La regla general es que se pueden
recurrir, en vía administrativa o judicial, las resoluciones desfavorables.
Debemos partir del art. 24.1 de la Constitución, a cuyo tenor “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Así, el art. 19.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su redacción vigente, enuncia quiénes están legitimados (activamente) en lo contencioso-administrativo: “Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo…”.
La Jurisprudencia
contencioso-administrativa ha venido admitiendo la legitimación activa por
ostentar un interés en accionar en favor de aquellos que resulten beneficiados
por la anulación del acto o perjudicados por su mantenimiento.
De este modo, confirmando el
criterio de muchas otras anteriores, la Sentencia de 14 de octubre de 2021 (RC
143/2020) expone:
“Debemos recordar que la
legitimación se funda en la existencia de un derecho o interés legítimo (art.
19.1. a LJCA 1998), como superador del inicial interés directo (art. 28 LJCA 1956), que en el orden contencioso-administrativo
ha sido reiteradamente declarado por el Tribunal Constitucional (entre otras
SSTC 60//2001, de 29 de enero, 203/2002, de 28 de octubre, y 10/2003, de 20 de
enero).
Así la STC 52/2007, de 12 de marzo, FJ 3 nos
recuerda que en relación al orden contencioso-administrativo, ha precisado
"que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca
entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados),
de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo
(beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo
entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y
específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la
titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no
necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la
pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el
interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la
reparación pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18
de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; con relación a un sindicato,
STC 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3)".
En la misma línea, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2021 (RC 7413/2019) señala
que “la existencia de legitimación en un concreto proceso viene caracterizado
jurisprudencialmente como "... la titularidad de un derecho o interés
legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la
pretensión, de suerte que, de estimarse ésta, se produzca un beneficio o la
eliminación de un perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido
patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva..." (en este
sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 29 junio 2004 y la
sentencia del Tribunal Constitucional de 173/2004, 18 de octubre)”.
Ahora bien, ¿qué sucede si la
resolución en sí misma no es desfavorable, pues no impone una sanción, pero lo
hace por la aplicación de un plazo de prescripción? No hay sanción, pero puede
haber una pérdida de reputación, que puede justificar discutir la resolución
para aclarar que no hubo infracción. Es más, podría suceder incluso que la
eventual pérdida de reputación sea mayor que la sanción imponible. Imaginemos
un banco que ha llevado a cabo prácticas en perjuicio de sus clientes, cuya
constatación podría determinar una buena parte de pérdida de su clientela, y
ello pudiera ser incluso un perjuicio mayor que la multa que se le impusiera.
Pues bien, el Tribunal Supremo,
en materia de competencia, pero, en realidad, con un alcance por extensión
mucho mayor, ha venido a admitir la impugnación de la resolución en tales
casos, pero solo si existe cierta justificación al menos indiciaria o lógica de
los perjuicios y no con carácter general.
Así, la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2026 (RC 6878/2024) es la siguiente:
“Para
apreciar el requisito de la legitimación activa en una determinada persona
física o jurídica en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de esta jurisdicción,
es preciso -salvo cuando nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia
de una acción pública-, que exista un interés legítimo en la pretensión
ejercitada, lo que tiene lugar cuando la anulación del acto o de la disposición
impugnados produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo
(perjuicio), actual o futuro, pero real y cierto, no siendo título suficiente a
tal efecto las simples conjeturas sobre eventuales consecuencias perjudiciales.
En aquellos
supuestos en los que se dicta una resolución administrativa que pone fin a un
procedimiento sancionador en Derecho de la competencia sin que sancione al
expedientado, este no tiene, en principio, legitimación activa para impugnar en
vía judicial aquella resolución carente de sanción.
Esta regla
general tiene excepciones. Una de ellas puede estar constituida por la
eventualidad de que, en la resolución administrativa finalizadora del
procedimiento, se declare -independientemente del lugar en el que se haga-
cometida una infracción del Derecho de la competencia por un concreto sujeto,
pero, debido a la apreciación de que dicha infracción ha prescrito, no se
imponga ninguna sanción.
Sin
embargo, aunque para aplicar la salvedad y reconocer la legitimación en estos
casos no es exigible una prueba plena del perjuicio causado por la atribución
de la autoría de la infracción administrativa, sí se requiere aportar un
principio de prueba o una justificación de los que, mediante una operación
lógica y sencilla, pueda deducirse el daño que, actual o futuro pero cierta y
razonablemente puede causar la atribución de la autoría en la comisión de la
infracción no sancionada.
Ello exige
examinar individualizadamente las especificas circunstancias concurrentes en
cada supuesto, a tenor de lo consignado por la Administración y de las
alegaciones que realice y, en su caso, pruebas que aporte quien pretende
recurrir judicialmente una resolución que declara que ha cometido una
infracción administrativa pero no le sanciona, dado que dicha infracción ha
prescrito.
En este
examen cobra especial relevancia la incidencia que, en las acciones de
resarcimiento por daños causados por una conducta anticompetitiva, puedan tener
las afirmaciones hechas en la resolución administrativa que afirma la autoría
de esa conducta”.
A estas conclusiones llega el TS después de traer al debate
la doctrina del Tribunal Constitucional y el propio Supremo en asuntos
relativamente cercanos:
En primer lugar, “El Tribunal
Constitucional ha efectuado algunas declaraciones relevantes para la resolución
del presente recurso de casación.
"[...] la prescripción penal, institución de larga tradición histórica y generalmente aceptada, supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo, que encuentra también fundamento en principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal; a lo que añadíamos que dicho instituto «en general, encuentra su propia justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica»."
Por otro lado, a la legitimación del acceso al recurso de casación del acusado absuelto por, precisamente, prescripción del delito.
Así, en la sentencia 41/1998, de 24 de febrero, explica que:
"[...] es cierto que, como regla general, la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige para recurrir una específica legitimación, que viene determinada por la existencia de un gravamen causado u originado por la Sentencia que se impugna; por lo que no admite, en principio, impugnaciones por parte del acusado contra pronunciamientos absolutorios. Sin embargo, esta regla general no es absoluta. La propia jurisprudencia admite excepciones, como es el caso de Sentencias que declaran cometido un hecho punible por el acusado, pero terminan absolviéndolo por prescripción del delito, por indulto o por otra razón ajena a los hechos cometidos (como muestra la Sentencia del T.S. 3 julio 1991 ). Y hay que subrayar que esa excepción tiene un sustrato constitucional, como acredita nuestra STC 79/1987 , en la que otorgamos el amparo a quien había visto inadmitido su recurso de casación, intentado contra un fallo que lo había absuelto por razón de un indulto, tras declarar probada su participación en un delito de estafa.]".
También la sentencia 157/2003, de 15 de septiembre, que se cita en el escrito de interposición, trata del tema que nos interesa diciendo:
"[...] no parece que pueda discutirse que para que proceda utilizar un recurso contra una resolución judicial es preciso que la misma genere un perjuicio para el recurrente. Entendido así, la configuración del gravamen como presupuesto de un recurso (con independencia de la concreta naturaleza jurídica de tal presupuesto y, en particular, de su relación con la legitimación para recurrir) resulta constitucionalmente inobjetable [...].
Ahora bien, tal consideración no resuelve la cuestión aquí planteada. El verdadero núcleo de la misma se halla en la determinación de si es preciso, como presupuesto del recurso, que el perjuicio que el recurrente sufra derive precisamente de la parte dispositiva de la resolución judicial. Y, como hemos adelantado, nuestro sistema procesal no permite mantener semejante solución. En este sentido, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que es perfectamente imaginable la existencia de supuestos en los que las declaraciones de la resolución judicial, contenidas en su fundamentación jurídica, generen un perjuicio para el recurrente, con independencia absoluta del contenido de tal parte dispositiva. Y, sobre esta base, no existe razón alguna para negar, con carácter general, que la vía de los recursos pueda ser utilizada para la impugnación de aquellas declaraciones, so pretexto de una pretendida concepción de los recursos como limitados a aquellas pretensiones que tengan por objeto la alteración de la parte dispositiva de la resolución judicial recurrida, concepción limitada que no encuentra un fundamento jurídico que la sostenga, máxime teniendo en cuenta que con la misma se están restringiendo las posibilidades de tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas y, en consecuencia, afectando a un derecho fundamental de las mismas, el reconocido en el art. 24.1 CE .
8. Deben
realizarse, no obstante, una serie de consideraciones complementarias. En
primer lugar, que la determinación, en cada caso concreto, de si la resolución
judicial impugnada causa o no efectivamente un perjuicio al recurrente,
dependerá de las específicas circunstancias presentes en el caso, debiendo
tenerse en cuenta que no toda afectación de carácter negativo o desfavorable
para aquél merecerá necesariamente la consideración de perjuicio a los
efectos que nos ocupan, pudiendo exigirse que tal afectación reúna determinada
intensidad o caracteres [...]"
Igualmente, y con cita de la anterior, la sentencia 27/2009, de 26 de enero, se refiere a dicha cuestión cuando expone que:
"[...] la determinación, en cada caso concreto, de si la resolución judicial impugnada causa o no efectivamente un perjuicio al recurrente dependerá de las específicas circunstancias presentes en el caso, debiendo tenerse en cuenta que no toda afectación de carácter negativo o desfavorable para aquél merecerá necesariamente la consideración de perjuicio a los efectos de reconocer su correspondiente legitimación para el recurso, pudiendo exigirse que tal afectación reúna determinada intensidad o caracteres (STC 157/2003, de 15 de septiembre , FJ 8).
Sin que sea
un obstáculo para llegar a la anterior conclusión la circunstancia [...], de
que el propio Tribunal Supremo haya vinculado en algunas de sus resoluciones la
legitimación para el acceso al recurso con la idea del «interés legítimo»,
reconociendo así legitimación para recurrir en casación incluso al acusado
absuelto «para que su buen nombre quede restablecido» (entre otras, SSTS de 16
de diciembre de 1988 y de 18 de julio de 2001 ), pues, además de que en estas
resoluciones la persona que pretende interponer dicho recurso ha sido parte en
el procedimiento previo, es evidente que la aplicación del instituto de la
prescripción no excluye el que el Juzgador constate en su resolución unos
hechos probados directamente incriminatorios contra el que ha resultado
absuelto. En el mismo sentido este Tribunal Constitucional también ha
reconocido en la STC 79/1987, de 27 de mayo , la existencia de una serie de
perjuicios o gravámenes del que ha sido absuelto por aplicación de un indulto,
otorgando el amparo al demandante por vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva por habérsele inadmitido por el órgano judicial un recurso de
casación contra la Sentencia dictada [...]".
- Por lo demás, terminaremos destacando en este apartado la doctrina que, en cuanto al acceso a la tutela de los jueces y tribunales, mantiene el Tribunal Constitucional respecto al derecho a ser parte en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas (sentencias 220/1993, de 30 de junio; 34/1994, de 31 de enero; o 140/2018, de 20 de diciembre, entre otras), rigiendo el principio pro actione, en cuya virtud han de aplicarse las normas que regulan los requisitos y los presupuestos procesales evitando cualquier exceso formalista (por todas, sentencia 118/2024, de 25 de septiembre), aunque dicho principio no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas instancias, conseguida una primera respuesta judicial a la pretensión (sentencia 181/2001, de 17 de septiembre, entre muchas)”.
Asimismo, el Tribunal Supremo
atiende a lo que la Sala Segunda (Penal) ha resuelto pues la situación puede
ser muy semejante (absolución de un delito por prescripción):
“La Sala
Segunda de este Tribunal Supremo se ha pronunciado en una pluralidad de
sentencias sobre la posibilidad de recurrir una sentencia penal por el acusado
absuelto, aunque también debemos mencionar aquellas resoluciones de esta Sala
Tercera que afectan a esa cuestión.
La Sala de lo Penal de este Alto Tribunal se ha pronunciado en algunas ocasiones sobre la legitimación de un acusado absuelto, eso sí, para interponer recurso contra la sentencia absolutoria.
De entre las distintas sentencias que se han ocupado del tema citaremos la de 19 de noviembre de 2014 (recurso 952/2014), que analiza la sentencia del Tribunal Constitucional 79/1987, de 27 de mayo, antes mencionada, y expone que:
"Como recuerda el TC en la citada Sentencia: con independencia de la forma expositiva de los pronunciamientos judiciales, éstos son conclusiones no aislables, sino íntimamente ligadas con las premisas que las determinan. Ello significa que, como sostiene el Ministerio Fiscal, no es lo mismo ser absuelto por no haber cometido un delito que ser absuelto por la aplicación de un indulto, pues, de admitirse esta absolución, no con ello quedan satisfechos todos los intereses que se conectan con el valor constitucional de la inocencia; afecta no sólo a la condena penal misma, sino también a la no consideración de reo de un delito y, por ello, al juicio mismo sobre la inocencia o la no existencia de la imputación del delito, para justificar la existencia del interés en recurrir.
Entre los criterios a atender para decidir sobre esa admisibilidad cabe enumerar con esa decisión constitucional: a) la trascendencia de la sentencia en su totalidad en relación al derecho al honor, presente en un precepto como el artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; b) cuando pese a la absolución contuviera una declaración de culpabilidad de un delito; c) la discusión en fase de recurso de la tesis de los acusadores particulares sobre la premisa de la existencia y punibilidad del delito, sin poder combatir ésta, como en el caso de admitir el debate limitado a la penalidad correspondiente a un delito y rechazar a limine la discusión sobre la existencia de éste y d) atendiendo a la influencia de la acción penal sobre la civil por razón de las reglas sobre cosa juzgada penal aún cuando se quisiera negar vinculación con ella, pese a que el proceso penal concluya con pronunciamiento absolutorio de fondo.
Si se pone de relieve esta influencia del proceso penal y de lo en él decidido en procesos civiles posteriores, no es difícil comprender que existe un perjuicio para el solicitante de amparo con la sentencia de instancia, pese a ser absuelto, y por ello ha de reconocérsele interés en recurrir para instar la revisión de lo resuelto en un determinado sentido. La existencia de este interés es especialmente relevante en un supuesto como el de autos en que la sentencia penal se pronuncia sobre la existencia de hechos de los que surge una responsabilidad penal, declarada extinguida por prescripción, y una responsabilidad civil sobre la que remite a un proceso posterior en la vía civil.
En tal caso habrá de reconocerse al imputado un interés a que, en vía de recurso, se revisen los hechos declarados probados y la calificación de tales hechos como ilícitos."
También, la sentencia de 29 de junio de 2018 (recurso 2364/2017), pues, con mención de otras sentencias anteriores, dice que:
"Son varias las sentencias de esta Sala que en casos similares en que se describen como probados unos hechos que incriminan al acusado y que resultan subsumibles en un tipo penal, se dicta un fallo absolutorio debido a que se declara la prescripción del delito. Pese a lo cual, se acaba considerando que el mero de hecho de considerar fácticamente autor del delito al acusado contiene base suficiente para integrar un gravamen legitimador de la interposición del recurso de casación con el fin de impugnar la premisa fáctica en la que se describe la autoría del acusado con respecto a los hechos que se le imputaban."
En el mismo sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2022 (recurso 3971/2020) explica que:
"Hay que señalar, también, que el recurrente fue absuelto, lo que daría lugar a la directa inadmisión del recurso, ya que no existe en la sentencia una afectación directa del recurrente que le pueda otorgar legitimación para recurrir cuando la sentencia le es favorable. Cabría hacerlo en el caso de que existiera algún pronunciamiento que le acarreara un perjuicio objetivable y evidente que le permitiera postular de la Sala un pronunciamiento expreso que le legitimara para la acción de interponer un recurso, pero no es admisible acudir a la vía impugnatoria directa porque el absuelto no puede hacerlo sin un «interés concreto» derivado de la sentencia."
La sentencia de 9 de febrero de 2023 (recurso 1363/2021) resume el criterio que sigue la Sala al exponer que:
"Previamente debemos plantearnos la legitimación para recurrir del acusado absuelto pues por principio general el absuelto carece de legitimación precisamente porque la absolución no produce perjuicio o gravamen. La ausencia de gravamen es por lo que el Tribunal Supremo ha negado, en principio, legitimación para recurrir al acusado absuelto, porque la legitimación del recurrente debe venir determinada por el carácter desfavorable que la resolución judicial presente para quien impugna por esta vía."
Si bien, con cita de otras sentencias de la misma Sala, añade que:
"[...] el perjuicio o gravamen no deriva siempre, y en todo caso, de una sentencia condenatoria, ya que el gravamen típico que permite el recurso puede existir aun cuando el acusado fuera absuelto en la sentencia.
El primer presupuesto concreto de legitimación del acusado absuelto es el caso en el que la absolución venga determinada por la declaración de prescripción de los hechos y la sentencia contenga afirmaciones fácticas que puedan ser consideradas lesivas para el recurrente.
[...] En el caso presente la absolución lo fue por aplicación del instituto de la prescripción del delito, y el recurrente señala que en los hechos probados y en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia se recogen una serie de afirmaciones que, por un lado, afectan a la honorabilidad [...].
De otro lado, también le afecta desde una perspectiva económica, pues no podrá pedir al Cabildo [...], teniendo en cuenta la relación de Hechos declarados como probados y el contenido de los Fundamentos de Derecho, que satisfaga los gastos habidos durante la sustanciación del procedimiento penal [...].
Entendemos, por ello, que hay un interés evidente en el acusado, no solo de contenido moral, sino también económico, que justifica el que tengamos que considerarlo como legitimado para plantear el presente recurso de casación."
Estos criterios son resumidos en la sentencia de 18 de diciembre de 2024 (recurso 4331/2022) en el sentido de que:
"Para que esa legitimación pueda reconocerse será preciso que en el supuesto examinado concurran circunstancias de entidad suficiente como para no poder descartar, a priori, la existencia de un gravamen real, cierto y actual para el recurrente, en su esfera personal o patrimonial, que derive directa y objetivamente de la fundamentación jurídica de esa sentencia estimatoria. En el bien entendido de que el referido gravamen tendrá que derivar directamente de declaraciones de la sentencia que tengan por ciertos y acreditados determinados datos o apreciaciones, no siendo suficiente a tal efecto pretender afirmar la concurrencia del gravamen con base exclusiva en meras argumentaciones discursivas o hipotéticas que la sentencia pudiera contener."
No obstante, como advierte la sentencia de 27 de septiembre de 2023 (recurso 5629/2021):
"la legitimación del acusado absuelto para recurrir no se extiende a todo el contenido de la sentencia, esto es, a aquellos pronunciamientos que no generan gravamen, sino solo a aquellas cuestiones de las que, aun habiendo sido absuelto, pudiera derivarse su culpabilidad (SSTC 41/98 de 24 de febrero y 157/03 de 15 de septiembre y STS de 8 de junio de 2005 [...]), y ello porque el gravamen se encontrará en las consideraciones que puedan generarle perjuicio."
Finalmente, se atiende a pronunciamientos de la propia Sala
Tercera del Tribunal Supremo sobre la legitimación (en general, que damos por
conocida, y en particular en resoluciones que no sancionan a la persona
imputada):
“En
relación con la legitimación de quien no ha sido sancionado formalmente en una
resolución administrativa para impugnar esta resolución también encontramos
alguna indicación de esta Sala, aunque no en sentencias.
Así, debemos referirnos a los autos de 5 de junio y de 5 de diciembre de 2019 (recursos de queja números 124/2019 y 481/2019, respectivamente), invocados en la sentencia aquí impugnada, bien que referidos a la posibilidad de que el demandante pueda recurrir en casación sentencias que, en la instancia, estimaron el recurso contencioso-administrativo.
El auto de 5 de junio de 2019, al que se remite el de 5 de diciembre siguiente, recuerda que, en principio, la jurisprudencia, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 448.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mantiene que la parte que ha ganado un pleito carece de legitimación para impugnar la sentencia.
Pero añade que:
"[...] aun siendo cierto que no hay motivos para reconsiderar con carácter general la vigencia de esta doctrina jurisprudencial emanada de la Sala Tercera, nada impide que la aplicabilidad de la misma puede ser exceptuada con carácter singular y casuístico cuando, aun siendo estimatorio el fallo de la sentencia recurrida en casación, su fundamentación jurídica ocasione al recurrente un gravamen real, actual y directo.
En este sentido, es importante precisar que el gravamen que justificaría la aplicación de la excepción es algo conceptualmente distinto del mero interés por la legalidad que pudiera tener el recurrente o de la simple discrepancia que pudiera mantener éste con las declaraciones incorporadas a la referida fundamentación; y, asimismo, que tampoco podría entenderse justificada la aplicación de la excepción cuando el gravamen alegado por el recurrente fuera, en realidad, meramente hipotético, potencial, abstracto o conjetural."
Con cita de sentencias del Tribunal Constitucional y de otras de las Salas Segunda, Cuarta y Quinta de este Tribunal Supremo, explica -insistimos que en relación con la posibilidad de recurrir en casación quien ha obtenido en la instancia un fallo estimatorio, íntegramente anulatorio del acto administrativo sancionador impugnado en el proceso- que:
"[...] aun cuando esta es una cuestión fuertemente ligada a la valoración circunstanciada de cada asunto en que el problema se suscite, podemos afirmar que, en principio, la legitimación para impugnar en casación sentencias estimatorias no existe cuando al recurrente sólo le guían en tal empeño valoraciones subjetivas, entre las que -a título de ejemplo- podemos citar cuestiones como su desacuerdo con las razones jurídicas expuestas por el órgano judicial de instancia, o el prurito de tener razón ligado a la defensa del prestigio profesional. Tampoco son título suficiente a tal efecto las simples conjeturas sobre eventuales consecuencias perjudiciales (por ejemplo, hipotéticas responsabilidades civiles o disciplinarias) que pudieran derivarse para el interesado como consecuencia de lo dicho en la fundamentación jurídica de la sentencia estimatoria que se pretende impugnar.
Para que esa legitimación pueda reconocerse [...] será preciso que en el supuesto examinado concurran circunstancias de entidad suficiente como para no poder descartar, a priori, la existencia de un gravamen real, cierto y actual para el recurrente, en su esfera personal o patrimonial, que derive directa y objetivamente de la fundamentación jurídica de esa sentencia estimatoria. En el bien entendido de que el referido gravamen tendrá que derivar directamente de declaraciones de la sentencia que tengan por ciertos y acreditados determinados datos o apreciaciones, no siendo suficiente a tal efecto pretender afirmar la concurrencia del gravamen con base exclusiva en meras argumentaciones discursivas o hipotéticas que la sentencia pudiera contener.
Por ello, como quiera que en la estructura formal de las sentencias contencioso-administrativas no existe -a la diferencia de las penales- un apartado específico dedicado a la declaración de hechos probados, resultará inevitable el examen casuístico de cada resolución judicial, a fin de esclarecer si su fundamentación jurídica incorpora una declaración con la fuerza expresada que permita, en ese supuesto, reconocer al interesado la legitimación para recurrir en casación."
Aplicando los anteriores razonamientos al caso examinado, estima el recurso de queja ya que:
"[...] aun cuando el fallo estimatorio de la sentencia ciertamente anula el acto, lo hace dejando antes materialmente subsistentes los aspectos esenciales del reproche sancionador que se había dirigido al recurrente, esto es, los hechos subyacentes constitutivos de infracción, su calificación jurídica, el juicio sobre la culpabilidad del interesado y la sanción que debería corresponderle."
Por el contrario, el auto de 5 de diciembre de 2019 desestima el recurso de queja al aplicar el criterio general, puesto que:
"El recurrente se limita a insistir en la importancia del tema de fondo a que se refiere, pero lo hace desde un punto de vista genérico, sin poner de manifiesto en ningún momento la existencia de un gravamen real y directo, referido a su propia persona, que pudiera haber sostenido su legitimación para recurrir una sentencia que, al fin y al cabo, ha sido estimatoria de su recurso y anulatoria del acto impugnado."
Sobre esta base, el Alto Tribunal
sigue indicando que “El examen de la legitimación activa para impugnar en
vía judicial una resolución administrativa que declara la autoría en una
infracción del Derecho de la competencia, pero archiva las actuaciones por
prescripción lo haremos comenzando por el examen de su presupuesto, es decir
(1), la afirmación expresa de haber cometido una infracción del Derecho de la
competencia, aunque archivando las actuaciones por prescripción, para seguir
con el de (2) la legitimación para impugnar en vía judicial tal resolución
administrativa y detenernos en (3) los intereses que pueden resultar afectados
por la referida declaración de autoría, apartado en el que haremos unas (A)
apreciaciones generales y un análisis específico de (B) la reclamación de daños
y perjuicios por conductas infractoras del Derecho de la competencia, a fin de
llegar a una (C) conclusión.
El presupuesto del que tenemos que partir para dar respuesta a la cuestión de interés casacional consiste en que una resolución administrativa declara la participación en una infracción de las reglas de Derecho de la competencia -atribuye la autoría o la co-autoría de la comisión de la infracción-, pero no impone la sanción que correspondería por apreciar que dicha infracción ha prescrito.
Conviene detenernos en este concreto presupuesto para luego proyectar sobre el mismo los criterios constitucionales y jurisprudenciales respecto de la legitimación.
Así, cabe hacer notar que la constatación de la comisión de la infracción puede efectuarse tanto en la fundamentación fáctica como jurídica de la resolución y, por supuesto, en la parte dispositiva. Esto es indiferente a los efectos que nos interesan, dado que lo relevante es, no la sola imputación de una actuación anticompetitiva, sino la afirmación de que la conducta desplegada por el sujeto expedientado y acreditada en el expediente se incardina en el ilícito administrativo previsto en la norma, sólo que no se castiga debido al tiempo transcurrido desde que se realizaron los hechos constitutivos del tipo.
Por tanto, en el ejercicio del ius puniendi en el Derecho administrativo sancionador deben diferenciarse dos planos: en primer término, el relativo a la infracción, en el que se acredita que se reúnen todos los elementos, objetivos y subjetivos, de la infracción prevista en la norma, es decir, de la actuación que el ordenamiento jurídico entiende reprochable; y, en segundo término, consecuencia del anterior, pues sin él no podría tener lugar, el referente a la sanción, que constituye la corrección o el castigo por la realización de la falta, cuya determinación ha de efectuarse atendiendo a los criterios también normativamente establecidos, pero distintos.
Luego la ausencia de una sanción administrativa tras seguirse el procedimiento que corresponda no implica, sin más, que, para el órgano administrativo sancionador, no se haya cometido una infracción o, más aún, que no se haya acreditado su realización, que es lo que, por el contrario, parece sostener la parte recurrida al considerar que la extinción de una eventual responsabilidad, en concreto, por prescripción de la infracción, supone que "no existe infracción administrativa constatada" ni "afirmación alguna de culpabilidad".
Hay que rechazar esta confusión entre los dos planos indicados, ya que, si bien sin infracción no puede imponerse sanción, cabe perfectamente que, afirmada la infracción, no se imponga sanción, debido, en palabras del Tribunal Constitucional antes reproducidas, y entre otras posibles causas, a la "autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo".
En definitiva, el presupuesto de nuestro examen consiste en que una resolución administrativa que pone fin a un procedimiento sancionador tiene por acreditada, y así lo hace constar, la realización por un sujeto determinado de una conducta que reúne todos los elementos de un concreto tipo administrativo, pero no impone ninguna sanción al que reputa su autor debido a la lejanía en el tiempo de la actuación”.
Ya en particular sobre la legitimación para impugnar en vía
judicial una resolución administrativa que afirma expresamente la autoría de
una infracción del Derecho de la competencia, pero no impone sanción por
prescripción, la sentencia hace las siguientes consideraciones, que pueden
considerarse el núcleo o síntesis de sus razonamientos:
“La
legitimación activa, como ha declarado reiteradamente esta Sala y hemos
consignado antes, implica la existencia de una relación material unívoca entre
el sujeto y el objeto de la pretensión deducida en el recurso
contencioso-administrativo, en referencia a un interés en sentido propio,
identificado y específico, de tal forma que la anulación del acto o la
disposición impugnados produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio)
o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto.
Esos efectos positivos o negativos pueden concurrir si prospera la impugnación judicial de una resolución administrativa que constata y declara la participación de determinado sujeto en una infracción del Derecho de la competencia, pero que, para dicho sujeto, archiva las actuaciones por prescripción.
Es cierto que, como regla general, cabe sostener que quien no ha sido sancionado administrativamente carece de interés en que se revise jurisdiccionalmente tal decisión, sin ostentar legitimación activa, pues la sentencia que pusiera fin al proceso contencioso-administrativo no parece que le pudiera originar algún beneficio o perjuicio, dada la configuración de esta jurisdicción, los pronunciamientos que pueden hacer los Tribunales y la ausencia de sanción en el acto administrativo que se quiere impugnar.
Sin embargo, esta regla general admite excepciones, dado que, si bien de la parte dispositiva del acto administrativo que no impone sanción es difícil deducir efectos negativos y, mucho menos, positivos para el afectado, ya hemos indicado que a lo largo de dicho acto, especialmente en la fundamentación fáctica y jurídica con la que se llega a aquella conclusión pueden existir afirmaciones que incidan directamente en la esfera personal, familiar o patrimonial del afectado y, lo que es más importante, sean susceptibles de causar una lesión jurídica.
Ello puede llegar a ocurrir, especialmente, cuando se constata y se afirma la comisión de una infracción, pero no se impone sanción alguna por concurrir alguna causa legalmente establecida para ello, como por haber prescrito la infracción.
La prescripción de la infracción supone que el ordenamiento jurídico impide la punición por el tiempo transcurrido desde que tuvo lugar la conducta, lo que, si así se aprecia sin dificultad, hace innecesario indagar en si el proceder el sujeto se incardina en el ilícito administrativo correspondiente.
Es cierto que, en ocasiones, la labor instructora será necesaria, especialmente cuando hay otros sujetos posiblemente involucrados en las actuaciones investigadas o es necesario precisar aspectos temporales para verificar la prescripción, pero de ello no se sigue que, en el acto final del procedimiento sancionador, deba calificarse como infracción un comportamiento que ya se sabe que no va a poder ser castigado.
De no ser así y, como en el supuesto que nos ocupa, en la resolución final del expediente sancionador se hace una declaración explícita de que se ha perpetrado la infracción, aunque, por prescripción, no se imponga castigo, puede existir un interés legítimo en quien no ha sido sancionado en discutir esta autoría por las consecuencias que ello es susceptible de generar en ámbitos que le son propios, repercutiendo, incluso, en la misma presunción de inocencia y en el derecho a rebatir la prueba de cargo tomada en consideración para afirmar dicha autoría.”
Y, finalmente, la sentencia aborda qué intereses pueden
resultar afectados por la declaración de haber cometido una infracción del
Derecho de la competencia:
“A.
Apreciaciones generales
En principio, como en cualquier otra materia, también en el Derecho de la competencia, verificar la afectación de los intereses del sujeto reputado infractor y, en concreto, de quien, pese a ello, no ha sido sancionado por la prescripción de la infracción, requiere un examen individualizado de las circunstancias concurrentes, puesto que sólo cuando aquel acredite que la atribución de la autoría menoscaba de una manera actual o futura, pero real, alguna de las facetas de sus ámbitos personales, familiares, sociales, profesionales o, en fin, económicos, se podrá constatar un interés legítimo para atacar en vía judicial la afirmación contenida en la resolución administrativa correspondiente.
En estos casos, la apreciación de la concurrencia de un interés legítimo no solo incluye aspectos fácticos, sino apreciaciones jurídicas en algunas de las cuales podemos detenernos, siquiera someramente.
Así, de la jurisprudencia que hemos relacionado anteriormente resulta que, en principio, es insuficiente el mero propósito de lavar la imagen o de restablecer el buen nombre en entredicho para la opinión pública o en unos entornos profesionales o domésticos, dado que no toda afectación de carácter negativo o desfavorable conlleva, necesariamente, la consideración de perjuicio a los efectos de reconocer la legitimación procesal.
No obstante, en el ámbito del Derecho de la competencia existen una pluralidad de campos o zonas de interés en las que puede incidir la afirmación de la realización de una conducta infractora, no sólo en el plano de los competidores, sino también de los consumidores, afectando a todo el entramado empresarial de la persona declarada autora de una infracción, suponiendo, entre otras posibles consecuencias, la pérdida de incentivos, de crédito mercantil y de imagen corporativa o personal, así como generando una obligación reparadora por el comportamiento declarado ilícito, pero no reprochado.
Esto último nos lleva a llamar la atención sobre las posibles consecuencias jurídicas de la atribución de la comisión de una infracción en el ámbito del Derecho de la competencia en ulteriores procesos en los que se ejerciten acciones resarcitorias contra la persona de quien se afirma que ha realizado una conducta anticompetitiva.
B. La
reclamación de daños y perjuicios por conductas infractoras del Derecho de la
competencia
Con ello llegamos al análisis de los artículos 75 y 76 LDC, en cuya virtud y, en lo que aquí interesa, en el ejercicio de acciones de responsabilidad extracontractual previstas en el artículo 1902 del Código Civil, se presume que las infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios, salvo prueba en contrario.
Nótese que esta presunción deriva de la atribución de la autoría de una infracción concreta al Derecho de la competencia -los cárteles- y despliega sus efectos, como presunción iuris tantum, en los requisitos exigibles para que nazca la obligación reparadora, no en el alcance de la reparación, como equivocadamente parece considerar la Sala de instancia. Esto es, la presunción se sitúa en un momento anterior al de la evaluación del daño, y ello al margen de que haya existido o no sanción, puesto que lo relevante es la afirmación de la comisión del ilícito.
En este punto, una mirada a la jurisprudencia civil revela la existencia de una pluralidad de sentencias recaídas en supuestos de reclamación de daños sobre la base de una decisión de la Comisión europea que reconoce prácticas colusorias infractoras del artículo 101 TFUE -cártel de los camiones- (entre las más recientes, sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2025 -recurso 65/2022-, que cita muchas precedentes).
En esta jurisprudencia encontramos alguna indicación muy útil para la cuestión que nos ocupa.
Por un lado, la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo no admite la aplicación de la presunción sobre la base del artículo 76.3 LDC, pero por razones temporales.
En efecto, los artículos 75 y 76 LDC, como todo el Título VI, "De la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia", fueron añadidos por el artículo tercero del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, que, entre otras cosas, incorporó al Derecho español de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. En concreto, es el apartado 2 del artículo 17 de la Directiva el que dispone que "Se presumirá que las infracciones de cárteles causan daños y perjuicios. Al infractor le asistirá el derecho a rebatir esa presunción".
Con
respecto a esta prevención normativa comunitaria, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en la sentencia de 22 de junio de 2022, Volvo y DAF Trucks
(C-267/20, EU:C:2022:494), ha declarado que:
"[...] El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que constituye una disposición sustantiva a efectos del artículo 22, apartado 1, de esta Directiva y de que en su ámbito de aplicación temporal no está comprendida una acción por daños que, aunque fue ejercitada con posterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones que transpusieron tardíamente dicha Directiva al Derecho nacional, se refiere a una infracción del Derecho de la competencia que finalizó antes de que expirara el plazo de transposición de tal Directiva."
Y la disposición transitoria primera del referido Real Decreto-ley 9/2017, establece que:
"Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia de acciones de daños resultantes de infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
1. Las previsiones recogidas en el artículo tercero de este Real Decreto-ley no se aplicarán con efecto retroactivo.
[...]"
Por tanto, en cualquier reclamación de daños por actuaciones ilícitas anteriores en el tiempo a la vigencia de la Directiva y del Real Decreto-ley no son aplicables los artículos 75 y 76 LDC.
Pero, por otro lado, la inaplicación de la presunción normativa por razones temporales no supone que deba descartarse cualquier otra incidencia en el ejercicio de acciones resarcitorias contra quien ha sido declarado autor de una conducta anticompetitiva, por más que no haya sido sancionado por ella.
La misma Sala de lo Civil de este Alto Tribunal, aunque, insistimos, en relación con un supuesto específico -el referido cártel de los camiones-, rechaza la aplicación de la presunción contenida en el artículo 76.2 LDC, pero supone la existencia del daño y de la relación de causalidad atendiendo a las declaraciones contenidas en la Decisión de la Comisión y a las circunstancias del caso, a saber, "la prolongada duración del cártel, su amplia extensión geográfica y la elevada cuota de mercado afectada", incluyendo también "la naturaleza de los acuerdos colusorios", centrando el daño en el "sobreprecio" abonado por los compradores.
Es decir, al margen de las previsiones normativas sobre la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia, en el ejercicio de las acciones de resarcimiento puede tener una influencia determinante la declaración de que un sujeto ha cometido una infracción del Derecho de la competencia y los términos en que tal aseveración se formula.
Por lo demás, una vez constatada la concurrencia de los requisitos exigidos para el nacimiento de la obligación reparadora, la cuestión se traslada a su alcance, esto es, a la valoración del daño, evidenciándose así que, como hemos expuesto, se trata de dos planos diferentes y sucesivos.”
En “Conclusión” la sentencia
afirma que “No ofrece duda a esta Sala que la declaración de haber cometido
una infracción del Derecho de la competencia puede causar lesiones jurídicas de
distinta índole y en distintos campos de intereses a quien se reputa su autor,
aunque no siga la imposición de la sanción correspondiente, por la prescripción
de dicha infracción.
Esta valoración es la que va a permitir afirmar o negar la existencia de un interés legítimo para impugnar en vía judicial la resolución administrativa que, pese a no ser sancionadora para el sujeto, sí declara que ha cometido la infracción prevista en las normas sobre competencia”.
Debemos partir del art. 24.1 de la Constitución, a cuyo tenor “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Así, el art. 19.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su redacción vigente, enuncia quiénes están legitimados (activamente) en lo contencioso-administrativo: “Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo…”.
Así, la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2026 (RC 6878/2024) es la siguiente:
"[...] la prescripción penal, institución de larga tradición histórica y generalmente aceptada, supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo, que encuentra también fundamento en principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal; a lo que añadíamos que dicho instituto «en general, encuentra su propia justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica»."
Por otro lado, a la legitimación del acceso al recurso de casación del acusado absuelto por, precisamente, prescripción del delito.
Así, en la sentencia 41/1998, de 24 de febrero, explica que:
"[...] es cierto que, como regla general, la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige para recurrir una específica legitimación, que viene determinada por la existencia de un gravamen causado u originado por la Sentencia que se impugna; por lo que no admite, en principio, impugnaciones por parte del acusado contra pronunciamientos absolutorios. Sin embargo, esta regla general no es absoluta. La propia jurisprudencia admite excepciones, como es el caso de Sentencias que declaran cometido un hecho punible por el acusado, pero terminan absolviéndolo por prescripción del delito, por indulto o por otra razón ajena a los hechos cometidos (como muestra la Sentencia del T.S. 3 julio 1991 ). Y hay que subrayar que esa excepción tiene un sustrato constitucional, como acredita nuestra STC 79/1987 , en la que otorgamos el amparo a quien había visto inadmitido su recurso de casación, intentado contra un fallo que lo había absuelto por razón de un indulto, tras declarar probada su participación en un delito de estafa.]".
También la sentencia 157/2003, de 15 de septiembre, que se cita en el escrito de interposición, trata del tema que nos interesa diciendo:
"[...] no parece que pueda discutirse que para que proceda utilizar un recurso contra una resolución judicial es preciso que la misma genere un perjuicio para el recurrente. Entendido así, la configuración del gravamen como presupuesto de un recurso (con independencia de la concreta naturaleza jurídica de tal presupuesto y, en particular, de su relación con la legitimación para recurrir) resulta constitucionalmente inobjetable [...].
Ahora bien, tal consideración no resuelve la cuestión aquí planteada. El verdadero núcleo de la misma se halla en la determinación de si es preciso, como presupuesto del recurso, que el perjuicio que el recurrente sufra derive precisamente de la parte dispositiva de la resolución judicial. Y, como hemos adelantado, nuestro sistema procesal no permite mantener semejante solución. En este sentido, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que es perfectamente imaginable la existencia de supuestos en los que las declaraciones de la resolución judicial, contenidas en su fundamentación jurídica, generen un perjuicio para el recurrente, con independencia absoluta del contenido de tal parte dispositiva. Y, sobre esta base, no existe razón alguna para negar, con carácter general, que la vía de los recursos pueda ser utilizada para la impugnación de aquellas declaraciones, so pretexto de una pretendida concepción de los recursos como limitados a aquellas pretensiones que tengan por objeto la alteración de la parte dispositiva de la resolución judicial recurrida, concepción limitada que no encuentra un fundamento jurídico que la sostenga, máxime teniendo en cuenta que con la misma se están restringiendo las posibilidades de tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas y, en consecuencia, afectando a un derecho fundamental de las mismas, el reconocido en el art. 24.1 CE .
Igualmente, y con cita de la anterior, la sentencia 27/2009, de 26 de enero, se refiere a dicha cuestión cuando expone que:
"[...] la determinación, en cada caso concreto, de si la resolución judicial impugnada causa o no efectivamente un perjuicio al recurrente dependerá de las específicas circunstancias presentes en el caso, debiendo tenerse en cuenta que no toda afectación de carácter negativo o desfavorable para aquél merecerá necesariamente la consideración de perjuicio a los efectos de reconocer su correspondiente legitimación para el recurso, pudiendo exigirse que tal afectación reúna determinada intensidad o caracteres (STC 157/2003, de 15 de septiembre , FJ 8).
- Por lo demás, terminaremos destacando en este apartado la doctrina que, en cuanto al acceso a la tutela de los jueces y tribunales, mantiene el Tribunal Constitucional respecto al derecho a ser parte en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas (sentencias 220/1993, de 30 de junio; 34/1994, de 31 de enero; o 140/2018, de 20 de diciembre, entre otras), rigiendo el principio pro actione, en cuya virtud han de aplicarse las normas que regulan los requisitos y los presupuestos procesales evitando cualquier exceso formalista (por todas, sentencia 118/2024, de 25 de septiembre), aunque dicho principio no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas instancias, conseguida una primera respuesta judicial a la pretensión (sentencia 181/2001, de 17 de septiembre, entre muchas)”.
La Sala de lo Penal de este Alto Tribunal se ha pronunciado en algunas ocasiones sobre la legitimación de un acusado absuelto, eso sí, para interponer recurso contra la sentencia absolutoria.
De entre las distintas sentencias que se han ocupado del tema citaremos la de 19 de noviembre de 2014 (recurso 952/2014), que analiza la sentencia del Tribunal Constitucional 79/1987, de 27 de mayo, antes mencionada, y expone que:
"Como recuerda el TC en la citada Sentencia: con independencia de la forma expositiva de los pronunciamientos judiciales, éstos son conclusiones no aislables, sino íntimamente ligadas con las premisas que las determinan. Ello significa que, como sostiene el Ministerio Fiscal, no es lo mismo ser absuelto por no haber cometido un delito que ser absuelto por la aplicación de un indulto, pues, de admitirse esta absolución, no con ello quedan satisfechos todos los intereses que se conectan con el valor constitucional de la inocencia; afecta no sólo a la condena penal misma, sino también a la no consideración de reo de un delito y, por ello, al juicio mismo sobre la inocencia o la no existencia de la imputación del delito, para justificar la existencia del interés en recurrir.
Entre los criterios a atender para decidir sobre esa admisibilidad cabe enumerar con esa decisión constitucional: a) la trascendencia de la sentencia en su totalidad en relación al derecho al honor, presente en un precepto como el artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; b) cuando pese a la absolución contuviera una declaración de culpabilidad de un delito; c) la discusión en fase de recurso de la tesis de los acusadores particulares sobre la premisa de la existencia y punibilidad del delito, sin poder combatir ésta, como en el caso de admitir el debate limitado a la penalidad correspondiente a un delito y rechazar a limine la discusión sobre la existencia de éste y d) atendiendo a la influencia de la acción penal sobre la civil por razón de las reglas sobre cosa juzgada penal aún cuando se quisiera negar vinculación con ella, pese a que el proceso penal concluya con pronunciamiento absolutorio de fondo.
Si se pone de relieve esta influencia del proceso penal y de lo en él decidido en procesos civiles posteriores, no es difícil comprender que existe un perjuicio para el solicitante de amparo con la sentencia de instancia, pese a ser absuelto, y por ello ha de reconocérsele interés en recurrir para instar la revisión de lo resuelto en un determinado sentido. La existencia de este interés es especialmente relevante en un supuesto como el de autos en que la sentencia penal se pronuncia sobre la existencia de hechos de los que surge una responsabilidad penal, declarada extinguida por prescripción, y una responsabilidad civil sobre la que remite a un proceso posterior en la vía civil.
En tal caso habrá de reconocerse al imputado un interés a que, en vía de recurso, se revisen los hechos declarados probados y la calificación de tales hechos como ilícitos."
También, la sentencia de 29 de junio de 2018 (recurso 2364/2017), pues, con mención de otras sentencias anteriores, dice que:
"Son varias las sentencias de esta Sala que en casos similares en que se describen como probados unos hechos que incriminan al acusado y que resultan subsumibles en un tipo penal, se dicta un fallo absolutorio debido a que se declara la prescripción del delito. Pese a lo cual, se acaba considerando que el mero de hecho de considerar fácticamente autor del delito al acusado contiene base suficiente para integrar un gravamen legitimador de la interposición del recurso de casación con el fin de impugnar la premisa fáctica en la que se describe la autoría del acusado con respecto a los hechos que se le imputaban."
En el mismo sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2022 (recurso 3971/2020) explica que:
"Hay que señalar, también, que el recurrente fue absuelto, lo que daría lugar a la directa inadmisión del recurso, ya que no existe en la sentencia una afectación directa del recurrente que le pueda otorgar legitimación para recurrir cuando la sentencia le es favorable. Cabría hacerlo en el caso de que existiera algún pronunciamiento que le acarreara un perjuicio objetivable y evidente que le permitiera postular de la Sala un pronunciamiento expreso que le legitimara para la acción de interponer un recurso, pero no es admisible acudir a la vía impugnatoria directa porque el absuelto no puede hacerlo sin un «interés concreto» derivado de la sentencia."
La sentencia de 9 de febrero de 2023 (recurso 1363/2021) resume el criterio que sigue la Sala al exponer que:
"Previamente debemos plantearnos la legitimación para recurrir del acusado absuelto pues por principio general el absuelto carece de legitimación precisamente porque la absolución no produce perjuicio o gravamen. La ausencia de gravamen es por lo que el Tribunal Supremo ha negado, en principio, legitimación para recurrir al acusado absuelto, porque la legitimación del recurrente debe venir determinada por el carácter desfavorable que la resolución judicial presente para quien impugna por esta vía."
Si bien, con cita de otras sentencias de la misma Sala, añade que:
"[...] el perjuicio o gravamen no deriva siempre, y en todo caso, de una sentencia condenatoria, ya que el gravamen típico que permite el recurso puede existir aun cuando el acusado fuera absuelto en la sentencia.
El primer presupuesto concreto de legitimación del acusado absuelto es el caso en el que la absolución venga determinada por la declaración de prescripción de los hechos y la sentencia contenga afirmaciones fácticas que puedan ser consideradas lesivas para el recurrente.
[...] En el caso presente la absolución lo fue por aplicación del instituto de la prescripción del delito, y el recurrente señala que en los hechos probados y en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia se recogen una serie de afirmaciones que, por un lado, afectan a la honorabilidad [...].
De otro lado, también le afecta desde una perspectiva económica, pues no podrá pedir al Cabildo [...], teniendo en cuenta la relación de Hechos declarados como probados y el contenido de los Fundamentos de Derecho, que satisfaga los gastos habidos durante la sustanciación del procedimiento penal [...].
Entendemos, por ello, que hay un interés evidente en el acusado, no solo de contenido moral, sino también económico, que justifica el que tengamos que considerarlo como legitimado para plantear el presente recurso de casación."
Estos criterios son resumidos en la sentencia de 18 de diciembre de 2024 (recurso 4331/2022) en el sentido de que:
"Para que esa legitimación pueda reconocerse será preciso que en el supuesto examinado concurran circunstancias de entidad suficiente como para no poder descartar, a priori, la existencia de un gravamen real, cierto y actual para el recurrente, en su esfera personal o patrimonial, que derive directa y objetivamente de la fundamentación jurídica de esa sentencia estimatoria. En el bien entendido de que el referido gravamen tendrá que derivar directamente de declaraciones de la sentencia que tengan por ciertos y acreditados determinados datos o apreciaciones, no siendo suficiente a tal efecto pretender afirmar la concurrencia del gravamen con base exclusiva en meras argumentaciones discursivas o hipotéticas que la sentencia pudiera contener."
No obstante, como advierte la sentencia de 27 de septiembre de 2023 (recurso 5629/2021):
"la legitimación del acusado absuelto para recurrir no se extiende a todo el contenido de la sentencia, esto es, a aquellos pronunciamientos que no generan gravamen, sino solo a aquellas cuestiones de las que, aun habiendo sido absuelto, pudiera derivarse su culpabilidad (SSTC 41/98 de 24 de febrero y 157/03 de 15 de septiembre y STS de 8 de junio de 2005 [...]), y ello porque el gravamen se encontrará en las consideraciones que puedan generarle perjuicio."
Así, debemos referirnos a los autos de 5 de junio y de 5 de diciembre de 2019 (recursos de queja números 124/2019 y 481/2019, respectivamente), invocados en la sentencia aquí impugnada, bien que referidos a la posibilidad de que el demandante pueda recurrir en casación sentencias que, en la instancia, estimaron el recurso contencioso-administrativo.
El auto de 5 de junio de 2019, al que se remite el de 5 de diciembre siguiente, recuerda que, en principio, la jurisprudencia, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 448.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mantiene que la parte que ha ganado un pleito carece de legitimación para impugnar la sentencia.
Pero añade que:
"[...] aun siendo cierto que no hay motivos para reconsiderar con carácter general la vigencia de esta doctrina jurisprudencial emanada de la Sala Tercera, nada impide que la aplicabilidad de la misma puede ser exceptuada con carácter singular y casuístico cuando, aun siendo estimatorio el fallo de la sentencia recurrida en casación, su fundamentación jurídica ocasione al recurrente un gravamen real, actual y directo.
En este sentido, es importante precisar que el gravamen que justificaría la aplicación de la excepción es algo conceptualmente distinto del mero interés por la legalidad que pudiera tener el recurrente o de la simple discrepancia que pudiera mantener éste con las declaraciones incorporadas a la referida fundamentación; y, asimismo, que tampoco podría entenderse justificada la aplicación de la excepción cuando el gravamen alegado por el recurrente fuera, en realidad, meramente hipotético, potencial, abstracto o conjetural."
Con cita de sentencias del Tribunal Constitucional y de otras de las Salas Segunda, Cuarta y Quinta de este Tribunal Supremo, explica -insistimos que en relación con la posibilidad de recurrir en casación quien ha obtenido en la instancia un fallo estimatorio, íntegramente anulatorio del acto administrativo sancionador impugnado en el proceso- que:
"[...] aun cuando esta es una cuestión fuertemente ligada a la valoración circunstanciada de cada asunto en que el problema se suscite, podemos afirmar que, en principio, la legitimación para impugnar en casación sentencias estimatorias no existe cuando al recurrente sólo le guían en tal empeño valoraciones subjetivas, entre las que -a título de ejemplo- podemos citar cuestiones como su desacuerdo con las razones jurídicas expuestas por el órgano judicial de instancia, o el prurito de tener razón ligado a la defensa del prestigio profesional. Tampoco son título suficiente a tal efecto las simples conjeturas sobre eventuales consecuencias perjudiciales (por ejemplo, hipotéticas responsabilidades civiles o disciplinarias) que pudieran derivarse para el interesado como consecuencia de lo dicho en la fundamentación jurídica de la sentencia estimatoria que se pretende impugnar.
Para que esa legitimación pueda reconocerse [...] será preciso que en el supuesto examinado concurran circunstancias de entidad suficiente como para no poder descartar, a priori, la existencia de un gravamen real, cierto y actual para el recurrente, en su esfera personal o patrimonial, que derive directa y objetivamente de la fundamentación jurídica de esa sentencia estimatoria. En el bien entendido de que el referido gravamen tendrá que derivar directamente de declaraciones de la sentencia que tengan por ciertos y acreditados determinados datos o apreciaciones, no siendo suficiente a tal efecto pretender afirmar la concurrencia del gravamen con base exclusiva en meras argumentaciones discursivas o hipotéticas que la sentencia pudiera contener.
Por ello, como quiera que en la estructura formal de las sentencias contencioso-administrativas no existe -a la diferencia de las penales- un apartado específico dedicado a la declaración de hechos probados, resultará inevitable el examen casuístico de cada resolución judicial, a fin de esclarecer si su fundamentación jurídica incorpora una declaración con la fuerza expresada que permita, en ese supuesto, reconocer al interesado la legitimación para recurrir en casación."
Aplicando los anteriores razonamientos al caso examinado, estima el recurso de queja ya que:
"[...] aun cuando el fallo estimatorio de la sentencia ciertamente anula el acto, lo hace dejando antes materialmente subsistentes los aspectos esenciales del reproche sancionador que se había dirigido al recurrente, esto es, los hechos subyacentes constitutivos de infracción, su calificación jurídica, el juicio sobre la culpabilidad del interesado y la sanción que debería corresponderle."
Por el contrario, el auto de 5 de diciembre de 2019 desestima el recurso de queja al aplicar el criterio general, puesto que:
"El recurrente se limita a insistir en la importancia del tema de fondo a que se refiere, pero lo hace desde un punto de vista genérico, sin poner de manifiesto en ningún momento la existencia de un gravamen real y directo, referido a su propia persona, que pudiera haber sostenido su legitimación para recurrir una sentencia que, al fin y al cabo, ha sido estimatoria de su recurso y anulatoria del acto impugnado."
El presupuesto del que tenemos que partir para dar respuesta a la cuestión de interés casacional consiste en que una resolución administrativa declara la participación en una infracción de las reglas de Derecho de la competencia -atribuye la autoría o la co-autoría de la comisión de la infracción-, pero no impone la sanción que correspondería por apreciar que dicha infracción ha prescrito.
Conviene detenernos en este concreto presupuesto para luego proyectar sobre el mismo los criterios constitucionales y jurisprudenciales respecto de la legitimación.
Así, cabe hacer notar que la constatación de la comisión de la infracción puede efectuarse tanto en la fundamentación fáctica como jurídica de la resolución y, por supuesto, en la parte dispositiva. Esto es indiferente a los efectos que nos interesan, dado que lo relevante es, no la sola imputación de una actuación anticompetitiva, sino la afirmación de que la conducta desplegada por el sujeto expedientado y acreditada en el expediente se incardina en el ilícito administrativo previsto en la norma, sólo que no se castiga debido al tiempo transcurrido desde que se realizaron los hechos constitutivos del tipo.
Por tanto, en el ejercicio del ius puniendi en el Derecho administrativo sancionador deben diferenciarse dos planos: en primer término, el relativo a la infracción, en el que se acredita que se reúnen todos los elementos, objetivos y subjetivos, de la infracción prevista en la norma, es decir, de la actuación que el ordenamiento jurídico entiende reprochable; y, en segundo término, consecuencia del anterior, pues sin él no podría tener lugar, el referente a la sanción, que constituye la corrección o el castigo por la realización de la falta, cuya determinación ha de efectuarse atendiendo a los criterios también normativamente establecidos, pero distintos.
Luego la ausencia de una sanción administrativa tras seguirse el procedimiento que corresponda no implica, sin más, que, para el órgano administrativo sancionador, no se haya cometido una infracción o, más aún, que no se haya acreditado su realización, que es lo que, por el contrario, parece sostener la parte recurrida al considerar que la extinción de una eventual responsabilidad, en concreto, por prescripción de la infracción, supone que "no existe infracción administrativa constatada" ni "afirmación alguna de culpabilidad".
Hay que rechazar esta confusión entre los dos planos indicados, ya que, si bien sin infracción no puede imponerse sanción, cabe perfectamente que, afirmada la infracción, no se imponga sanción, debido, en palabras del Tribunal Constitucional antes reproducidas, y entre otras posibles causas, a la "autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo".
En definitiva, el presupuesto de nuestro examen consiste en que una resolución administrativa que pone fin a un procedimiento sancionador tiene por acreditada, y así lo hace constar, la realización por un sujeto determinado de una conducta que reúne todos los elementos de un concreto tipo administrativo, pero no impone ninguna sanción al que reputa su autor debido a la lejanía en el tiempo de la actuación”.
Esos efectos positivos o negativos pueden concurrir si prospera la impugnación judicial de una resolución administrativa que constata y declara la participación de determinado sujeto en una infracción del Derecho de la competencia, pero que, para dicho sujeto, archiva las actuaciones por prescripción.
Es cierto que, como regla general, cabe sostener que quien no ha sido sancionado administrativamente carece de interés en que se revise jurisdiccionalmente tal decisión, sin ostentar legitimación activa, pues la sentencia que pusiera fin al proceso contencioso-administrativo no parece que le pudiera originar algún beneficio o perjuicio, dada la configuración de esta jurisdicción, los pronunciamientos que pueden hacer los Tribunales y la ausencia de sanción en el acto administrativo que se quiere impugnar.
Sin embargo, esta regla general admite excepciones, dado que, si bien de la parte dispositiva del acto administrativo que no impone sanción es difícil deducir efectos negativos y, mucho menos, positivos para el afectado, ya hemos indicado que a lo largo de dicho acto, especialmente en la fundamentación fáctica y jurídica con la que se llega a aquella conclusión pueden existir afirmaciones que incidan directamente en la esfera personal, familiar o patrimonial del afectado y, lo que es más importante, sean susceptibles de causar una lesión jurídica.
Ello puede llegar a ocurrir, especialmente, cuando se constata y se afirma la comisión de una infracción, pero no se impone sanción alguna por concurrir alguna causa legalmente establecida para ello, como por haber prescrito la infracción.
La prescripción de la infracción supone que el ordenamiento jurídico impide la punición por el tiempo transcurrido desde que tuvo lugar la conducta, lo que, si así se aprecia sin dificultad, hace innecesario indagar en si el proceder el sujeto se incardina en el ilícito administrativo correspondiente.
Es cierto que, en ocasiones, la labor instructora será necesaria, especialmente cuando hay otros sujetos posiblemente involucrados en las actuaciones investigadas o es necesario precisar aspectos temporales para verificar la prescripción, pero de ello no se sigue que, en el acto final del procedimiento sancionador, deba calificarse como infracción un comportamiento que ya se sabe que no va a poder ser castigado.
De no ser así y, como en el supuesto que nos ocupa, en la resolución final del expediente sancionador se hace una declaración explícita de que se ha perpetrado la infracción, aunque, por prescripción, no se imponga castigo, puede existir un interés legítimo en quien no ha sido sancionado en discutir esta autoría por las consecuencias que ello es susceptible de generar en ámbitos que le son propios, repercutiendo, incluso, en la misma presunción de inocencia y en el derecho a rebatir la prueba de cargo tomada en consideración para afirmar dicha autoría.”
En principio, como en cualquier otra materia, también en el Derecho de la competencia, verificar la afectación de los intereses del sujeto reputado infractor y, en concreto, de quien, pese a ello, no ha sido sancionado por la prescripción de la infracción, requiere un examen individualizado de las circunstancias concurrentes, puesto que sólo cuando aquel acredite que la atribución de la autoría menoscaba de una manera actual o futura, pero real, alguna de las facetas de sus ámbitos personales, familiares, sociales, profesionales o, en fin, económicos, se podrá constatar un interés legítimo para atacar en vía judicial la afirmación contenida en la resolución administrativa correspondiente.
En estos casos, la apreciación de la concurrencia de un interés legítimo no solo incluye aspectos fácticos, sino apreciaciones jurídicas en algunas de las cuales podemos detenernos, siquiera someramente.
Así, de la jurisprudencia que hemos relacionado anteriormente resulta que, en principio, es insuficiente el mero propósito de lavar la imagen o de restablecer el buen nombre en entredicho para la opinión pública o en unos entornos profesionales o domésticos, dado que no toda afectación de carácter negativo o desfavorable conlleva, necesariamente, la consideración de perjuicio a los efectos de reconocer la legitimación procesal.
No obstante, en el ámbito del Derecho de la competencia existen una pluralidad de campos o zonas de interés en las que puede incidir la afirmación de la realización de una conducta infractora, no sólo en el plano de los competidores, sino también de los consumidores, afectando a todo el entramado empresarial de la persona declarada autora de una infracción, suponiendo, entre otras posibles consecuencias, la pérdida de incentivos, de crédito mercantil y de imagen corporativa o personal, así como generando una obligación reparadora por el comportamiento declarado ilícito, pero no reprochado.
Esto último nos lleva a llamar la atención sobre las posibles consecuencias jurídicas de la atribución de la comisión de una infracción en el ámbito del Derecho de la competencia en ulteriores procesos en los que se ejerciten acciones resarcitorias contra la persona de quien se afirma que ha realizado una conducta anticompetitiva.
Con ello llegamos al análisis de los artículos 75 y 76 LDC, en cuya virtud y, en lo que aquí interesa, en el ejercicio de acciones de responsabilidad extracontractual previstas en el artículo 1902 del Código Civil, se presume que las infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios, salvo prueba en contrario.
Nótese que esta presunción deriva de la atribución de la autoría de una infracción concreta al Derecho de la competencia -los cárteles- y despliega sus efectos, como presunción iuris tantum, en los requisitos exigibles para que nazca la obligación reparadora, no en el alcance de la reparación, como equivocadamente parece considerar la Sala de instancia. Esto es, la presunción se sitúa en un momento anterior al de la evaluación del daño, y ello al margen de que haya existido o no sanción, puesto que lo relevante es la afirmación de la comisión del ilícito.
En este punto, una mirada a la jurisprudencia civil revela la existencia de una pluralidad de sentencias recaídas en supuestos de reclamación de daños sobre la base de una decisión de la Comisión europea que reconoce prácticas colusorias infractoras del artículo 101 TFUE -cártel de los camiones- (entre las más recientes, sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2025 -recurso 65/2022-, que cita muchas precedentes).
En esta jurisprudencia encontramos alguna indicación muy útil para la cuestión que nos ocupa.
Por un lado, la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo no admite la aplicación de la presunción sobre la base del artículo 76.3 LDC, pero por razones temporales.
En efecto, los artículos 75 y 76 LDC, como todo el Título VI, "De la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia", fueron añadidos por el artículo tercero del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, que, entre otras cosas, incorporó al Derecho español de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. En concreto, es el apartado 2 del artículo 17 de la Directiva el que dispone que "Se presumirá que las infracciones de cárteles causan daños y perjuicios. Al infractor le asistirá el derecho a rebatir esa presunción".
"[...] El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que constituye una disposición sustantiva a efectos del artículo 22, apartado 1, de esta Directiva y de que en su ámbito de aplicación temporal no está comprendida una acción por daños que, aunque fue ejercitada con posterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones que transpusieron tardíamente dicha Directiva al Derecho nacional, se refiere a una infracción del Derecho de la competencia que finalizó antes de que expirara el plazo de transposición de tal Directiva."
Y la disposición transitoria primera del referido Real Decreto-ley 9/2017, establece que:
"Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia de acciones de daños resultantes de infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
1. Las previsiones recogidas en el artículo tercero de este Real Decreto-ley no se aplicarán con efecto retroactivo.
[...]"
Por tanto, en cualquier reclamación de daños por actuaciones ilícitas anteriores en el tiempo a la vigencia de la Directiva y del Real Decreto-ley no son aplicables los artículos 75 y 76 LDC.
Pero, por otro lado, la inaplicación de la presunción normativa por razones temporales no supone que deba descartarse cualquier otra incidencia en el ejercicio de acciones resarcitorias contra quien ha sido declarado autor de una conducta anticompetitiva, por más que no haya sido sancionado por ella.
La misma Sala de lo Civil de este Alto Tribunal, aunque, insistimos, en relación con un supuesto específico -el referido cártel de los camiones-, rechaza la aplicación de la presunción contenida en el artículo 76.2 LDC, pero supone la existencia del daño y de la relación de causalidad atendiendo a las declaraciones contenidas en la Decisión de la Comisión y a las circunstancias del caso, a saber, "la prolongada duración del cártel, su amplia extensión geográfica y la elevada cuota de mercado afectada", incluyendo también "la naturaleza de los acuerdos colusorios", centrando el daño en el "sobreprecio" abonado por los compradores.
Es decir, al margen de las previsiones normativas sobre la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia, en el ejercicio de las acciones de resarcimiento puede tener una influencia determinante la declaración de que un sujeto ha cometido una infracción del Derecho de la competencia y los términos en que tal aseveración se formula.
Por lo demás, una vez constatada la concurrencia de los requisitos exigidos para el nacimiento de la obligación reparadora, la cuestión se traslada a su alcance, esto es, a la valoración del daño, evidenciándose así que, como hemos expuesto, se trata de dos planos diferentes y sucesivos.”
Esta valoración es la que va a permitir afirmar o negar la existencia de un interés legítimo para impugnar en vía judicial la resolución administrativa que, pese a no ser sancionadora para el sujeto, sí declara que ha cometido la infracción prevista en las normas sobre competencia”.
