnicamente ese control de contenido no sea posible, ahora bien, no puede desconocerse tampoco que en tal situación y así ha ocurrido con el envío de la recurrente, su representante recibió un acuse de recibo válido, que no le obligaba en ese momento a tener que realizar ninguna gestión de subsanación, ni le permitía percatarse de que debía hacerla ante el órgano judicial de destino. De hecho, tal como se ha dejado constancia en el antecedente 2.g) de esta sentencia, el acuse de Lexnet descargado no distingue entre tales códigos, sino que se limita a señalar como número de procedimiento registrado el "0000623/2016" y que se refiere a un "Escrito de impugnación de recurso de casación U.D.", que es lo enviado efectivamente por la parte.
             
La modernización de la administración de justicia mediante la generalización en el uso de las nuevas tecnologías y, en lo que aquí nos atañe, a través de las comunicaciones electrónicas procesales, no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento para facilitar el trabajo tanto del órgano judicial, como de los justiciables que actúan en los procesos a través de los profesionales designados o directamente por ellos cuando esto último es posible. No pueden en ningún caso erigirse tales medios tecnológicos, en impedimento o valladar para la obtención de la tutela judicial a la que "todas las personas" (art. 24.1 CE) tienen derecho.
          
b) En todo caso e incluso sin considerar nada más, aunque para el sistema quedase registrado como un procedimiento de casación común, el resto del procedimiento transcrito en el formulario era correcto y el órgano judicial de destino era el mismo: la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su secretaría es la responsable de los expedientes electrónicos a su cargo, donde por tanto reposa la información necesaria para determinar si el escrito correspondía realmente al recurso de casación común 1-623-2016, o al de unificación de doctrina 8-623-2016. No es verosímil pensar que esa búsqueda no fuera sencilla de realizar, y menos todavía que existieran los dos recursos, con las mismas partes, y respecto de la misma sentencia de suplicación impugnada. Solo podía ser uno de ellos.
          

c) Pero es que además y sobre todo, ya hemos afirmado que el formulario normalizado cumple un papel accesorio, de facilitación de la comunicación electrónica pero no deviene condicionante de la validez del escrito procesal remitido ("el escrito principal" cargado con este). Es el escrito de impugnación del recurso de casación redactado y cargado en Lexnet, el que debía ser examinado por la secretaría de la sala, en orden a dilucidar si permitía tenerlo por recibido y unirlo a las actuaciones de uno de sus procedimientos. Lo mismo cabría decir de cualquier otro órgano judicial, respecto de la utilización por el usuario de cualquiera de las plataformas de comunicación electrónica habilitadas para su comunicación con este.
            
Así las cosas, quedó asentado en el antecedente 3 de esta sentencia que en dicho escrito consta perfectamente que el procedimiento de referencia es el 8/623/2016 y no otro, y que este es el de "casación para la unificación de doctrina" relativo a resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el rollo de suplicación núm. 4048-2015. Datos que no solo eran suficientes sino correctos, por lo que permitían la total identificación del procedimiento al que iba dirigido. No era preciso indagar en el cuerpo del escrito si se aportaban datos que pudieran ilustrar acerca del verdadero procedimiento, tal como exige nuestra doctrina cuando en el encabezamiento se incurre en error al identificar este último, ni conceder un trámite de subsanación para tal fin. Es que no hubo error en el escrito.
              
d) Las resoluciones impugnadas dictadas por el letrado de la administración de justicia de la sala competente, sostuvieron que no es válida la presentación del escrito, acordando incluso su devolución al conferir un carácter esencial e insubsanable al dato erróneo consignado en el formulario normalizado, en detrimento del análisis que resultaba exigible del propio contenido del escrito procesal. Semejante decisión carece de anclaje normativo y desconoce la doctrina de este Tribunal en la materia, de la que ya se ha dado cuenta en el anterior fundamento jurídico 3, lo que trajo consigo la vulneración del derecho de la demandante de amparo a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE).                
En ese sentido, el escrito de impugnación era el único trámite del que disponía dicha parte procesal para atacar la pretensión de la entidad promotora del recurso de casación unificadora, y dar argumentos jurídicos a favor de que se confirmara la sentencia recurrida que le era favorable, lo que efectivamente así se hace en dicho escrito, sin que corresponda a este Tribunal inferir nada más fuera de esta simple comprobación externa. En lo que sí importa considerar, despojada la parte recurrida de esta oportunidad procesal, única e irreemplazable por otro trámite posterior, quedó impedida de defenderse y obtener la debida tutela jurisdiccional en dicho recurso de casación, esto es, la posibilidad de que sus motivos de impugnación fuesen estudiados y tenidos en cuenta por la Sala al momento de dictar la sentencia que corresponda.
               

martes, 28 de mayo de 2019

Indefensión por notificación judicial electrónica a una empresa demandada


Sabemos que Procuradores y Abogados deben estar pendientes de las notificaciones electrónicas, siendo suficiente la comunicación por vía LexNet o equivalente autonómico.

Por otro lado, en el procedimiento administrativo, el art. 41 LPAC señala que “Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía”. La notificación electrónica no es, pues, obligatoria en términos generales, sino que debe ser impuesta o aceptada. A estos efectos, “Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”.De este modo, con la LPAC basta una norma reglamentaria para la imposición de la obligatoriedad de la notificación electrónica, como ya había establecido la Ley 11/2007. Con todo en ocasiones -se había adoptado mediante disposición legal, por ejemplo, la Disposición Adicional 19ª de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, o la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.
 
Pero no existe una obligación generalizada para los interesados o justiciables de recibir comunicaciones electrónicas.


Ahora el Tribunal Constitucional, en Sentencia 47/2019, de 8 de abril (Rec. 5693/2017) anula, por indefensión, las actuaciones seguidas por el Juzgado de lo Social que notificó la demanda a la empresa mediante comunicación a su dirección electrónica habilitada. Dice así:

Una vez reflejado el marco normativo y la doctrina constitucional, a continuación procederemos a dilucidar si, en efecto, las actuaciones impugnadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante (art. 24.1 CE). No obstante, previamente procede efectuar unas consideraciones preliminares sobre la metodología que vamos a seguir. Primeramente, advertimos de la oportunidad de realizar un examen previo de la argumentación dada en el auto que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, con sujeción al canon que hemos establecido para resolver sobre el carácter fundado en Derecho de las resoluciones judiciales. A diferencia de otros supuestos enjuiciados por este tribunal, en los que principalmente se resolvía sobre la adecuación constitucional de la comunicación edictal, modalidad esta de carácter residual y de eficacia harto limitada, en el presente caso nuestro pronunciamiento atañe a un acto de comunicación efectuado en la dirección electrónica habilitada de la interesada, es decir, que ha sido realizado por un medio electrónico, telemático o semejante; lo cual, tras las últimas reformas legislativas, constituye la vía de comunicación bidireccional ordinaria entre la administración de justicia y las personas y entidades obligadas a servirse de esos medios tecnológicos. Por tanto, se impone realizar un análisis de la fundamentación expuesta en el auto de fecha 5 de octubre de 2017, a fin de verificar si los razonamientos dados para justificar la forma de comunicación procesal llevada a cabo se ajustan al parámetro de razonabilidad fijado por este Tribunal en relación con el derecho reconocido en el art. 24.1 CE, teniendo en cuenta que se trata de la primera citación o emplazamiento del demandado aún no personado. Seguidamente, resolveremos sobre si la actividad procesal desarrollada se acomoda a las exigencias derivadas del deber de asegurar que el acto de comunicación sirva a su principal propósito; esto es, garantizar que la parte pueda acceder al proceso. Y en un fundamento jurídico posterior examinaremos los alegatos opuestos por la codemandada para refutar la vulneración del aludido derecho fundamental, al considerar que la indefensión alegada en la demanda es imputable a la propia demandante.

a) Expuesta la metodología a seguir, resulta oportuno evocar resumidamente los razonamientos dados para desestimar el incidente de nulidad: i) En el fundamento jurídico segundo se enuncian las modalidades que la Ley reguladora de la jurisdicción social (arts. 53.1 y 55) prevé para llevar a cabo las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos, comenzando por su realización en el propio local de la oficina judicial, si allí comparecieran por su propia iniciativa los interesados; alternativamente, su práctica mediante correo certificado con acuse de recibo, en el domicilio señalado en la demanda o a través de medios electrónicos, telemáticos o de otra clase semejante; y con carácter residual, ante el fracaso de las anteriores opciones y cuando se desconozca el domicilio del afectado, señala la posibilidad de acudir a la comunicación edictal. ii) En relación con la modalidad de comunicación a través de medios telemáticos, la juzgadora afirma que su régimen jurídico aparece regulado en los arts. 53.2 LJS, 162 LEC; 230 y 271 LOPJ; 3 de la Ley 59/2003; y en el Real Decreto 1065/2015. Sostiene, a continuación, que ese tipo de comunicación se debe practicar cuando los sujetos intervinientes estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la administración de justicia o, en su caso, opten por esos medios sin estar obligados. iii) Conforme a lo dispuesto en el art. 273.3 a) LEC, las personas jurídicas están obligadas a intervenir a través de medios electrónicos con la administración de justicia; y el art. 22 del Real Decreto 1065/2015 establece que, a través de la sede judicial electrónica, podrán realizarse los actos de comunicación de los órganos y oficinas judiciales mediante la dirección electrónica habilitada. iv) Descendiendo al caso, afirma que Meka Block, S.A.U., fue notificada en su dirección electrónica sin que conste que esta última hubiera revocado esa dirección. Luego explica que, según acredita el sistema, la citación se efectuó correctamente y consta recibida en destino; y que si bien no fue retirada por la mercantil, transcurridos tres días hábiles desde su correcta remisión, se ha de entender que el acto de comunicación se efectuó con plenitud de efectos procesales. v) Por todo ello, considera que las citaciones para los actos de conciliación y vista se han practicado conforme a la normativa vigente y han sido efectivas, sin que quepa apreciar ningún defecto procesal que determine la nulidad interesada por la parte.

A la vista de lo expuesto, la primera consideración que cabe formular atañe al error que supone atribuir a lo dispuesto en los arts. 53.1 y 55 LJS la facultad de efectuar los actos de comunicación a través de medios electrónicos, telemáticos o de otra clase semejante, como modo alternativo a la utilización del correo certificado con acuse de recibo en el domicilio señalado. Ninguno de esos artículos contiene una previsión de ese tipo; por el contrario, es el art. 56 LJS el que, como anteriormente ha quedado reflejado, se remite a lo dispuesto en el art. 162 LEC sobre la utilización de esos medios tecnológicos. Por otro lado, la resolución que desestima el incidente de nulidad de actuaciones no ha ponderado la aplicación al caso de lo previsto en el art. 53.1 LJS (que se remite al capítulo V del título V de la Ley de enjuiciamiento civil en cuanto a la forma de realizar los actos de comunicación), en relación con lo dispuesto en el art. 155.1 y 2 LEC; y ello, a pesar de que este último precepto regula específicamente la realización de los actos de comunicación que constituyen el primer emplazamiento o citación del demandado. Asimismo, tampoco valoró la juzgadora el significado y alcance de la previsión establecida en el art. 273.4 LEC, que impone la obligación de presentar copias en papel de los escritos y documentos que den lugar al primer emplazamiento o citación del demandado, incluso a quienes los hubieran remitido por vía electrónica o telemática, ni su relación con el mencionado art. 155 LEC.

Las circunstancias reflejadas nos llevan a concluir, pues, que al realizar la selección normativa para resolver el incidente de nulidad de actuaciones, la juzgadora erró al atribuir un determinado contenido a los arts. 53.1 y 55 LJS. Por otro lado, omitió la toma en consideración de preceptos estrechamente vinculados con los actos de comunicación que constituyen el primer emplazamiento o citación del demandado, pese a que el objeto principal del referido incidente versaba, precisamente, sobre el modo en que fue realizada la citación de la parte demandada para los actos de conciliación y juicio.

Sin perder de vista que, conforme a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución, a este Tribunal solo le compete efectuar un control meramente externo a la hora de enjuiciar si una resolución judicial está fundada en Derecho, en relación con el supuesto que ahora nos ocupa debemos afirmar que el hecho de no tomar en consideración los preceptos citados (arts. 155.1 y 2 y 273.4 LEC) empece de por sí la razonabilidad del auto impugnado en este recurso, habida cuenta de la relevancia que presentan esas normas respecto del presente caso. Por otro lado, debemos añadir que este tribunal ya sostuvo, en el fundamento jurídico 4 de la ya citada STC 6/2019 (http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25838), que a modo de excepción y conforme a lo previsto en los arts. 155.1 LEC y 53.1 LJS, no procede efectuar por medios electrónicos la citación o emplazamiento del demandado aún no personado en el procedimiento, pues esos actos deben realizarse por remisión a su domicilio. El criterio sintetizado en la sentencia objeto de cita --que es diametralmente opuesto al que sustenta la juzgadora a quo-- se extrae sin dificultad de la intelección conjunta de los arts. 53.1 y 56.1 LJS y 155.1 y 2 LEC. Y corrobora lo expuesto, la obligación que impone el segundo párrafo del art. 273.4 LEC, consistente en tener que presentar en soporte de papel las copias de los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado. La finalidad que racionalmente se infiere de ese mandato no es otra que la de trasladar al referido demandado las copias presentadas en papel.

Hemos de añadir que ninguno de los preceptos que la juzgadora invoca al resolver el incidente de nulidad tiene la virtualidad, individualmente valorados o conjuntamente considerados, de contrarrestar la aplicación del específico régimen jurídico estatuido para la primera citación o emplazamiento del demandado, pues ninguna de esas normas exceptúa de la regulación que establece el art. 155 LEC a quienes, conforme al art. 273.3 LEC, están obligados a relacionarse con la administración de justicia por vía electrónica o telemática. El hecho de que, por imperativo legal, los mencionados en este último precepto tengan que actuar en el proceso sirviéndose de esas vías tecnológicas y que, de acuerdo a lo previsto en el art. 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de comunicación también se deban de practicar por medios electrónicos, no autoriza a entender, con fundamento en ese deber de relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos o telemáticos, que esas personas y entidades queden constreñidos, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a través de esos medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal especialmente prevista, sin distinción de supuestos o sujetos, para las primeras citaciones o emplazamientos del demandado en el art. 155. 1 y 2 LEC.

Conforme al criterio expresado debemos concluir que, al versar el presente supuesto sobre la primera citación de la parte demandada aún no personada, a fin de poner en su conocimiento el contenido de la demanda y la fecha de señalamiento de los actos de conciliación y juicio, dicha citación debió materializarse por correo certificado con acuse de recibo al domicilio designado por la actora, con independencia de que, una vez ya personada, esta última quedara obligada al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la administración de justicia.
 
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

jueves, 23 de mayo de 2019

Anulación de reglamentos y actos firmes: el caso especial de las sanciones


 


 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2019 (Recurso de Casación núm. 1187/2017) aborda la cuestión y resume la Jurisprudencia del siguiente modo:

“Atendiendo a una jurisprudencia muy elaborada sobre la anulación de disposiciones de carácter general y su consecuencia respecto de actos firmes dictados a su amparo, como hemos indicado en otras ocasiones, en lo que ahora interesa, se puede llegar a las siguientes conclusiones que nos han de servir de base para situar correctamente la polémica del presente recurso de casación:

1ª La nulidad de las disposiciones de carácter general es siempre radical o de pleno derecho.

2ª La nulidad de pleno derecho de las disposiciones de carácter general tiene eficacia ex tunc, lo cual no conlleva la pérdida de efectos de los actos firmes dictados en su aplicación. Principio de seguridad jurídica, por lo que la declaración de nulidad radical de una disposición de carácter general no conlleva automáticamente la nulidad o inexistencia de los actos dictados a su amparo.

3ª No cabe, pues, fundar la nulidad de pleno derecho del acto considerando que la nulidad del mismo deriva de la nulidad de pleno derecho de las normas reglamentarias que le sirvieron de base.

4ª El interesado tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias derivadas de tal actuación administrativa que no resulta revisable ni afectada por aquella apreciación de ilegalidad de la norma que le sirve de amparo.

5ª La declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos dictados en aplicación de una disposición general nula de pleno derecho exige inexcusablemente la vía de la revisión de oficio de dichos actos”.

La citada sentencia invoca especialmente la reciente  sentencia del mismo Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018  (RC. 122/2016), en la que se lee:

"1. El procedimiento de revisión de actos nulos de pleno Derecho constituye un cauce extraordinario para, en determinados y tasados supuestos (los expresados en el apartado 1 del  artículo 217   LGT  , expulsar del ordenamiento jurídico aquellas decisiones que, no obstante su firmeza, incurren en las más groseras infracciones del ordenamiento jurídico. Sacrifica la seguridad jurídica en beneficio de la legalidad cuando ésta es vulnerada de manera radical. Por ello, dada la "gravedad" de la solución, se requiere dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva comunidad autónoma, si lo hubiere (artículo 217.4   LGT  segundo párrafo).

2. Se trata, por tanto, de un procedimiento excepcional, que únicamente puede seguirse por alguno de los tasados supuestos contemplados en el  artículo 217.1   LGT   (sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2013  (RJ 2013, 4468) , casación 6165/2011, FJ 3º). Debe ser abordado con talante restrictivo (vid. la  sentencia citada de 18 de diciembre de 2007, FJ 6º)".

Añade a esto la sentencia que “El  art. 73   de la  LJCA  establece que "las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente". Se infiere de su contenido, al emplear la expresión "por sí mismas" que caben otras vías para impugnar aquellos actos firmes nulos de plenos derecho dictados al amparo de reglamentos declarados nulos, como sin duda, es el procedimiento de revisión dispuesto al efecto; además, se someten los actos de carácter sancionador al mismo régimen previsto para el resto de actos firmes cuando la sanción esté plenamente ejecutada, sólo cuando no lo está se establece legalmente la excepción, en tanto se considera que frente al principio de seguridad jurídica, regla general, debe primar el de legalidad sancionadora que conlleva la eficacia ex tunc y retroactiva, pero sólo en los supuestos de exclusión o reducción de las sanciones impuestas no ejecutadas completamente”.

jueves, 11 de abril de 2019

La cuestión prejudicial europea y el recurso de amparo


 
El artículo 267  del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dispone que  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a).- Sobre la interpretación de los Tratados; b).- Sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal (…)”.

No procede sin embargo el planteamiento de la cuestión en los supuestos de "acto claro" o “acto aclarado”, cuando el problema interpretativo está perfectamente claro, de acuerdo con la máxima "in claris non fit interpretatio" (aunque, en rigor, la interpretación, esto es, alcanzar el sentido de una norma, se produce también aun en el supuesto de que la norma sea clara y no deje lugar a dudas, pues el convencimiento de ello exige una labor interpretativa, siquiera sea somera). La doctrina del acto claro, procedente del Derecho francés, es consagrada singularmente por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1982 (Asunto CILFIT, nº 283/81), admitiendo que no se plantee la cuestión prejudicial cuando el esclarecimiento de la cuestión no sea determinante del fallo del litigio, cuando el tribunal comunitario haya decidido el problema que se plantee en otro procedimiento o cuando no exista una duda razonable sobre la interpretación de la norma comunitaria aplicable al litigio, resultando evidente su correcta aplicación .

Aplica por ejemplo esta doctrina la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2019 (Rec. 562/2017), que recuerda que, por excepción, puede dejar de plantearse la cuestión, incluso cuando no quepa ulterior recurso en Derecho interno, cuando la disposición del Derecho de la Unión de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o cuando la correcta aplicación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna. Para ello, el TJUE declara también que la concurrencia de tales excepciones debe apreciarse en función de las características propias del Derecho de la Unión, de las dificultades particulares que presenta su interpretación y del riesgo de divergencias de jurisprudencia dentro de la Unión (SSTJUE, entre otras, de 6 de octubre de 1982, Srl CILFIT y otros y Lanificio di Gavardo SpA contra Ministero della sanità, C-283/81, apartado 21; y de 9 de septiembre de 2015, Inspecteur van Rijksbelastingdienst y Staatssecretaris van Financiën, C-72/14 y C-197/14, apartados 55, 58 y 59).  En estos dos últimos apartados de la segunda de las sentencias citadas se dice también que la jurisprudencia derivada de la sentencia CILFIT y otros atribuye exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional la misión de apreciar si la correcta aplicación del Derecho de la Unión es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y, consecuentemente, la de decidir no plantear al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión que se ha suscitado ante él (STJUE Intermodal Transports, C 495/03, apartado 37 y jurisprudencia citada). Y que, en consecuencia, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno apreciar, bajo su responsabilidad y de manera independiente, si se hallan en presencia de un acto claro.

Ahora bien, la igualmente reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de marzo de 2019, recaída en el recurso de amparo 593/2017, aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (en este caso de la Administración General del Estado) en cuanto el Tribunal Supremo inaplica la normativa nacional sobre el régimen de financiación del bono social eléctrico en función de la doctrina del tribunal europeo relativa a cuestiones semejantes pero no idénticas sin plantear cuestión ante el TJUE, debiendo el Supremo elevar dicha cuestión pues no concurre la excepción del acto claro o aclarado.




Francisco García Gómez de Mercado
Abogado