Son numerosas las actuaciones urbanísticas que no llegan a cuajar o que tardan muchos años en realizarse, sufriendo los propietarios los costes de la urbanización sin ninguna compensación.
¿Puede ser la Administración responsable de esta situación?
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de tres de noviembre de dos mil veintitrés (Rec.apelación 278/2020) analiza la posible responsabilidad patrimonial administrativa reclamada frente al Ayuntamiento de Cuenca derivada del acuerdo del Pleno en el que se resolvió la adjudicación del contrato para la ejecución de un Programa de Actuación Urbanizadora por concurrencia de causa culposa.
Pues bien, la sentencia deniega la responsabilidad de la Administración con las siguientes conclusiones: " La resolución del PAU produjo un daño real y evaluable en el patrimonio del demandante. Este daño no deja de existir porque en un futuro incierto el suelo pueda volver a programarse y llevarse a cabo la urbanización. Sin embargo, no hay motivo suficiente para imputar a causas provenientes de la Administración el fracaso de la operación. Es cierto que la Administración podría haber sido más diligente a la hora de controlar, antes de aprobarlo, el contenido del PAU, en particular en lo relativo a las condiciones económicas establecidas por el agente urbanizador. Sin embargo, aunque esta falta de examen previo pudiera haber retrasado algo el inicio de las obras, nada hubiera impedido dicho inicio tardío, y por tanto la inexistencia de daño indemnizable, si no hubiera sobrevenido la crisis económica de 2007-2008. Por otro lado, el retraso tampoco fue el que impidió que las obras pudieran culminarse antes del inicio de la crisis, pues se hubiera penetrado en el ámbito temporal de la misma incluso con el más estricto cumplimiento de plazos; y ello incluso dejando de lado que los plazos fueron ampliados por resoluciones que devinieron firmes y deben ser tenidas en cuenta".
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