Ya hemos comentado antes que, ante la declaración responsable, la Administración no está sujeta a un plazo perentorio de comprobación más allá de la prescripción.
Pues bien, la más reciente Sentencia
del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2026 ( Rec. 4421/2024) ante la
existencia de un procedimiento administrativo sin resolución en plazo confirma “la
apreciación de la caducidad y la consiguiente nulidad de dicha resolución”
pero sin que ello impida “a la Administración ejercitar nuevamente las
potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye. En particular, podrá
iniciar un nuevo procedimiento administrativo y continuar ejerciendo las
facultades de comprobación, control e inspección previstas en el artículo 69 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mientras la actividad económica siga
desarrollándose al amparo de la declaración responsable, sin perjuicio de las
consecuencias jurídicas que puedan derivarse del resultado de dichas
actuaciones.”
Y sienta la doctrina que ahora
reproducimos:
“1. En el
marco de los instrumentos o mecanismos de simplificación de los procedimientos
administrativos y la eliminación de trabas burocráticas excesivas e
innecesarias, se regula en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
declaración responsable como el documento suscrito por el interesado mediante
el cual manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que cumple con los
requisitos exigidos por la normativa vigente para el inicio de una actividad o
el ejercicio de un derecho, que dispone de la documentación acreditativa
correspondiente y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
tiempo inherente a dicho ejercicio. La presentación de dicha declaración habilita
para el desarrollo de la actividad de que se trate sin necesidad de un acto de
control previo de la Administración que constate o declare expresamente la
concurrencia de tales requisitos.
2. El
control de la legalidad del ejercicio de esa actividad corresponde a la
Administración que ejercerá con posterioridad a la presentación de la
declaración responsable, mediante el ejercicio de las facultades de
comprobación, inspección y control legalmente atribuidas. Dichas actuaciones,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69, párrafo 4, de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, tienen por finalidad verificar la veracidad y exactitud de los
datos e informaciones aportados, así como detectar posibles inexactitudes,
falsedades u omisiones de carácter esencial que, en su caso, puedan determinar
la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad.
3. Las
actuaciones de comprobación, control e inspección contempladas en los apartados
3 y 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que lleven a cabo las
Administraciones Públicas conforme a las facultades que tengan legalmente
atribuidas, no constituyen, por sí mismas, un procedimiento administrativo
autónomo, sino que son actuaciones materiales de investigación y verificación,
encuadrables en la categoría general prevista en el artículo 55 de la propia
Ley, cuya finalidad es constatar la existencia de hechos o circunstancias que
puedan justificar la incoación de un ulterior procedimiento administrativo.
Será en el seno de este procedimiento, una vez observadas las garantías
legalmente exigibles y, en particular, los derechos de audiencia y defensa del
interesado, donde podrá adoptarse la correspondiente resolución administrativa
declarando la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad.”
En definitiva, tras la
declaración responsable, la Administración no está sujeta a más plazo que el de
prescripción para ejercer actuaciones de comprobación. Si incoa un
procedimiento, el mismo podrá estar sujeto a caducidad, pero su caducidad,
salvo prescripción, no impide un nuevo procedimiento. Todo lo cual, aunque sea cierto, supone que la vía de la declaración responsable puede ser rápida pero carece de seguridad jurídica.
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Abogado
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