jueves, 11 de abril de 2019

La cuestión prejudicial europea y el recurso de amparo


 
El artículo 267  del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dispone que  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a).- Sobre la interpretación de los Tratados; b).- Sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal (…)”.

No procede sin embargo el planteamiento de la cuestión en los supuestos de "acto claro" o “acto aclarado”, cuando el problema interpretativo está perfectamente claro, de acuerdo con la máxima "in claris non fit interpretatio" (aunque, en rigor, la interpretación, esto es, alcanzar el sentido de una norma, se produce también aun en el supuesto de que la norma sea clara y no deje lugar a dudas, pues el convencimiento de ello exige una labor interpretativa, siquiera sea somera). La doctrina del acto claro, procedente del Derecho francés, es consagrada singularmente por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1982 (Asunto CILFIT, nº 283/81), admitiendo que no se plantee la cuestión prejudicial cuando el esclarecimiento de la cuestión no sea determinante del fallo del litigio, cuando el tribunal comunitario haya decidido el problema que se plantee en otro procedimiento o cuando no exista una duda razonable sobre la interpretación de la norma comunitaria aplicable al litigio, resultando evidente su correcta aplicación .

Aplica por ejemplo esta doctrina la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2019 (Rec. 562/2017), que recuerda que, por excepción, puede dejar de plantearse la cuestión, incluso cuando no quepa ulterior recurso en Derecho interno, cuando la disposición del Derecho de la Unión de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o cuando la correcta aplicación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna. Para ello, el TJUE declara también que la concurrencia de tales excepciones debe apreciarse en función de las características propias del Derecho de la Unión, de las dificultades particulares que presenta su interpretación y del riesgo de divergencias de jurisprudencia dentro de la Unión (SSTJUE, entre otras, de 6 de octubre de 1982, Srl CILFIT y otros y Lanificio di Gavardo SpA contra Ministero della sanità, C-283/81, apartado 21; y de 9 de septiembre de 2015, Inspecteur van Rijksbelastingdienst y Staatssecretaris van Financiën, C-72/14 y C-197/14, apartados 55, 58 y 59).  En estos dos últimos apartados de la segunda de las sentencias citadas se dice también que la jurisprudencia derivada de la sentencia CILFIT y otros atribuye exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional la misión de apreciar si la correcta aplicación del Derecho de la Unión es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y, consecuentemente, la de decidir no plantear al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión que se ha suscitado ante él (STJUE Intermodal Transports, C 495/03, apartado 37 y jurisprudencia citada). Y que, en consecuencia, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno apreciar, bajo su responsabilidad y de manera independiente, si se hallan en presencia de un acto claro.

Ahora bien, la igualmente reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de marzo de 2019, recaída en el recurso de amparo 593/2017, aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (en este caso de la Administración General del Estado) en cuanto el Tribunal Supremo inaplica la normativa nacional sobre el régimen de financiación del bono social eléctrico en función de la doctrina del tribunal europeo relativa a cuestiones semejantes pero no idénticas sin plantear cuestión ante el TJUE, debiendo el Supremo elevar dicha cuestión pues no concurre la excepción del acto claro o aclarado.




Francisco García Gómez de Mercado
Abogado