miércoles, 24 de agosto de 2011

La reforma de la Constitución





Se plantea por el Gobierno, con el acuerdo del PP, una reforma de la Constitución que imponga un techo de endeudamiento de las Administraciones Públicas, a fin de evitar un déficit excesivo de las mismas. Se trataría, al parecer, de una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, que vincularía a todas las Administraciones. Y digo al parecer pues todavía no se conoce el texto concreto de la proposición de reforma constitucional.

En mi opinión, en una primera reflexión, tal reforma es positiva, máxime si se aplica a todas las Administraciones, es decir, no solo la estatal sino también las autonómicas y locales, pues el problema que se pretende atajar es, en general, más grave cuanto más se desciende en el ámbito territorial. Con todo, sin se apuran sus límites, la reforma podría llevarnos a un callejón sin salida de falta de recursos y financiación, por lo que deberán establecerse y hacerse efectivos mecanismos que permitan el control de la deuda de las distintas Administraciones.

Según el artículo 167 de la Constitución:



1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Por tanto, el referéndum no es necesario (otra cosa es que se considere conveniente, y quizá lo sea y se pudiera hacer coincidir la votación con las elecciones generales), salvo que un diez por ciento de los diputados o de los senadores lo soliciten.

Creo que, de paso, podríamos aprovechar para reformar la Constitución en lo que atañe a la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, conforme al artículo 57 de la Constitución. Preferencia que hoy en día parece absolutamente censurable.

Lamentablemente, tal reforma, por la materia sobre la que trata (el título de la Corona), queda sujeta al procedimiento agravado del artículo 168 de la Constitución:




1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida
a referéndum para su ratificación.




Así pues, se podrían aprobar ambas reformas por las Cortes en septiembre. Someter o no a referéndum la primera al tiempo de las elecciones generales, ratificar las nuevas cámaras la reforma relativa a la sucesión en la Corona y celebrar, en este caso de forma obligatoria, una referéndum posterior para ratificar esta segunda reforma.

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

sábado, 14 de mayo de 2011

Derecho, cachivaches y maquinitas.


Cuando empecé a trabajar como Abogado todavía usábamos los libros de Aranzadi de Legislación y Jurisprudencia, esos que hoy en día sirven, fundamentalmente, para adornar estanterías. Luego llegaron los ordenadores con letra blanca o naranjilla sobre negro y las bases de datos, primero en un disco y solo en un equipo al que había que ir para hacer la consulta. No había redes.

Todavía me acuerdo de la sensación de los primeros teléfonos "móviles", unos auténticos trastos montados en coches de lujo.

Mi hermano me decía que para qué quería un ordenador si tenía una máquina de escribir eléctrica.

Y muchos dijimos que nunca tendríamos móviles: hoy en día casi todo el mundo tiene y no solo para llamadas y mensajes cortos sino también para acceder a la red de redes y al correo electrónico. Que es casi imprescindible.

Los clientes esperan que respondas al minuto. Y se reciben decenas de mensajes al día. La gestión del correo electrónico pasa a ser una habilidad esencial.

La verdad es que soy de los "conectados" casi permanentes, y no solo por el trabajo, aunque hayan sido necesidades profesionales las que me hayan convertido, como a muchos, en un e-abogado.

Saludos cibernéticos.

jueves, 7 de abril de 2011

La publicidad y los abogados



Tradicionalmente, la publicidad de los Abogados se ha restringido y considerado incluso “desleal”. En realidad, muchos de los supuestos que han sido contemplados como de competencia desleal lo han sido, más bien, de infracción de las restricciones a la libre competencia impuestas por la normativa corporativa (con el caso paradigmático de la prohibición de publicidad), por lo que acaso podría, en su momento, hablarse de competencia ilícita, pero no desleal (salvo que la publicidad fuera engañosa), ni mucho menos restrictiva de la libre competencia, sino todo lo contrario. Aquí se ha considerado desleal competir libremente, lo que, desde luego, no perjudica al consumidor o usuario (el "Cliente") sino que, en principio, le beneficia.



Así, por ejemplo una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 29 de junio de 2002 confirma la sanción y el supuesto carácter desleal del ofrecimiento de servicios profesionales dirigiéndose a los clientes por mediación de circulares, cartas u otras formas orales, escritas, o gráficas; lo cual puede o no estar prohibido según la regulación del ejercicio de una determinada profesión pero no parece, en modo alguno, que pueda considerarse como desleal, ni desde luego anticompetitivo, sino más bien como una prohibición en pro de la limitación de la competencia; prohibición que, como hemos visto, ya no resulta admisible, si bien cabe imponer ciertas restricciones. Algo distinto es el caso de que estas comunicaciones se dirijan a los clientes del centro en el que trabajó el comunicante (que abre una nueva clínica veterinaria, que estaría deslealmente aprovechándose de la clientela del centro donde antes se era empleado), supuesto que contempla, considerando que existe infracción, la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 3 de marzo de 2000).



Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Madrid de 9 de diciembre de 1998 considera que existe competencia desleal por una infracción de la norma duodécima del Código Deontológico en cuanto que prohíbe a los Abogados la captación desleal de clientela, considerando acto de tal naturaleza el “«ofrecimiento de sus servicios profesionales, dirigiéndose a los clientes por mediación de circulares, cartas u otras formas escritas u orales», así como «encargar a terceras personas la obtención de clientela, tanto si su labor es retribuida como si no lo es»”. Hoy en día, sin embargo, debemos tener en cuenta que la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, llamada Ómnibus, en aplicación de la Directiva de Servicios, liberaliza los servicios, con ciertas excepciones, de forma que se modifica la Ley de Colegios Profesionales, para prever que “los Estatutos de los Colegios, o los códigos deontológicos que en su caso aprueben los Colegios, podrán contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir a los profesionales colegiados que su conducta en materia de comunicaciones comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la Ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional”; pero sin que ello ampare, a nuestro juicio, una prohibición de realizar comunicaciones comerciales, sino sólo su modulación para salvaguardar los intereses expuestos.



En esta línea, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de abril de 2011 se pronuncia sobre la cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado francés en relación a la libertad de comunicación comercial de los miembros de profesiones reguladas en relación con la Directiva de servicios. El Tribunal considera que la prohibición impuesta, en este caso a los auditores de cuentas, en relación a la captación directa de clientes puede considerarse una prohibición total de comunicaciones contraria a Derecho.

martes, 1 de marzo de 2011

Derechos humanos y relaciones internacionales


Los recientes acontecimientos en Túnez, Egipto y Libia ponen de manifiesto la vigencia y necesidad de proteger en todo el mundo los derechos humanos.
El Derecho es propio de cada país, y los demás Estados deben, en principio, respetar la independencia de cada Estado y su capacidad de dotarse de las leyes y forma de gobierno que sean.
Pero existen ciertos derechos humanos, derechos que se reconocen a todo ser humano, y que deben ser respetados por todos los Estados. Son mínimos imprescindibles que todos, y más los ciudadanos de países democráticos, debemos exigir.
La conveniencia de comerciar (comprando petróleo, vendiendo armas, etc.) con los dictadores no debe prevalecer sobre esa exigencia.
Muchos sentimos vergüenza de las fotos de los líderes occidentales (españoles incluidos) riéndole las gracias a Gadafi.
Ya sé que es difícil. Poderoso caballero es Don Dinero, y a veces se considera que tratar y comerciar con dictadores peligrosos les apacigua.
No sé cómo terminarán las rebeliones del norte de Africa y sus posibles ecos. Quizá no se alcancen los objetivos deseados en su totalidad, pero espero que supongan un paso real hacia la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. La caída del muro de Berlín y de las antiguas dictaduras de los países del Este de Europa desde 1989 ha constituido, en términos generales, un progreso frente al gulag, la represión y la socialización de la pobreza, aunque no todo es perfecto y queda mucho por mejorar en alguno de estos países.
Seamos prácticos, defendamos los derechos humanos.