miércoles, 17 de septiembre de 2014

Qué siente el juez







En esta sociedad en la que ya no queda títere con cabeza, estamos acostumbrados a ver a los demás y en particular a profesiones que no son la nuestra con más severidad que admiración, incluso o acaso más entre profesiones cercanas, como abogados y jueces. Los jueces ya no son unos señores invisibles, cuyos nombres no se expongan al público ni salgan en fotos y televisión. Todo lo contrario, los jueces, o mejor dicho algunos, se encuentran entre las estrellas mediáticas. Claro que no todos los jueces salen en la tele ni su trabajo diario se corresponde con el que se difunde en las noticias. Entonces, ¿cómo es el juez de a pie? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus vivencias?

Para saberlo tenemos ahora, recién publicado, La Audiencia se va de caza. Andanzas de un juez de pueblo, Ed. Comares, primera entrega de las memorias de Miguel Ángel del Arco Torres, juez de Instrucción de Granada, con una larga carrera profesional a sus espaldas y mucho que contar. No se espere un libro de defensa corporativa sino crítico y a la vez apasionado por esa profesión. Este primer volumen trata al comienzo de la juventud y los estudios de Derecho, para centrarse después en las tribulaciones y anécdotas del primer destino rural, entre las que, como se dice en la reseña de Granada Hoy, “hay de todo, siniestro y desternillante, terrible y tierno, cruel y reconfortante”.

Mucho más escueto es el también reciente artículo publicado en Abogados, revista del Consejo General de la Abogacía de septiembre de 2014, “Treinta cosas que, como juez, me irritan de un abogado”, de José Ramón Chaves García, que comienza diciendo que “los jueces tienen su corazoncito y cuentan con las debilidades propias de todo ser humano… pese a la hermética coraza que cargo y toga imponen…”. Es interesante la lista, aunque en general no sea sorprendente. Es más, la mayoría de las críticas las podemos compartir perfectamente los abogados, especialmente cuando es el contrario el que incurre en ellas, y deberíamos evitar caer en esos errores por nuestra parte. Solo acaso poner de manifiesto que, también los abogados tenemos nuestro corazoncito, y por ello comprendo que “ante una decisión del juez que no le favorece, el abogado la acate pero bufe literalmente, suspire ostensiblemente , eleve los ojos implorando amparo divino o encoja los hombros con rebelde resignación”.

Por cierto, en España los jueces no usan el martillo de las películas americanas sino una campanilla.




Francisco García Gómez de Mercado
Abogado




 

lunes, 10 de marzo de 2014

Mayúsculas y minúsculas en la cita de las Leyes



A menudo, nos surgen dudas sobre cómo debe citarse correctamente una ley o un reglamento. Uno de los problemas más recurrentes se produce con el uso de las letras en mayúscula. A continuación, vamos a detallar las normas establecidas por la  Real Academia de la Lengua Española en este sentido.

Como regla general, se escriben con la letra inicial mayúscula todos los elementos significativos que forman parte del título de documentos jurídicos. Dicho de otro modo, los elementos principales de una ley, decreto, código u otros textos de naturaleza similar se escriben con la letra inicial en mayúscula. A título de ejemplo, podemos citar el Código Penal o la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Esta previsión también es aplicable, entre otros, a tratados, acuerdos, convenciones y declaraciones. Así, por ejemplo, tenemos el Convenio de Lugano o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El uso de las iniciales mayúsculas debe mantenerse en los casos en los que se utiliza una mención abreviada del título oficial. Por tanto, hablamos de la Ley 30/1992 o el Real Decreto-ley 2/2014.

Sin embargo, como excepción a la regla anterior, se escriben en minúscula aquellos títulos que incluyen una descripción extensa de la ley. En este caso, sólo la primera inicial se escribirá en mayúscula. Asimismo, se aconseja que, cuando se incorporen estos títulos dentro de un texto, se haga entre comillas y en cursiva con la finalidad de delimitar su extensión. Por ejemplo, hablamos de la “Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social” o el “Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica”.

Por otro lado, no se utilizan mayúsculas en aquellos supuestos en los que se lleva a cabo una mención genérica o se cita el texto legal sin hacer referencia al título completo ni abreviado, pues generalmente ya ha sido identificado con anterioridad. En otras palabras, cuando se utilizan expresiones como “en la presente ley”, “la exposición de motivos de la ley” o “el artículo 3 del citado real decreto” debe hacerse íntegramente en minúsculas. Esta norma es extensible a los nombres utilizados comúnmente para designar determinadas normas, ya sea en sustitución del título oficial o para llevar a cabo referencias genéricas. Entre muchas otras, podemos citar la ley de tasas judiciales (en lugar de su título oficial, que es Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) o ley del procedimiento administrativo (cuyo título completo es Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Finalmente, debemos tener en cuenta que se escriben en minúscula las menciones a artículos, apartados o incisos, ya sea con la palabra concreta o su abreviatura. Por ejemplo, el apartado 3 del artículo 25 de la presente ley o el apdo. 3 del art. 25 de la presente ley.


Neus Teixidor Martínez
Grado en Derecho

martes, 14 de enero de 2014

Los incidentes de nulidad no devengan tasa judicial



Según Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 26/12/2013, en relación con si están sujetos al pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social los supuestos de incidente de nulidad de actuaciones (artículo 241 de la LPJ), de error judicial (artículo 293 de la LOPJ) y de revisión de sentencias firmes (Artículos 509 y siguientes de la LEC, entre otras disposiciones), "este Centro Directivo informa lo siguiente: El artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, no contempla, entre los supuestos del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social ninguno de los incidentes a que se refiere el escrito de consulta (nulidad de actuaciones, error judicial y de revisión de sentencias firme) por lo que tales supuestos no están sujetos al pago de la tasa citada".