¿Cuál es la cuantía en una
demolición?¿El coste de la demolición?¿El coste de lo demolido? Ambos, según
reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2026 (Rec.
9556/2024) que fija la siguiente doctrina:
«En los procesos relativos al restablecimiento de la legalidad urbanística que comporten la demolición de obras o edificaciones, la cuantía litigiosa a efectos de determinar el acceso al recurso de apelación debe fijarse conforme al valor económico real de la pretensión ejercitada, en los términos de los artículos 41y42 LJCA. Dicho valor económico viene integrado por el valor de la construcción afectada, más el importe de los gastos de demolición y reposición inherentes a la ejecución de la orden administrativa».
Nos ilustra así el Alto Tribunal sobre las posiciones previas:
1º.- “Una primera posición jurisprudencial, acude a efectos de determinación de cuantía para acceder al entonces vigente recurso de casación, al «valor de la construcción a demoler», entre otros, ATS de 19 de junio de 2000 (RQ 1119/1999) y ATS de 16 de mayo de 2001 (RC 2551/2000).
Este criterio fue mantenido y
reiterado en posteriores autos de 13 de marzo de 2008 (RC 3294/2007), 11 de
diciembre de 2008 (RC 6152/2007) y de 2 de junio de 2011 (RC 472/2011)
declarando que la cuantía del recurso viene determinada por el «valor de la construcción
cuya demolición se ordena».
La sentencia aquí impugnada de la Sala del TSJ de Galicia de 17.09.2024, reproduciendo el criterio mantenido por dicho órgano, entiende que ha de estarse al valor de la construcción, al ser el que responde de forma directa a la cuantía del proceso y a la real entidad material de la cuestión litigiosa que culmina con la demolición.”
2º.- “Una segunda posición jurisprudencial, se decanta a efectos de determinación de cuantía para acceder al entonces vigente recurso de casación, «por el valor de la demolición y retirada de las obras declaradas ilegalizables», abarcando única y exclusivamente tales obras de demolición - ATS 21 de enero de 2010 (RC 1374/2008), de 6 de febrero de 2014 (RC 1620/2013) y de 8 de mayo de 2014 (RC 1649/2013)-.
Este último auto, se hace eco
de anteriores pronunciamientos de la Sala (Autos de 9 de mayo de 2013 rec.
3356/2012, 5 de julio de 2012 rec. 2051/2011, 8 de marzo de 2012 rec.
5495/2011, 8 de marzo de 2012, RQ 138/2011 y 16 de diciembre de 2010 rec. 5776/2009,
entre otros) reiterando que la cuantía del recurso viene determinada «por el
valor de la demolición y retirada de las obras declaradas ilegalizables»,
abarcando única y exclusivamente a las obras de demolición necesarias para
demoler lo ilegalmente construido, sin que pueda incluirse el valor de la
edificación porque la resolución administrativa impugnada obliga tan solo, a
restituir la legalidad, esto es, a proceder a reponer las cosas a su estado
original; y para llevar a cabo tal reposición, se precisa meramente realizar
las obras de demolición.
Mencionada tesis, es seguida, entre otras, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, Sala de Sevilla, en sentencia nº 643/2025, de 26 de febrero de 2025 (rec. 23/2025), y por la Sala de Málaga en auto de 1 de julio de 2026 (Ap. 299/2026)”.
3º.- “Una tercera posición, apuntada ya en el escrito de preparación y silenciada en el auto de admisión, es lo que podemos denominar el criterio «mixto o acumulativo» conforme a la cual, la cuantía es determinable -ex artículo 41.1 de la LJCA - y viene dada por el valor de las construcciones cuya demolición se notificó a través de los actos administrativos impugnados en la instancia, más el importe de los gastos de demolición y consiguiente reposición del terreno a su estado inicial(en este sentido, STS de 23 de octubre de 2009 (RC 3617/2007) y ATS de 19 de noviembre de 2003 (RC 1111/2001), 27 de noviembre de 2008 (RC 806/2008) y 5 de marzo de 2009 (RC 1118/2008).
Significar que este criterio
jurisprudencial se ha venido mantenido en el tiempo, entre otros, en ATS de 9
de septiembre de 2004 (RC 1236/2002), STS de 23 de octubre de 2009 (RC
3617/2007), ATS de 19 de noviembre de 2003, (RC 1111/2001) , ATS de 27 de noviembre
de 2008 (RC 806/2008), ATS de 5 de marzo de 2009 (RC 1118/2008), ATS 2 de
diciembre de 2010 (RC 4026/2010), ATS de 19 de mayo de 2011 (RC 5216/2010), ATS
10 de noviembre de 2011 (RC 3792/2011), ATS de 9 de febrero de 2012 (RC
3960/2011), ATS de 13 de diciembre de 2012 (RC 2917/2012), ATS de 23 de mayo de
2013 (RC 4475/2012), ATS de 24 de octubre de 2013 (RC 3763/2012), ATS de 30 de
enero de 2014 (RC 2532/2013), ATS de 2 de octubre de 2014 (RC 1201/2014), ATS
de 17 de septiembre de 2015 (RC 1445/2015), ATS de diciembre de 2015 (RC
3209/2014), ATS de 10 de marzo de 2016 (RC 2759/2015) y ATS de 27 de septiembre
de 2017 (RC 112/2017).
Esta tercera posición jurisprudencial es la seguida por la Sala de lo Contencioso Administro del País Vasco, en diversas resoluciones, entre otras, en auto de 3 de junio de 2025 (RQ 295/2025) y de 17 de julio de 2025 (Ap. 364/2025); por la Sala del TSJ de Castilla y León, Sala de Burgos, en auto de 15 de junio de 2026, (Ap 41/2026) y por la Sala del TSJ de Andalucía, sede en Granada, en auto de 1 de abril de 2026 (Ap. 2187/2023).
Añade la reciente sentencia que “El
objeto de la pretensión ejercitada frente a una orden de demolición consiste en
impedir: (i) la desaparición de la construcción afectada; (ii) la ejecución de
las obras de demolición; y (iii) la reposición de la realidad física alterada.
El interés económico protegido por la acción jurisdiccional comprende, por
tanto, la totalidad de las consecuencias patrimoniales derivadas del acto
administrativo”.
Y ello nos lleva a la posición
acumulativa: “Desde esta perspectiva, la determinación de la cuantía no
puede realizarse atendiendo exclusivamente al contenido inmediato de la orden
de demolición, pues el coste del derribo o demolición no agota el interés
económico litigioso, aunque integre el mismo. La ejecución de la demolición
constituye el mecanismo instrumental mediante el cual se produce la pérdida
patrimonial que constituye el verdadero objeto de la controversia”. Además,
“Si el proceso tiene por finalidad evitar la pérdida de una construcción
determinada que desaparece si se ejecuta la orden de demolición, el valor
económico de dicha construcción constituye un parámetro que indudablemente
refleja el interés económico real de la pretensión ejercitada, no pudiendo
obviarse el mismo a efectos del cálculo de la cuantía del procedimiento para su
acceso al recurso de apelación.”
En definitiva, “si la cuantía
debe corresponderse con el contenido económico real de la pretensión
ejercitada, esto es, con el valor económico global de la afección patrimonial
producida por la orden de restauración urbanística, tal afección no se agota
por el valor de la construcción cuya conservación se pretende, sino que
comprende también los costes necesarios para ejecutar la demolición y reponer
el terreno afectado a su estado originario”.
Y añade que “Tal interpretación es la que mejor se acomoda a la noción legal de «valor económico de la pretensión», evita una reducción artificial de la cuantía litigiosa y resulta coherente con la doctrina reiteradamente mantenida por esta Sala en los términos precedentemente expuestos”.
«En los procesos relativos al restablecimiento de la legalidad urbanística que comporten la demolición de obras o edificaciones, la cuantía litigiosa a efectos de determinar el acceso al recurso de apelación debe fijarse conforme al valor económico real de la pretensión ejercitada, en los términos de los artículos 41y42 LJCA. Dicho valor económico viene integrado por el valor de la construcción afectada, más el importe de los gastos de demolición y reposición inherentes a la ejecución de la orden administrativa».
Nos ilustra así el Alto Tribunal sobre las posiciones previas:
1º.- “Una primera posición jurisprudencial, acude a efectos de determinación de cuantía para acceder al entonces vigente recurso de casación, al «valor de la construcción a demoler», entre otros, ATS de 19 de junio de 2000 (RQ 1119/1999) y ATS de 16 de mayo de 2001 (RC 2551/2000).
La sentencia aquí impugnada de la Sala del TSJ de Galicia de 17.09.2024, reproduciendo el criterio mantenido por dicho órgano, entiende que ha de estarse al valor de la construcción, al ser el que responde de forma directa a la cuantía del proceso y a la real entidad material de la cuestión litigiosa que culmina con la demolición.”
2º.- “Una segunda posición jurisprudencial, se decanta a efectos de determinación de cuantía para acceder al entonces vigente recurso de casación, «por el valor de la demolición y retirada de las obras declaradas ilegalizables», abarcando única y exclusivamente tales obras de demolición - ATS 21 de enero de 2010 (RC 1374/2008), de 6 de febrero de 2014 (RC 1620/2013) y de 8 de mayo de 2014 (RC 1649/2013)-.
Mencionada tesis, es seguida, entre otras, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, Sala de Sevilla, en sentencia nº 643/2025, de 26 de febrero de 2025 (rec. 23/2025), y por la Sala de Málaga en auto de 1 de julio de 2026 (Ap. 299/2026)”.
3º.- “Una tercera posición, apuntada ya en el escrito de preparación y silenciada en el auto de admisión, es lo que podemos denominar el criterio «mixto o acumulativo» conforme a la cual, la cuantía es determinable -ex artículo 41.1 de la LJCA - y viene dada por el valor de las construcciones cuya demolición se notificó a través de los actos administrativos impugnados en la instancia, más el importe de los gastos de demolición y consiguiente reposición del terreno a su estado inicial(en este sentido, STS de 23 de octubre de 2009 (RC 3617/2007) y ATS de 19 de noviembre de 2003 (RC 1111/2001), 27 de noviembre de 2008 (RC 806/2008) y 5 de marzo de 2009 (RC 1118/2008).
Esta tercera posición jurisprudencial es la seguida por la Sala de lo Contencioso Administro del País Vasco, en diversas resoluciones, entre otras, en auto de 3 de junio de 2025 (RQ 295/2025) y de 17 de julio de 2025 (Ap. 364/2025); por la Sala del TSJ de Castilla y León, Sala de Burgos, en auto de 15 de junio de 2026, (Ap 41/2026) y por la Sala del TSJ de Andalucía, sede en Granada, en auto de 1 de abril de 2026 (Ap. 2187/2023).
Y añade que “Tal interpretación es la que mejor se acomoda a la noción legal de «valor económico de la pretensión», evita una reducción artificial de la cuantía litigiosa y resulta coherente con la doctrina reiteradamente mantenida por esta Sala en los términos precedentemente expuestos”.

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