martes, 28 de mayo de 2019

Indefensión por notificación judicial electrónica a una empresa demandada


Sabemos que Procuradores y Abogados deben estar pendientes de las notificaciones electrónicas, siendo suficiente la comunicación por vía LexNet o equivalente autonómico.

Por otro lado, en el procedimiento administrativo, el art. 41 LPAC señala que “Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía”. La notificación electrónica no es, pues, obligatoria en términos generales, sino que debe ser impuesta o aceptada. A estos efectos, “Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”.De este modo, con la LPAC basta una norma reglamentaria para la imposición de la obligatoriedad de la notificación electrónica, como ya había establecido la Ley 11/2007. Con todo en ocasiones -se había adoptado mediante disposición legal, por ejemplo, la Disposición Adicional 19ª de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, o la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.
 
Pero no existe una obligación generalizada para los interesados o justiciables de recibir comunicaciones electrónicas.


Ahora el Tribunal Constitucional, en Sentencia 47/2019, de 8 de abril (Rec. 5693/2017) anula, por indefensión, las actuaciones seguidas por el Juzgado de lo Social que notificó la demanda a la empresa mediante comunicación a su dirección electrónica habilitada. Dice así:

Una vez reflejado el marco normativo y la doctrina constitucional, a continuación procederemos a dilucidar si, en efecto, las actuaciones impugnadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante (art. 24.1 CE). No obstante, previamente procede efectuar unas consideraciones preliminares sobre la metodología que vamos a seguir. Primeramente, advertimos de la oportunidad de realizar un examen previo de la argumentación dada en el auto que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, con sujeción al canon que hemos establecido para resolver sobre el carácter fundado en Derecho de las resoluciones judiciales. A diferencia de otros supuestos enjuiciados por este tribunal, en los que principalmente se resolvía sobre la adecuación constitucional de la comunicación edictal, modalidad esta de carácter residual y de eficacia harto limitada, en el presente caso nuestro pronunciamiento atañe a un acto de comunicación efectuado en la dirección electrónica habilitada de la interesada, es decir, que ha sido realizado por un medio electrónico, telemático o semejante; lo cual, tras las últimas reformas legislativas, constituye la vía de comunicación bidireccional ordinaria entre la administración de justicia y las personas y entidades obligadas a servirse de esos medios tecnológicos. Por tanto, se impone realizar un análisis de la fundamentación expuesta en el auto de fecha 5 de octubre de 2017, a fin de verificar si los razonamientos dados para justificar la forma de comunicación procesal llevada a cabo se ajustan al parámetro de razonabilidad fijado por este Tribunal en relación con el derecho reconocido en el art. 24.1 CE, teniendo en cuenta que se trata de la primera citación o emplazamiento del demandado aún no personado. Seguidamente, resolveremos sobre si la actividad procesal desarrollada se acomoda a las exigencias derivadas del deber de asegurar que el acto de comunicación sirva a su principal propósito; esto es, garantizar que la parte pueda acceder al proceso. Y en un fundamento jurídico posterior examinaremos los alegatos opuestos por la codemandada para refutar la vulneración del aludido derecho fundamental, al considerar que la indefensión alegada en la demanda es imputable a la propia demandante.

a) Expuesta la metodología a seguir, resulta oportuno evocar resumidamente los razonamientos dados para desestimar el incidente de nulidad: i) En el fundamento jurídico segundo se enuncian las modalidades que la Ley reguladora de la jurisdicción social (arts. 53.1 y 55) prevé para llevar a cabo las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos, comenzando por su realización en el propio local de la oficina judicial, si allí comparecieran por su propia iniciativa los interesados; alternativamente, su práctica mediante correo certificado con acuse de recibo, en el domicilio señalado en la demanda o a través de medios electrónicos, telemáticos o de otra clase semejante; y con carácter residual, ante el fracaso de las anteriores opciones y cuando se desconozca el domicilio del afectado, señala la posibilidad de acudir a la comunicación edictal. ii) En relación con la modalidad de comunicación a través de medios telemáticos, la juzgadora afirma que su régimen jurídico aparece regulado en los arts. 53.2 LJS, 162 LEC; 230 y 271 LOPJ; 3 de la Ley 59/2003; y en el Real Decreto 1065/2015. Sostiene, a continuación, que ese tipo de comunicación se debe practicar cuando los sujetos intervinientes estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la administración de justicia o, en su caso, opten por esos medios sin estar obligados. iii) Conforme a lo dispuesto en el art. 273.3 a) LEC, las personas jurídicas están obligadas a intervenir a través de medios electrónicos con la administración de justicia; y el art. 22 del Real Decreto 1065/2015 establece que, a través de la sede judicial electrónica, podrán realizarse los actos de comunicación de los órganos y oficinas judiciales mediante la dirección electrónica habilitada. iv) Descendiendo al caso, afirma que Meka Block, S.A.U., fue notificada en su dirección electrónica sin que conste que esta última hubiera revocado esa dirección. Luego explica que, según acredita el sistema, la citación se efectuó correctamente y consta recibida en destino; y que si bien no fue retirada por la mercantil, transcurridos tres días hábiles desde su correcta remisión, se ha de entender que el acto de comunicación se efectuó con plenitud de efectos procesales. v) Por todo ello, considera que las citaciones para los actos de conciliación y vista se han practicado conforme a la normativa vigente y han sido efectivas, sin que quepa apreciar ningún defecto procesal que determine la nulidad interesada por la parte.

A la vista de lo expuesto, la primera consideración que cabe formular atañe al error que supone atribuir a lo dispuesto en los arts. 53.1 y 55 LJS la facultad de efectuar los actos de comunicación a través de medios electrónicos, telemáticos o de otra clase semejante, como modo alternativo a la utilización del correo certificado con acuse de recibo en el domicilio señalado. Ninguno de esos artículos contiene una previsión de ese tipo; por el contrario, es el art. 56 LJS el que, como anteriormente ha quedado reflejado, se remite a lo dispuesto en el art. 162 LEC sobre la utilización de esos medios tecnológicos. Por otro lado, la resolución que desestima el incidente de nulidad de actuaciones no ha ponderado la aplicación al caso de lo previsto en el art. 53.1 LJS (que se remite al capítulo V del título V de la Ley de enjuiciamiento civil en cuanto a la forma de realizar los actos de comunicación), en relación con lo dispuesto en el art. 155.1 y 2 LEC; y ello, a pesar de que este último precepto regula específicamente la realización de los actos de comunicación que constituyen el primer emplazamiento o citación del demandado. Asimismo, tampoco valoró la juzgadora el significado y alcance de la previsión establecida en el art. 273.4 LEC, que impone la obligación de presentar copias en papel de los escritos y documentos que den lugar al primer emplazamiento o citación del demandado, incluso a quienes los hubieran remitido por vía electrónica o telemática, ni su relación con el mencionado art. 155 LEC.

Las circunstancias reflejadas nos llevan a concluir, pues, que al realizar la selección normativa para resolver el incidente de nulidad de actuaciones, la juzgadora erró al atribuir un determinado contenido a los arts. 53.1 y 55 LJS. Por otro lado, omitió la toma en consideración de preceptos estrechamente vinculados con los actos de comunicación que constituyen el primer emplazamiento o citación del demandado, pese a que el objeto principal del referido incidente versaba, precisamente, sobre el modo en que fue realizada la citación de la parte demandada para los actos de conciliación y juicio.

Sin perder de vista que, conforme a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución, a este Tribunal solo le compete efectuar un control meramente externo a la hora de enjuiciar si una resolución judicial está fundada en Derecho, en relación con el supuesto que ahora nos ocupa debemos afirmar que el hecho de no tomar en consideración los preceptos citados (arts. 155.1 y 2 y 273.4 LEC) empece de por sí la razonabilidad del auto impugnado en este recurso, habida cuenta de la relevancia que presentan esas normas respecto del presente caso. Por otro lado, debemos añadir que este tribunal ya sostuvo, en el fundamento jurídico 4 de la ya citada STC 6/2019 (http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25838), que a modo de excepción y conforme a lo previsto en los arts. 155.1 LEC y 53.1 LJS, no procede efectuar por medios electrónicos la citación o emplazamiento del demandado aún no personado en el procedimiento, pues esos actos deben realizarse por remisión a su domicilio. El criterio sintetizado en la sentencia objeto de cita --que es diametralmente opuesto al que sustenta la juzgadora a quo-- se extrae sin dificultad de la intelección conjunta de los arts. 53.1 y 56.1 LJS y 155.1 y 2 LEC. Y corrobora lo expuesto, la obligación que impone el segundo párrafo del art. 273.4 LEC, consistente en tener que presentar en soporte de papel las copias de los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado. La finalidad que racionalmente se infiere de ese mandato no es otra que la de trasladar al referido demandado las copias presentadas en papel.

Hemos de añadir que ninguno de los preceptos que la juzgadora invoca al resolver el incidente de nulidad tiene la virtualidad, individualmente valorados o conjuntamente considerados, de contrarrestar la aplicación del específico régimen jurídico estatuido para la primera citación o emplazamiento del demandado, pues ninguna de esas normas exceptúa de la regulación que establece el art. 155 LEC a quienes, conforme al art. 273.3 LEC, están obligados a relacionarse con la administración de justicia por vía electrónica o telemática. El hecho de que, por imperativo legal, los mencionados en este último precepto tengan que actuar en el proceso sirviéndose de esas vías tecnológicas y que, de acuerdo a lo previsto en el art. 152.2 LEC, ello dé lugar a que los actos de comunicación también se deban de practicar por medios electrónicos, no autoriza a entender, con fundamento en ese deber de relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos o telemáticos, que esas personas y entidades queden constreñidos, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a través de esos medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal especialmente prevista, sin distinción de supuestos o sujetos, para las primeras citaciones o emplazamientos del demandado en el art. 155. 1 y 2 LEC.

Conforme al criterio expresado debemos concluir que, al versar el presente supuesto sobre la primera citación de la parte demandada aún no personada, a fin de poner en su conocimiento el contenido de la demanda y la fecha de señalamiento de los actos de conciliación y juicio, dicha citación debió materializarse por correo certificado con acuse de recibo al domicilio designado por la actora, con independencia de que, una vez ya personada, esta última quedara obligada al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la administración de justicia.
 
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

jueves, 23 de mayo de 2019

Anulación de reglamentos y actos firmes: el caso especial de las sanciones


 


 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2019 (Recurso de Casación núm. 1187/2017) aborda la cuestión y resume la Jurisprudencia del siguiente modo:

“Atendiendo a una jurisprudencia muy elaborada sobre la anulación de disposiciones de carácter general y su consecuencia respecto de actos firmes dictados a su amparo, como hemos indicado en otras ocasiones, en lo que ahora interesa, se puede llegar a las siguientes conclusiones que nos han de servir de base para situar correctamente la polémica del presente recurso de casación:

1ª La nulidad de las disposiciones de carácter general es siempre radical o de pleno derecho.

2ª La nulidad de pleno derecho de las disposiciones de carácter general tiene eficacia ex tunc, lo cual no conlleva la pérdida de efectos de los actos firmes dictados en su aplicación. Principio de seguridad jurídica, por lo que la declaración de nulidad radical de una disposición de carácter general no conlleva automáticamente la nulidad o inexistencia de los actos dictados a su amparo.

3ª No cabe, pues, fundar la nulidad de pleno derecho del acto considerando que la nulidad del mismo deriva de la nulidad de pleno derecho de las normas reglamentarias que le sirvieron de base.

4ª El interesado tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias derivadas de tal actuación administrativa que no resulta revisable ni afectada por aquella apreciación de ilegalidad de la norma que le sirve de amparo.

5ª La declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos dictados en aplicación de una disposición general nula de pleno derecho exige inexcusablemente la vía de la revisión de oficio de dichos actos”.

La citada sentencia invoca especialmente la reciente  sentencia del mismo Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018  (RC. 122/2016), en la que se lee:

"1. El procedimiento de revisión de actos nulos de pleno Derecho constituye un cauce extraordinario para, en determinados y tasados supuestos (los expresados en el apartado 1 del  artículo 217   LGT  , expulsar del ordenamiento jurídico aquellas decisiones que, no obstante su firmeza, incurren en las más groseras infracciones del ordenamiento jurídico. Sacrifica la seguridad jurídica en beneficio de la legalidad cuando ésta es vulnerada de manera radical. Por ello, dada la "gravedad" de la solución, se requiere dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva comunidad autónoma, si lo hubiere (artículo 217.4   LGT  segundo párrafo).

2. Se trata, por tanto, de un procedimiento excepcional, que únicamente puede seguirse por alguno de los tasados supuestos contemplados en el  artículo 217.1   LGT   (sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2013  (RJ 2013, 4468) , casación 6165/2011, FJ 3º). Debe ser abordado con talante restrictivo (vid. la  sentencia citada de 18 de diciembre de 2007, FJ 6º)".

Añade a esto la sentencia que “El  art. 73   de la  LJCA  establece que "las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente". Se infiere de su contenido, al emplear la expresión "por sí mismas" que caben otras vías para impugnar aquellos actos firmes nulos de plenos derecho dictados al amparo de reglamentos declarados nulos, como sin duda, es el procedimiento de revisión dispuesto al efecto; además, se someten los actos de carácter sancionador al mismo régimen previsto para el resto de actos firmes cuando la sanción esté plenamente ejecutada, sólo cuando no lo está se establece legalmente la excepción, en tanto se considera que frente al principio de seguridad jurídica, regla general, debe primar el de legalidad sancionadora que conlleva la eficacia ex tunc y retroactiva, pero sólo en los supuestos de exclusión o reducción de las sanciones impuestas no ejecutadas completamente”.