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6.3.24

LEGITIMACIÓN DE LAS EMPRESAS EN UTE

El artículo 69.1 de la LCSP previene que podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, las llamadas Uniones Temporales de Empresas o UTE, que no constituyen una persona jurídica sino un grupo de empresas, aunque tenga la consideración de contratista y empresario y de sujeto pasivo a efectos fiscales.


Como significa el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 49/1972, de 22 de diciembre,

“los preceptos reguladores de las agrupaciones temporales de empresarios son concluyentes en el sentido de la carencia de personalidad jurídica de las agrupaciones temporales. La terminología utilizada, el régimen interno de la agrupación, el mecanismo de las responsabilidades y los requisitos formales constitutivos de aquélla ponen de relieve, sin lugar a dudas, que nos hallamos ante una comunidad de interesados de carácter circunstancial que se sustenta en la personalidad jurídica de los partícipes, vinculados por su responsabilidad solidaria frente a la Administración”.

La UTE goza de legitimación activa y pasiva a través de su representante. Para el recurso contencioso-administrativo basta el acuerdo de recurrir de la UTE incluso si una de las empresas está en concurso (STS 27-7-2021, RC 6696/2019).

Pero también gozan de legitimación individual sus miembros (STS 8-10-2019, RC 5824/2017; 17-2-2020, RC 36/2018; 26-3-2021, RC 1749/2019; 19-5-2021, RC 7441/2019; y 29-11-2021, RC 5355/2019).

La legitimación individual es confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2023 (RC 922/202) que fija la siguiente doctrina legal: " las sociedades integrantes de una unión o asociación de empresas ostentan legitimación para actuar individualmente en defensa de sus derechos frente a la no adjudicación de un contrato administrativo al que ha concurrido la unión de empresas siempre que quede acreditado dicho interés particular y que al actuar en beneficio de la unión de empresas su acción individual no entra en contradicción con la actuación procesal o los intereses de la unión de empresas en cuanto entidad colectiva."

8.8.21

EL ACUERDO DE RECURRIR Y LAS UTE

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa exige a las personas jurídicas la acreditación del cumplimiento de los requisitos para recurrir, adoptando el correspondiente acuerdo conforme a sus estatutos. Algo que, de ser necesario, debería exigirse con carácter general en todos los procesos, pero que se requiere singularmente en lo contencioso-administrativo.


Se trata de un requisito cuyo mayor o menor rigor ha ido variando en la Jurisprudencia que, desde luego, estima la procedencia del trámite de subsanación.

Sobre esta exigencia, ya hemos tenido ocasión de comentar la Jurisprudencia existente.

Vamos ahora a citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2021 (RC 6696/2019) sobre las Uniones Temporales de Empresa (UTE):

"Primero.- Con el fin de evitar situaciones de indefensión, el órgano jurisdiccional debe requerir la subsanación del defecto procesal, consistente en aportar el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones por parte de las Uniones Temporales de Empresas, salvo que tales documentos ya obren en el expediente, en cuyo caso, no es preciso tal requerimiento.
Segundo: en el caso de ejercicio de acciones judiciales por parte de uniones temporales de empresas (UTEs), el acuerdo previo para entablar tales acciones no debe ser adoptado individualmente por cada una de las empresas que integran la UTE, resultando suficiente con que se acuerde, de forma singular, por el órgano de la UTE que se encuentre facultado para litigar en nombre de la propia UTE.
Tercero: en el supuesto de que alguna de las empresas que compongan una UTE se encuentra en situación de concurso, no es preciso que la administración concursal adopte un acuerdo expreso facultando al órgano correspondiente de la UTE para entablar acciones judiciales, salvo que el otorgado con anterioridad a la declaración del concurso, haya perdido su validez."