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16.11.26

CUÁL ES LA CUANTÍA EN UNA DEMOLICIÓN

 

¿Cuál es la cuantía en una demolición?¿El coste de la demolición?¿El coste de lo demolido? Ambos, según reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2026 (Rec. 9556/2024) que fija la siguiente doctrina:
«En los procesos relativos al restablecimiento de la legalidad urbanística que comporten la demolición de obras o edificaciones, la cuantía litigiosa a efectos de determinar el acceso al recurso de apelación debe fijarse conforme al valor económico real de la pretensión ejercitada, en los términos de los artículos 41y42 LJCA. Dicho valor económico viene integrado por el valor de la construcción afectada, más el importe de los gastos de demolición y reposición inherentes a la ejecución de la orden administrativa».
Nos ilustra así el Alto Tribunal sobre las posiciones previas:
1º.- “Una primera posición jurisprudencial, acude a efectos de determinación de cuantía para acceder al entonces vigente recurso de casación, al «valor de la construcción a demoler», entre otros, ATS de 19 de junio de 2000 (RQ 1119/1999) y ATS de 16 de mayo de 2001 (RC 2551/2000).
Este criterio fue mantenido y reiterado en posteriores autos de 13 de marzo de 2008 (RC 3294/2007), 11 de diciembre de 2008 (RC 6152/2007) y de 2 de junio de 2011 (RC 472/2011) declarando que la cuantía del recurso viene determinada por el «valor de la construcción cuya demolición se ordena».
La sentencia aquí impugnada de la Sala del TSJ de Galicia de 17.09.2024, reproduciendo el criterio mantenido por dicho órgano, entiende que ha de estarse al valor de la construcción, al ser el que responde de forma directa a la cuantía del proceso y a la real entidad material de la cuestión litigiosa que culmina con la demolición.”
2º.- “Una segunda posición jurisprudencial, se decanta a efectos de determinación de cuantía para acceder al entonces vigente recurso de casación, «por el valor de la demolición y retirada de las obras declaradas ilegalizables», abarcando única y exclusivamente tales obras de demolición - ATS 21 de enero de 2010 (RC 1374/2008), de 6 de febrero de 2014 (RC 1620/2013) y de 8 de mayo de 2014 (RC 1649/2013)-.
Este último auto, se hace eco de anteriores pronunciamientos de la Sala (Autos de 9 de mayo de 2013 rec. 3356/2012, 5 de julio de 2012 rec. 2051/2011, 8 de marzo de 2012 rec. 5495/2011, 8 de marzo de 2012, RQ 138/2011 y 16 de diciembre de 2010 rec. 5776/2009, entre otros) reiterando que la cuantía del recurso viene determinada «por el valor de la demolición y retirada de las obras declaradas ilegalizables», abarcando única y exclusivamente a las obras de demolición necesarias para demoler lo ilegalmente construido, sin que pueda incluirse el valor de la edificación porque la resolución administrativa impugnada obliga tan solo, a restituir la legalidad, esto es, a proceder a reponer las cosas a su estado original; y para llevar a cabo tal reposición, se precisa meramente realizar las obras de demolición.
Mencionada tesis, es seguida, entre otras, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, Sala de Sevilla, en sentencia nº 643/2025, de 26 de febrero de 2025 (rec. 23/2025), y por la Sala de Málaga en auto de 1 de julio de 2026 (Ap. 299/2026)”.
3º.- “Una tercera posición, apuntada ya en el escrito de preparación y silenciada en el auto de admisión, es lo que podemos denominar el criterio «mixto o acumulativo» conforme a la cual, la cuantía es determinable -ex artículo 41.1 de la LJCA - y viene dada por el valor de las construcciones cuya demolición se notificó a través de los actos administrativos impugnados en la instancia, más el importe de los gastos de demolición y consiguiente reposición del terreno a su estado inicial(en este sentido, STS de 23 de octubre de 2009 (RC 3617/2007) y ATS de 19 de noviembre de 2003 (RC 1111/2001), 27 de noviembre de 2008 (RC 806/2008) y 5 de marzo de 2009 (RC 1118/2008).
Significar que este criterio jurisprudencial se ha venido mantenido en el tiempo, entre otros, en ATS de 9 de septiembre de 2004 (RC 1236/2002), STS de 23 de octubre de 2009 (RC 3617/2007), ATS de 19 de noviembre de 2003, (RC 1111/2001) , ATS de 27 de noviembre de 2008 (RC 806/2008), ATS de 5 de marzo de 2009 (RC 1118/2008), ATS 2 de diciembre de 2010 (RC 4026/2010), ATS de 19 de mayo de 2011 (RC 5216/2010), ATS 10 de noviembre de 2011 (RC 3792/2011), ATS de 9 de febrero de 2012 (RC 3960/2011), ATS de 13 de diciembre de 2012 (RC 2917/2012), ATS de 23 de mayo de 2013 (RC 4475/2012), ATS de 24 de octubre de 2013 (RC 3763/2012), ATS de 30 de enero de 2014 (RC 2532/2013), ATS de 2 de octubre de 2014 (RC 1201/2014), ATS de 17 de septiembre de 2015 (RC 1445/2015), ATS de diciembre de 2015 (RC 3209/2014), ATS de 10 de marzo de 2016 (RC 2759/2015) y ATS de 27 de septiembre de 2017 (RC 112/2017).
Esta tercera posición jurisprudencial es la seguida por la Sala de lo Contencioso Administro del País Vasco, en diversas resoluciones, entre otras, en auto de 3 de junio de 2025 (RQ 295/2025) y de 17 de julio de 2025 (Ap. 364/2025); por la Sala del TSJ de Castilla y León, Sala de Burgos, en auto de 15 de junio de 2026, (Ap 41/2026) y por la Sala del TSJ de Andalucía, sede en Granada, en auto de 1 de abril de 2026 (Ap. 2187/2023).
 
Añade la reciente sentencia que “El objeto de la pretensión ejercitada frente a una orden de demolición consiste en impedir: (i) la desaparición de la construcción afectada; (ii) la ejecución de las obras de demolición; y (iii) la reposición de la realidad física alterada. El interés económico protegido por la acción jurisdiccional comprende, por tanto, la totalidad de las consecuencias patrimoniales derivadas del acto administrativo”.
Y ello nos lleva a la posición acumulativa: “Desde esta perspectiva, la determinación de la cuantía no puede realizarse atendiendo exclusivamente al contenido inmediato de la orden de demolición, pues el coste del derribo o demolición no agota el interés económico litigioso, aunque integre el mismo. La ejecución de la demolición constituye el mecanismo instrumental mediante el cual se produce la pérdida patrimonial que constituye el verdadero objeto de la controversia”. Además, “Si el proceso tiene por finalidad evitar la pérdida de una construcción determinada que desaparece si se ejecuta la orden de demolición, el valor económico de dicha construcción constituye un parámetro que indudablemente refleja el interés económico real de la pretensión ejercitada, no pudiendo obviarse el mismo a efectos del cálculo de la cuantía del procedimiento para su acceso al recurso de apelación.”
 
En definitiva, “si la cuantía debe corresponderse con el contenido económico real de la pretensión ejercitada, esto es, con el valor económico global de la afección patrimonial producida por la orden de restauración urbanística, tal afección no se agota por el valor de la construcción cuya conservación se pretende, sino que comprende también los costes necesarios para ejecutar la demolición y reponer el terreno afectado a su estado originario”.
Y añade que “Tal interpretación es la que mejor se acomoda a la noción legal de «valor económico de la pretensión», evita una reducción artificial de la cuantía litigiosa y resulta coherente con la doctrina reiteradamente mantenida por esta Sala en los términos precedentemente expuestos”.

9.3.20

¿Las aseguradoras y hospitales privados asumen el coste de la sanidad pública?

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2019(RC 2770/2017) resuelve un supuesto en el que la asistencia sanitaria fue solicitada al Sistema Nacional de Saludo por una entidad aseguradora, haciéndolo para personas que se la reclamaron directamente a ellas.


Según dicha sentencia " Son principios que informan esta ley: a) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias. b) El aseguramiento universal y público por parte del Estado. (...)". 4.- Lo que resulta de las anteriores prescripciones legales es lo siguiente: - el principio de igualdad que rige en la prestación de los servicios que ha de dispensar el Sistema Nacional de Salud [SNS] y el principio de aseguramiento universal y público por parte del Estado; - las dos modalidades de usuario con las que se puede acceder a los servicios sanitarios: usuarios con derecho a la asistencia de los Servicios de Salud; y usuarios sin ese derecho, que pueden acceder a los servicios sanitarios con la condición de pacientes privados; y - la posibilidad de facturar a estos pacientes privados del SNS la atención que hayan recibido, tomando como base sus costes efectivos y teniendo los correspondiente importes la condición de ingresos propios de los Servicios de Salud".

Sigue la citada sentencia señalando que " Siendo también de subrayar, como complemento de lo anterior, que la condición de usuario privado del SNS que ha de soportar la facturación que establece el artículo 16.3 de la Ley 14/1986 corresponde a todo sujeto jurídico que de cualquier forma resulta beneficiario de los servicios sanitarios prestados a título privado por el SNS. Y que, por tal razón, cabe hablar de un usuario directo, que es la persona que recibe directamente la atención sanitaria; y de un usuario indirecto, que es el sujeto o entidad privada que, en virtud de una relación de esta naturaleza, asume el compromiso ante determinada persona de prestarle asistencia sanitaria y, ante la dificultad de poder cumplirlo, originada por cualquier circunstancia, deriva a ese paciente particular suyo al SNS y solicita a éste último que le sustituya en la dispensa de esa asistencia a la que se había comprometido con su paciente particular. Debiendo afirmarse, así mismo, que el cuadro de relaciones con el SNS incluye a los terceros que resultan obligados al pago de las atenciones o prestaciones sanitarias que hayan sido facilitadas directamente a otras personas por dicho SNS; que dicha obligación de pago puede resultar de cualquiera de los títulos que enumera el anexo IX; que, entre estos títulos, su punto 7.c) incluye el supuesto en que, en virtud de normas legales o reglamentarias, el importe deba ser a cargo de las entidades o terceros correspondientes; y que el usuario indirecto obligado a soportar la facturación según lo establecido el artículo según lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1986 resulta encuadrable en ese supuesto del punto 7.c) que acaba de mencionarse. 5.Y las conclusiones que cabe extraer de todo lo anterior es que las atenciones o servicios sanitarios dispensadas por el SNS podrán ser reclamadas a los sujetos jurídicos o entidades siguientes: (1) a las personas físicas que, a solicitud de ellas mismas, hayan recibido directamente la asistencia sanitaria; (2) a los sujetos o entidades sanitarias que actúan como usuarios indirectos del SNS, por actuar en relación con personas físicas frente a las que asumieron el compromiso de dispensarles asistencia sanitaria encuadrable en una relación de derecho privado y, ante las dificultades de hacerlo con sus propios medios, derivaron a aquellas hacia el SNS y solicitaron de este que efectuara esta dispensa; y (3) que éstos últimos resultan encuadradles en el supuesto de terceros obligados que enumera el apartado 7.c) del anexo IX al que se remite el artículo 2.7 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre ".

Sin embargo, la conclusión es distinta si se trata de hospitales privados, que derivan pacientes a un hospital público. A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2020 (RC 5617/2018) comienza por distinguir este supuesto del anterior: "En el caso a que se refiere la antedicha Sentencia de 13 de febrero de 2019 la recurrente era una entidad aseguradora que estaba unida al paciente por un previo vínculo contractual de aseguramiento del que se derivan obligaciones: a la aseguradora la de prestar una asistencia sanitaria, y al asegurado la de abonar una prima por la que se le garantiza la prestación de las asistencias sanitarias contratadas; mientras que en el caso de mi representada mi poderdante no es ninguna entidad de seguros (es mera titular de un hospital privado) y como tal, no tenía ninguna relación contractual previa con el paciente que le obligue a prestar una asistencia integral al paciente, ni de asumir todas las prestaciones sanitarias en cada una de las especialidades a un paciente. "

En cambio, "Como alega la recurrente, cuando un paciente, libremente, entra por la puerta de urgencias de un hospital privado, el Centro no está obligado por ley, ni se obliga contractualmente a prestar una asistencia integral en todas las especialidades al paciente, sino que presta únicamente una primera asistencia en urgencias, y en su caso, si fuera necesario, en las especialidades y con el equipamiento que libremente decida, anuncie en su cuadro de especialidades, y en todo caso, limitadas por la cartera de servicios, especialidades y unidades que tenga autorizada por la autoridad sanitaria (en la preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento) y por la propia decisión del paciente, puesto que en este particular sector (el sector hospitalario), no existe una obligación legal o reglamentaria ni contractual (a diferencia de las aseguradoras sanitarias) que obligue a prestar una asistencia integral en todas las especialidades. El Hospital privado no cobra prima alguna, como digo, por garantizar un servicio integral a los pacientes (a diferencia de las entidades aseguradoras), sino que únicamente factura las asistencias que realmente presta al mismo. En consecuencia, y a diferencia de las entidades aseguradoras, si el paciente tras recibir una primera asistencia en el servicio de urgencias del Hospital privado, finalmente es asistido por un especialista en un hospital público, el Centro Privado, nunca podrá obtener ingreso, prima, ventaja o ser beneficiado ningún tipo de enriquecimiento injusto, en tanto sólo facturará la asistencia prestada en el servicio de urgencias. "

Así pues, procede "Determinar si un hospital privado que deriva pacientes a un hospital público puede ser considerado tercero obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del artículo 83 LGS, desarrollado en el artículo 2.7 y en el Anexo IX RD 1030/2006, y de poder serlo bajo qué concretas condiciones, de modo que resulte posible girarle el precio público establecido para los servicios sanitarios prestados por el servicio de salud de la comunidad autónoma competente.

Es precisamente este extremo el que reviste interés casacional, es decir, en concreto si un centro sanitario (hospital) privado, por su régimen jurídico específico y su relación con el paciente (con el que no suscribe un contrato de seguro de salud, ni recibe una prima a cambio de prestar una asistencia médica integral a diferencia de las entidades aseguradoras sanitarias), puede ser considerado como "tercero obligado al pago" de acuerdo con la normativa vigente.

Como sostiene la recurrente, la norma en vigor, que establece los casos concretos en los que se atribuye la condición de "tercero obligados al pago" (Anexo IX del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre) persigue la necesidad de no destinar fondos adscritos a la sanidad pública cuando las prestaciones sanitarias al paciente estén ya cubiertas por otros mecanismos, ya públicos o privados, es decir, cuando deban ser asumidas por aquellas entidades que tienen la obligación legal o contractual de hacerlo.

En el supuesto de la entidades aseguradoras, en sus dos modalidades: a) emisoras de pólizas por seguros de suscripción obligatoria (de vehículos a motor, viajeros etc.) considerados como "terceros obligados" en los apartados 4 a) b) c) y d) del Anexo IX del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, o b) Aseguradoras de salud emisoras de pólizas seguros de asistencia sanitaria, respecto de sus asegurados, Sentencia de 13 de febrero de 2019 referenciada , como "tercero obligado al pago", invocando el apartado 7 del Anexo IX (Otros obligados al pago), puesto que en ese caso existe un contrato entre asegurador y asegurado que puede obligar, según las condiciones de la póliza, a prestar una asistencia integral al asegurado, incluyendo el transporte sanitario, y por la cual se beneficia y cobra la correspondiente prima.

En esos casos (aseguradoras de salud), si los pacientes deciden su traslado a un hospital público, esas entidades podría considerarse que si estarían utilizando un recurso público para llevar a cabo una obligación legal o contractual que tienen asumida y, por lo tanto, sin soportar los costes de mantener esos medios necesarios. Es precisamente en estas situaciones donde la norma encuentra su finalidad y sentido, y es la propia lógica del sistema de terceros obligados la que exige que esas prestaciones sanitarias sean asumidas precisamente por quien tiene asumida la obligación legal o contractual de prestarlas (Aseguradoras o Mutualidades etc.).

Sin embargo, comparte la Sala el criterio de la recurrente de que esta previsión legal en ningún caso puede extrapolarse al supuesto de los hospitales privados, que no tienen ninguna obligación legal, reglamentaria ni contractual de asumir todas las prestaciones sanitarias a un paciente a cambio de una prima, sino las que libremente decida el hospital y en todo caso limitadas por la cartera de servicios, especialidades y unidades que tenga autorizada por la autoridad sanitaria (en la preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento). "

En definitiva, esta segunda sentencia fija la siguiente doctrina legal: "Un hospital privado que deriva o facilita el traslado de pacientes a un hospital público no puede ser considerado tercero obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del artículo 83 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, desarrollado en el artículo 2.7 y en el Anexo IX del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, salvo en aquellas asistencias sanitarias prestadas por el Hospital Público cuya atención corresponda al Hospital privado conforme al convenio o concierto suscrito con la respectiva administración sanitaria. "