Mostrando entradas con la etiqueta asociaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta asociaciones. Mostrar todas las entradas

19.11.26

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR REINTEGRO DE SUBVENCIONES


La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2026 (RC 6990/2024) establece que "La responsabilidad subsidiaria por reintegro de subvenciones, derivada a los miembros de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones, tiene, entre ellos, carácter solidario".

Es decir, los miembros de órganos de gobierno y representación de asociaciones han de tener en cuenta que la eventual responsabilidad subsidiaria (respecto de la asociación) por el reiintegro de subvenciones es solidaria entre todos ellos, es decir, la Administración la puede exigir por entero a cualquiera de ellos (sin perjuicio del reparto interno).

La sentencia lo explica bajo la rúbrica de "Sobre la naturaleza de la responsabilidad de los miembros de los órganos de gobierno de una asociación en los supuestos de derivación por incumplimiento de las obligaciones de la Asociación":

"El artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, referido a las obligaciones de reintegro, contempla varios supuestos en los que se establece una responsabilidad solidaria de la obligación de reintegro ((los representantes legales del beneficiario que careciese de capacidad de obrar; los miembros, participes o cotitulares de las comunidades de bienes). Pero cuando contempla la responsabilidad subsidiaria de las obligaciones de reintegro de los administradores de las sociedades mercantiles o de aquellos que ostenten las representación legal de otras personas jurídicas como es el caso de las asociaciones se limita establecer una responsabilidad por dolo o culpa (bien por no haber realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, por haber adoptado los acuerdos que hicieron posibles los incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependan), pero no especifica si dicha responsabilidad es solidaria o mancomunada.

El recurrente interpreta que a falta de una previsión expresa en la Ley General de Subvenciones sobre la naturaleza de esta responsabilidad subsidiaria por el reintegro de una subvención concedida a la persona jurídica de la que es administrador o representante, ha de regir la previsión contenida en el art. 1137 del Código Civil (La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria), esto es, a falta de previsión expresa, rige la mancomunidad.

Lo cierto es que esta previsión del Código civil, tal y como establece este precepto y el propio artículo 4. 3 del Código Civil, solo rige a falta de una previsión expresa de otra ley y con supletoria de la misma, pero no debe olvidarse que si bien la Ley de subvenciones no establece el tipo de responsabilidad para las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas ello no impide que se apliquen las normas específicas aplicables a tipo este tipo de entidades.

Las normas específicas que regulan las sociedades mercantiles y las asociaciones contemplan la responsabilidad de los administradores y órganos de gobierno frente a terceros, tanto por dolo como por culpa.

Así se dispone para las sociedades mercantiles en el art. 236.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Y en el caso de las asociaciones, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, el artículo 15.3 y 4 establece la responsabilidad de los órganos de gobierno frente a terceros "por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes", responsabilidad civil y administrativa tanto por los actos como por las omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados.

Y por lo que respecta al carácter mancomunado o solidario de dicha responsabilidad, dichas leyes especiales establecen el carácter solidario de la responsabilidad frente a terceros de los miembros de los órganos de administración o de gobierno. En el caso de las sociedades mercantiles así lo establece el art. 237. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, («Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél»). Y en el caso de las asociaciones el carácter solidario de la responsabilidad de los administradores frente a terceros se establece en el art. 15.5: «Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a ellas».

Esta misma conclusión se alcanzó con la STS nº 761/2025, de 16 de junio de 2025 (rec. 4601/2022). En ella afirmamos que:

«La subvención tiene un carácter modal o condicional, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos en que procede su concesión (STS de 7 de abril de 2003, recurso 11328/1998 y STS nº 1335/2021, de 16 de noviembre de 2021 (recurso 6955/2020). De modo que, en caso de incumplimiento de las condiciones, el reintegro exigido por la Administración opera como la reclamación de una deuda de naturaleza pública contra la entidad.

Desde esa perspectiva, resultan aplicables las previsiones contenidas en los artículos 236 y 237 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El primero por cuanto hace responsable a los administradores también frente a los acreedores sociales, del "daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa"; y el artículo 237 de dicha Ley norma que establece el carácter solidario de dicha responsabilidad ("Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél").

La aplicación de tales preceptos no puede entenderse como un uso analógico de la responsabilidad solidaria sino la aplicación directa de una norma prevista para regular la responsabilidad de los administradores frente a las reclamaciones de terceros acreedores frente a las sociedades de capital, como es el caso que nos ocupa.

Por otra parte, tampoco es ajena a la Ley General de Subvenciones la exigencia de una responsabilidad solidaria, aunque referida a otros supuestos distintos en los que la ayuda se conceda a varias personas físicas y/o jurídicas asociadas para la realización del proyecto subvencionado, pues todos ellos asumen la condición de deudores solidarios frente a la Administración concedente (así en el 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones)»."