LOS SUELDOS Y PLUSES EN LAS SUBVENCIONES

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de  2026 (RC 2457/2024) declara que “En relación con subvenciones otorgadas al objeto de cubrir los costes de ejecución de cursos de formación profesional ocupacional, el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debe ser interpretado en el sentido de que son gastos estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionada las retribuciones contempladas como mínimos legales o fijadas en el Convenio Colectivo, sin que deban considerarse cubiertas por la subvención otras cantidades que perciba el trabajador en concepto de contraprestación por el trabajo realizado aunque no resulten desproporcionadas con arreglo al valor de mercado”.

Lo explica así:

“Como vimos, el F.J. 11 de la sentencia recurrida señala que la redacción originaria del artículo 31.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones ("Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones") fue luego modificada por la disposición final octava de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, que introdujo en el precepto un inciso para referirse a los gastos que "resulten estrictamente necesarios".

Ahora bien, la sentencia recurrida señala que esa modificación del artículo 31.1 LGT "...tiene naturaleza puramente aclaratoria, a fortiori, de modo que enfatiza que únicamente son subvencionables, al amparo de la LGS, los gastos que indubitadamente respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada".

Y ello, explica la Sala de instancia, 

"... porque la causa de ser de este precepto no es otra que la de evitar que, por ejemplo, en materia de nóminas, la entidad subvencionada pueda decidir discrecionalmente el salario que abona a los empleados contratados con los fondos subvencionales, que recordemos que son fondos públicos que responden a una determinada finalidad. Con el artículo 31.1, tanto en su redacción original como en la posterior de 2011, se pretende evitar un fraude en el uso de los fondos subvencionales que se dirigiría a que terceros se enriquecieran sibilinamente sin que existiera posibilidad de control".

Pues bien, dado que compartimos el parecer de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, desde ahora dejamos anunciado que habremos de declarar no haber lugar al recurso de casación.

Ante todo, acierta la sentencia recurrida cuando señala que el debate que se suscita no se centra en determinar si el plus o mejora voluntaria que la recurrente abona a sus empleados, por encima de lo previsto en el convenio, constituye o no salario de acuerdo con la normativa laboral (artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores), sino si esa cantidad adicional ha de costearse con fondos propios de la empresa o puede ser atendida con cargo a los fondos públicos de la subvención.

Así planteada la cuestión, es oportuno señalar que, como recordábamos en nuestras STS 672/2024, de 19 de abril (recurso contencioso-administrativo 1089/2022) y 608/2025, de 22 de mayo (recurso 75/2023), en el campo de las ayudas públicas y, más concretamente, en el de subvenciones, rigen los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad e igualdad así como los principios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (artículo 8.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Y, en relación con lo anterior, esta Sala ha sostenido reiteradamente que, con carácter general, debe exigirse al beneficiario de la subvención una conducta respetuosa con las obligaciones anejas a la ayuda que se le otorga y a la finalidad que le es propia; ello sin perjuicio de que en determinadas ocasiones pueda operar el principio de proporcionalidad para atemperar el rigor de aquella exigencia. Puede verse en este sentido nuestra STS 934/2026, de 20 de julio (casación 5268/2024) y las que en ella se citan.

Pues bien, de acuerdo con esos principios, compartimos el parecer de la Sala de instancia cuando señala (F.J. 11 de la sentencia recurrida) que << (...) el abono de las nóminas a los empleados contratados para la ejecución de la actividad subvencionada debe ir de la mano del cumplimiento de la normativa laboral y convencional, respetándose en todo caso las tablas salariales que resultaran de aplicación, que actúan como mínimos, sin que la percepción subvencional pueda ser instrumento para mejorar las condiciones de los empleados en virtud de pacto individual con ellos con cargo a los fondos subvencionales, pues en ese caso la mejora económica del empleado estaría siendo abonada con fondos públicos que han de acogerse necesariamente a un principio de eficiencia [...]>>. 

Por ello, consideramos acertada la conclusión que en ese mismo F.J. 11 de la sentencia alcanza la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el sentido de que <<(...) todo empresario privado es libre de para mejorar el salario correspondiente según el convenio colectivo aplicable, pero habrá de hacerlo con cargo a sus fondos privados, y no los fondos públicos que representan una subvención, por lo que tales mejoras no son elegibles en los términos expresados en la LGS...>>.

Y tal apreciación debe mantenerse aunque el plus retributivo no sobrepase los valores de mercado pues este límite máximo establecido en el artículo 31.1, segundo párrafo, de la Ley General de Subvenciones, no puede llevar a ignorar lo dispuesto en el párrafo primero del precepto, que únicamente contempla como subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada responda a la naturaleza de la actividad subvencionada y que resulten estrictamente necesarios para la realización de la actividad subvencionada, lo que no sucede con la retribución adicional a que se refiere la presente controversia.

En fin, tiene razón la representación procesal de la Junta de Andalucía cuando en su escrito de oposición al recurso de casación señala, respaldando el planteamiento de la sentencia recurrida, que el plus de retribución abonado voluntariamente por la empresa, por encima de los previsto en el convenio, no puede tener la consideración de gasto que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada ni es un gasto que resulte estrictamente necesario para la realización de la actividad subvencionada.”

EL SUPREMO VALIDA LA PRESENTACIÓN EN SOBRE CERRADO

El artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contempla que las comunicaciones y documentos a presentar ante la Administración pueden hacerse llegar, entre otros medios, a través de “las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca”. 

Ello viene desarrollado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, cuyo art. 31 (en la misma línea que regulaciones anteriores) exige: (i) sobre abierto, que es obligatorio para que el empleado de Correos pueda estampar el sello de fechas en la cabecera de la primera página del documento original que se va a enviar; (ii) sello de la fecha tanto en el documento principal como en la copia; siendo esta fecha la que cuenta legalmente como fecha de presentación ante la Administración pública, independientemente de los días que tarde Correos en entregar físicamente el papel; y (iii) resguardo de admisión que acredita la presentación, donde constará la fecha y hora de la admisión. 

Este procedimiento especial que tiene validez de "registro administrativo" solo puede realizarse a través de Correos (la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.), ya que ostenta la condición de operador del Servicio Postal Universal; no siendo aplicable a través de una empresa de mensajería privada

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2026 (Rec. 643/2024) declara, en un supuesto en que el sobre se presentó cerrado, que “Ha de tomarse como fecha valida de presentación de un recurso administrativo la fecha en que el escrito se envía por correo postal certificado, aunque se presentase en la oficina de correos en sobre cerrado, siempre que en el certificado emitido por el servicio postal conste la fecha de presentación, el nombre del remitente (y este coincida con el recurrente o su representante), se especifique el órgano administrativo destinatario y no existan otros elementos de prueba que permitan albergar una duda razonable sobre la recepción del escrito por el órgano administrativo o que permita dudar sobre cuál era el verdadero contenido que llegó a las dependencias administrativas.” Una interpretación antiformalista que, no obstante, no será aplicable si existen dudas sobre el contenido del escrito (podía ser el recurso u otra comunicación) y no estén correctamente identificados el recurrente y el órgano administrativo.

Francisco García Gómez de Mercado

Abogado

EL NASCITURUS FISCAL

Los artículos 29 y 30 del Código Civil disponen, respectivamente, que “El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente” y “La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”. Es decir, el no concebido no nacido (“nasciturus”, el que va a nacer en latín) se tiene por nacido para los efectos favorables siempre que nazca con vida y con entero desprendimiento del seno materno (salida de la madre y corte del cordón umbilical).

Un amigo quería hacer socia de su club de fútbol a su futura hija cuando todavía no había nacido (para él los efectos eran claramente favorables). Pero le contestaron que se esperase a que naciera.

En fin, una reciente sentencia considera al nasciturus fiscalmente, no como sujeto pasivo, pero sí como miembro de la familia a efectos de calcular la liquidación tributaria.

Concretamente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2026 (Rec. 4114/2025) sienta la doctrina de que “en el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el tipo reducido del 4% a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, resulta aplicable cuando el sujeto pasivo, en el momento del devengo del impuesto que grava la operación, es titular de una familia numerosa, definida en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, incluyendo en la unidad familiar al concebido no nacido en ese momento y que sobrevive tras el nacimiento posterior. De esta forma, el tipo reducido del 4% se aplicará a las familias numerosas que, en el momento del devengo del impuesto, el tercer miembro de la unidad familiar es un concebido no nacido que posteriormente nace vivo y vive enteramente desprendido del seno materno”.

Con todo, un voto particular afirma, por el contrario, que “El art. 29 CC, por su parte, no tiene proyección alguna para configurar un beneficio fiscal que no es para el concebido no nacido, sino para otro sujeto distinto, el adquirente de la vivienda. La cuestión que debe decidir esta Sala no es si debe asimilarse al concebido con los hijos ya nacidos a efectos del concepto de familia numerosa, lo que corresponde al legislador, sino interpretar la norma que establece ese concepto, y en ese ámbito considero que el art. 2 LPFN no ofrece duda interpretativa alguna y tan solo permite computar los hijos nacidos efectivamente”.

Francisco García Gómez de Mercado

Abogado

Desistimiento en licitaciones públicas

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2026 (Rec. 7320/2023) declara que  "en virtud del artículo 152.3 de la LCSP el requisito que la Administración debe observar para desistir de un contrato administrativo es la concurrencia de una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. Es evidente que junto a ello deberá darse cumplimiento a las exigencias de publicación y notificación que imponen los apartados 1º y 2º del artículo 152."

"La aplicación al caso de la doctrina fijada debería ser suficiente para dar respuesta estimatoria al recurso de casación ello porque la sentencia de instancia habría incurrido en vulneración del artículo 152 de la LCSP por la exigencia acumulada de los dos requisitos para acordar válidamente el desistimiento.

Ahora bien, para confirmar esa decisión es necesario tomar en consideración dos cuestiones:

1ª) La relevancia que para esa respuesta estimatoria del recurso de casación tiene el planteamiento de la parte recurrida Garajes Indalo S.A, cuando sostiene que el recuro de casación debería ser desestimado pues, pese a lo sostenido por mercantil recurrente -Compañía Europea de Finanzas S.A.-, la sentencia de la Sala Territorial de Granada acordó el desistimiento sin exigir, acumuladamente, los requisitos de concurrencia de vicios no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, y de concurrencia de razones de interés público. En esa línea expositiva considera que la aplicación de la doctrina fijada debe determinar la desestimación del recurso de casación.

Tal planteamiento de parte no puede ser admitido por esta Sala desde la literalidad del fundamento de Derecho Quinto de la sentencia recurrida, que ya hemos trascrito en el apartado B). b1) del fundamento de Derecho Primero. Es evidente que la sentencia recurrida exigió para el desistimiento ambos requisitos cuando la norma legal no exigía la concurrencia de razones de interés público. Por tanto y frente a ese alegato de parte, es evidente que la sentencia de instancia anuló el desistimiento administrativo por dos causas:

a) Por concluir que no concurre una infracción insubsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación: consideró que no estaba justificado, y menos que fuera insubsanable, el defecto derivado de la "accesibilidad y adaptación del edificio para las personas con discapacidad" -valorada con 6 puntos- «toda vez que, si la entidad mercantil codemandada, "Compañía Europea de Finanzas, S.A.U", podría verse afectada por el incumplimiento de dicho criterio, la solución jurídica no sería la de desistir del contrato, sino la de hacer una nueva valoración descontando la puntuación indebidamente asignada.»

b) Porque razona que "no colegimos de la resolución de la Secretaría General Técnica, de 27 de noviembre de 2020, razones de interés público para desistir del contrato" y "no constaba ya que no concurra interés público de la Administración autonómica para arrendar un inmueble que albergue los antedichos servicios administrativos.".

2ª) Que el escrito de interposición imputa a la sentencia de instancia un segundo vicio de nulidad en relación con ese recurso contencioso administrativo 1300/2020: la incongruencia por error cuando acuerda la exclusión de la mercantil recurrente -Compañía Europea de Finanzas S.A- de la licitación.

Este vicio no fue tomado en consideración en el auto de admisión del recurso para fijar la cuestión de interés casacional, pero nada nos dice la parte recurrida sobre la imposibilidad de su análisis. Lo analizaremos partiendo del criterio fijado por esta Sata Tercera en pleno no jurisdiccional celebrado el día 3 de noviembre de 2021, que decidió que: "el escrito de interposición puede extenderse legítimamente sobre todas las infracciones que habían sido apuntadas en la preparación, sin necesidad de limitarse únicamente a las identificadas en el auto de admisión como dotadas de interés casacional", siempre que se mantenga relación de conexión lógico-jurídica con la cuestión señalada en el Auto de admisión. En este sentido, es claro que nuestra decisión sobre el desistimiento nos lleva a la necesidad de dictar sentencia de fondo en aplicación del artículo 93.1 de la Ley jurisdiccional 29/1998 (LJCA) y, por lo tanto a que, como hizo la Sala de instancia, pueda resultar procedente la retroacción del procedimiento de adjudicación para que la Administración lo resuelva, siendo evidente que para hacerlo deberá aplicar los pliegos de la contratación y en ellos se regula el presupuesto de la superficie mínima del edificio ofertado por los licitadores.

Como hemos dicho la sentencia de instancia declaró que la proposición de la mercantil Compañía Europea de Inversiones S.A. (parte demandada en la instancia) debió ser excluida de la licitación por vulnerar la exigencia de superficie mínima que debería tener el inmueble ofertado, aplicando para ello los argumentos que la propia Sala de Granada había empleado en la sentencia que anuló la primera licitación, dictada en el recurso 1231/2013 (sentencia 194/2018).

La citada mercantil (hoy parte recurrente en casación) entiende que ese argumento parte de un error patente de apreciación jurídica del PPT de la nueva licitación, que difiere en este punto de las previsiones del PPT del proceso de contratación previamente anulado. Para ello aduce que el nuevo PPT (apartados 1 y 4), a la vez que contempla que en la superficie mínima necesaria estén incluidos los archivos y que puedan ubicarse en plantas sótano, ya no contempla los efectivos a ubicar en los sótanos del inmueble destinados a archivos, que fue el motivo de la nulidad acordada por el primer pronunciamiento judicial por ser contrario a las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Almería.

La mercantil recurrida (Garajes Indalo S.L.) cuestiona esta alegación de error afirmando que el hecho de que la nueva licitación contemple la existencia de archivos en plantas sótano y que en dicho espacio no iría ubicado ningún puesto de trabajo, no altera la prohibición derivada de las normas municipales de planeamiento ni el alcance del anterior pronunciamiento judicial.

La Sala comparte esta última posición. Lo que la parte recurrente no toma en consideración, y, por tanto, no la cuestiona, es la argumentación empleada en la primera sentencia y que es la que nuevamente emplea para declarar la exclusión de la licitadora Compañía Europea de Inversiones, S.A.: "Ex abundantia, es manifiesto que la custodia del fondo documental y de los expedientes administrativos requeriría de "... un continuo trabajo de ordenación y supervisión, ya que es objeto de consulta tanto por interesados como por las unidades administrativas que tramitan dichas materias" (memoria-informe justificativa de la necesidad de arrendar un inmueble para ubicar la sede de distintos servicios de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería" (folio 113 del expediente administrativo). Esto está corroborado por el informe del Arquitecto del Ayuntamiento de Almería, de fecha 14 de septiembre de 2020, en el que se concluye que "... la calificación de oficinas, en planta sótano -2 no se permite" y que "la calificación de oficinas en la planta sótano -1 no se permite salvo que cuenten con iluminación natural y su techo esté un metro por encima del terreno o cota de referencia" (folios 368 y 369 del expediente administrativo), lo que se compadece con las propias palabras de la consulta realizada por la parte actora (folios 341 y 342 del expediente administrativo).". Este argumento es el que no ataca el escrito de interposición, que acude a una mera cita parcial del nuevo PPT. La existencia del error exigiría precisar, al menos, dos cosas (i) que las oficinas no estarán en el sótano 2, pero nada de ello se alega y no se excluye su instalación en ese sótano en el PPT; (ii) que la parte nada aduce sobre el contenido de su oferta sobre este extremo y su posible ajuste al PPT.

Así, la conclusión es que este segundo vicio de la sentencia -incongruencia por error- no puede ser admitido.

2.- Lo hasta aquí expuesto nos permite confirmar la conclusión inicial: que debe ser estimado el recurso de casación.

El efecto de esta estimación es la revocación de la sentencia de la Sala Territorial de Granada, en cuanto a su pronunciamiento 3º, que era la estimación del recurso contencioso administrativo 1300/2020 que determinó la nulidad de la resolución administrativa de 27 de noviembre de 2020, que es la que puso fin al procedimiento de contratación patrimonial por desistimiento de la Administración. La sentencia exigió un doble requisito que no era procedente."

No hay responsabilidad por anulación de una legalización

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2026 (RC 5217/2024) sienta la doctrina de que "no es indemnizable en caso de anulación de licencias urbanísticas aquella parte de la obra que fue ejecutada sin licencia, aunque hubiera sido objeto de legalización posterior".

"Se plantea ante la Sala en el presente recurso de casación si la responsabilidad patrimonial de la Administración por la anulación de licencias urbanísticas comprende las licencias de legalización de edificaciones previamente ejecutadas sin licencia".

"Por supuesto, la legalización posterior de las obras realizadas sin licencia implica un juicio favorable a la viabilidad urbanística de la construcción, con igual alcance en este ámbito que el otorgamiento de licencia previa. Se trata de títulos habilitantes de igual entidad. Pero la responsabilidad patrimonial de la Administración por anulación de licencias o «títulos administrativos habilitantes de obras» -supuesto de responsabilidad con expreso respaldo legal en el artículo 48.d) TRLSRU- está necesariamente sujeta a los principios o requisitos básicos de la responsabilidad patrimonial de la Administración (artículo 32 LRJSP), entre ellos que el daño que sufre el administrado sea consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla."

"La contribución causal del perjudicado al daño, en función de su entidad, puede exonerar de responsabilidad a la Administración o atenuarla. Según el artículo 48.d), la Administración queda eximida de responsabilidad cuando el interesado incurre en dolo, culpa o negligencia grave."

Según el Alto Tribunal, "La atribución causal de ese daño al Ayuntamiento descansa en la improcedente autorización para realizar la obra (SSTS de 26 de septiembre de 2000, rec. 3456/96; 20 de enero 2005, rec. 4644/2001, 27 de mayo de 2008, rec. 1678/2004, y las muchas que éstas citan). El vínculo o elemento de conexión entre ambos actos radica en que la autorización o licencia urbanística genera en quien la obtiene la legítima confianza en la legalidad de la obra licenciada y su derecho a ejecutarla y mantenerla. Por tanto, la licencia constituye un acto anterior en el tiempo al daño. Solo cuando esa confianza se ha visto defraudada por la anulación de la licencia, puede decirse que la lesión es imputable a la Administración autorizante.

Ahora bien, no ocurre lo mismo cuando el damnificado actúa por propia iniciativa y realiza una construcción sin contar con la licencia preceptiva. En ese caso no puede haber confianza en la licencia porque, sencillamente, no hay tal. La licencia otorgada en el procedimiento de regularización es un acto posterior y, por eso, inhábil para inducir a la realización de la obra o de la parte de ésta no cubierta por la licencia."

Se basa pues la sentencia en un requisito de traición de la confianza legítima, que no aparece explícito en la Ley, para negar la responsabilidad por la anulación de una licencia posterior a la obra. Pero, cuando menos, esa confianza legítima debería operar desde su otorgamiento, ¿no podría haber daños posteriores, como el cese de un negocio posterior a la licencia, o los daños causados al adquirente posterior a la licencia? La sentencia es bastante simple y quizá hagan falta nuevos pronunciamientos del Alto Tribunal para acabar de confirmar o no y de perfilar esta doctrina. A tener en cuenta que la vulneración de la confianza legítima puede ser un título de imputación autonómo (Cfr. STS 25-9-2025, Rec. 16/2023).

Francisco García Gómez de Mercado

Abogado 

MERCADO DE CAPACIDAD

𝘖𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘛𝘌𝘋/𝟫𝟨𝟨/𝟤𝟢𝟤𝟨, 𝘥𝘦 𝟣𝟧 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦, 𝘱𝘰𝘳 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘢 𝘶𝘯 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘢 𝘦𝘭𝘦́𝘤𝘵𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘱𝘦𝘯𝘪𝘯𝘴𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘦𝘴𝘱𝘢𝘯̃𝘰𝘭

https://lnkd.in/eHmfCrG9

 

La Orden establece un mecanismo de capacidad para el sistema eléctrico peninsular, configurado como un mercado centralizado destinado a garantizar la disponibilidad de potencia firme necesaria para asegurar el suministro eléctrico. La contratación de esta capacidad se realizará mediante procedimientos competitivos de subasta.

 

Aspectos clave

 

-𝙈𝙚𝙧𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙙𝙖𝙙: el operador del sistema identifica las necesidades de potencia firme y se subasta la capacidad necesaria para cubrirlas.

 

-𝙏𝙧𝙚𝙨 𝙩𝙞𝙥𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙨𝙪𝙗𝙖𝙨𝙩𝙖𝙨:

-Subasta principal: mecanismo ordinario de contratación a largo plazo, con un periodo previo suficiente para que nuevas inversiones puedan desarrollarse antes de comenzar la prestación del servicio.

-Subastas de ajuste anuales: destinadas a corregir desviaciones o insuficiencias imprevistas respecto a las necesidades inicialmente previstas.

-Subastas transitorias: previstas de forma extraordinaria para cubrir las necesidades de firmeza durante el periodo transitorio hasta la entrada en funcionamiento del esquema principal.

 

-𝙉𝙚𝙪𝙩𝙧𝙖𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙩𝙚𝙘𝙣𝙤𝙡𝙤́𝙜𝙞𝙘𝙖: se establecerán coeficientes de firmeza que permitan comparar objetivamente la contribución de distintas tecnologías (generación, almacenamiento y respuesta de la demanda), garantizando una competencia en igualdad de condiciones.

 

-𝘿𝙪𝙧𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙙𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙧𝙤𝙢𝙞𝙨𝙤𝙨: los periodos de prestación del servicio podrán variar según la tecnología de referencia, teniendo en cuenta su vida útil equivalente y evitando favorecer unas tecnologías frente a otras.

 

-𝙋𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙤𝙨 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤𝙨 𝙮 𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨: ambas categorías podrán concurrir a las subastas principales y transitorias. Para evitar rentas excesivas, podrán establecerse precios máximos comunes y precios de reserva específicos para instalaciones existentes.

 

-𝘿𝙚𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙖𝙙𝙟𝙪𝙙𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨: la cantidad de potencia firme contratada resultará del cruce entre la oferta y la demanda mediante subastas de sobre cerrado con sistema de adjudicación tipo pay-as-bid.

 

-𝙈𝙚𝙧𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙨𝙚𝙘𝙪𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙤: se contempla su creación para proporcionar mayor flexibilidad y liquidez a los agentes adjudicatarios.

 

Francisco García Gómez de Mercado Abogado

NO SON ADMISIBLES SUBCRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO PREVISTOS EN LOS PLIEGOS

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en su Acuerdo 92/2026, de 30 de julio (Rec. 73/2026) recuerda la doctrina al respecto.
“La cuestión controvertida se centra en determinar si la adjudicación llevada a cabo, tras la publicación del documento "descripción valoración criterios”, una vez efectuada la apertura de los criterios de adjudicación evaluables automáticamente, es ajustada a derecho.
Para el análisis de la cuestión, hemos de partir del valor vinculante y de la plena eficacia jurídica que ostentan los Pliegos, como lex contractus, los cuales, además, no han sido recurridos en tiempo y forma, por lo que han devenido firmes por consentidos. Esta vinculación de los Pliegos no sólo se predica para los licitadores, sino también para el órgano de contratación, quien, después de publicados los Pliegos, solo puede modificarlos con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones (artículos 122.1 y 124 de la LCSP).
A lo anterior debemos añadir que los criterios de adjudicación evaluables automáticamente se caracterizan porque su aplicación goza de automatismo y objetividad, sin que pueda existir discrecionalidad técnica en su valoración, dado que no hay, ni puede haber, margen de apreciación subjetiva al aplicar un criterio automático y objetivo. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 390/2025, de 3 de abril de 2025 (rec de casación 3910/2022) señaló: "Diferentes de los criterios de adjudicación son las reglas para su valoración, pues, conforme a la Ley de Contratos, cabe que los criterios se evalúen de forma automática, mediante fórmulas, cifras o porcentajes, lo que garantiza mayor transparencia y objetividad de la adjudicación, y criterios cuya evaluación depende de un juicio de valor, que lleva aparejado cierto grado de subjetividad.”
A lo anterior debemos añadir la doctrina expuesta en la STJUE de 24 de enero de 2008, dictada en el asunto C-532/2006, -consorcio Lianakis y otros contra el municipio de Alexandroupolis y otros- en la que se establecía lo siguiente:
 
" 36 Según la jurisprudencia, esta última disposición, interpretada a la luz del principio de igualdad de trato de los operadores económicos, recogido en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/50, y de la obligación de transparencia que se desprende de éste, exige que los potenciales licitadores conozcan, en el momento de preparar sus ofertas, todos los factores que la entidad adjudicadora tomará en consideración para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y la importancia relativa de los mismos (…).
 
37. En efecto, los licitadores potenciales deben poder conocer la existencia y alcance de dichos elementos en el momento de preparar sus ofertas (véanse en este sentido, en relación con los contratos públicos de servicios, las sentencias, antes citadas, Concordia Bus Finland, apartado 62, y ATI EAC y Viaggi di Maio y otros, apartado 23).
 
38 Por consiguiente, una entidad adjudicadora no puede aplicar reglas de ponderación o subcriterios relativos a los criterios de atribución que no haya puesto previamente en conocimiento de los licitadores (véase, por analogía, en relación con los contratos públicos de obras, la sentencia Universale-Bau y otros, antes citada, apartado 99).
39 Corrobora esta interpretación el objetivo de la Directiva 92/50 que tiene por objeto suprimir los obstáculos a la libre circulación de servicios y, por tanto, proteger los intereses de los operadores económicos establecidos en un Estado miembro que deseen ofrecer servicios a las entidades adjudicadoras establecidas en otro Estado miembro (véase en este sentido, en particular, la sentencia de 3 de octubre de 2000, University of Cambridge, C-380/98, Rec. p. I- 8035, apartado 16).
40 A tal fin, los licitadores deben hallarse en pie de igualdad a lo largo de todo el procedimiento, lo que implica que los criterios y condiciones que rigen cada contrato han de ser objeto de una publicidad adecuada por parte de las entidades adjudicadoras (véanse en este sentido, en relación con los contratos públicos de obras, las sentencias, antes citadas, Beentjes, apartado 21, y SIAC Construction, apartado 34, así como, en relación con los contratos públicos de servicios, la sentencia ATI EAC y Viaggi di Maio y otros, antes citada, apartado 22).”
41 Por otro lado, contrariamente a las dudas manifestadas por el órgano jurisdiccional remitente, estas afirmaciones no contradicen la interpretación del artículo 36, apartado 2, de la Directiva 92/50 realizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia ATI EAC y Viaggi di Maio y otros, antes citada.
42 En efecto, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, tanto los criterios de adjudicación y sus coeficientes de ponderación como los subcriterios relativos a dichos criterios habían sido previamente fijados y publicados en el pliego de condiciones. No obstante, la entidad adjudicadora en cuestión fijó a posteriori, poco antes de la apertura de las plicas, los coeficientes de ponderación de los subcriterios.
43 El Tribunal de Justicia declaró en dicha sentencia que el artículo 36, apartado 2, no se opone a tal forma de proceder si cumple tres condiciones muy precisas, a saber, que:
· no modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de la licitación;
·no contenga elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación; y
·no haya sido adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. (véase, en este sentido, la sentencia ATI EAC y Viaggi di Maio y otros, antes citada, apartado 32).
 
44 Procede constatar, en cambio, que en el litigio principal la Mesa de Contratación únicamente recogió en el anuncio de licitación los criterios de adjudicación y que determinó a posteriori tanto los coeficientes de ponderación como los subcriterios relativos a dichos criterios de adjudicación, tras la presentación de ofertas y el registro de las manifestaciones de interés. Pues bien, esto no se atiene manifiestamente a la obligación de publicidad establecida en el artículo 36, apartado 2, de la Directiva 92/50, interpretada a la luz del principio de igualdad de trato de los operadores económicos y de la obligación de transparencia.
45 Por tanto, habida cuenta de lo antedicho, debe responderse a la cuestión planteada que el artículo 36, apartado 2, de la Directiva 92/50, interpretado a la luz del principio de igualdad de trato de los operadores económicos y de la obligación de transparencia que se deriva de dicho principio, se opone a que, en un procedimiento de licitación, la entidad adjudicadora fije a posteriori coeficientes de ponderación y subcriterios relativos a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación.”
Como ha señalado el TACRC (Resoluciones 389/2014, de 19 de mayo, 87/2011, de 23 de marzo, o 212/2013, de 5 de junio), el objetivo que persigue la exigencia legal de establecer en los Pliegos los criterios de valoración aplicables y su forma de ponderación no es otro que el de garantizar la objetividad de la Administración en la selección del contratista, así como la igualdad de trato entre los licitadores y la transparencia del procedimiento. Por ello, los criterios de valoración y sus coeficientes de ponderación deben establecerse con claridad en los Pliegos de manera que sean conocidos por los licitadores, sin que puedan generar desigualdad y falta de transparencia en la presentación y posterior valoración de las ofertas.”