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10.9.26

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO FRENTE AL SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN: LA EXIGENCIA DE LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

 

El recurso contencioso-administrativo puede interponerse frente a actos expresos y también actos presuntos, en los que se entiende desestimada una solicitud o un recurso en vía administrativa.

Ahora bien, en el ámbito tributario y de liquidaciones asimiladas, existe una vía impugnatoria que es la económico-administrativa, que es preceptiva y previa al contencioso-administrativo.

La Jurisprudencia ha reconocido que, si no se informa al administrado, este no está obligado a agotar una vía administrativa que desconoce. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2001 (RC 5394/1994) recuerda que el Alto Tribunal “tiene declarado que cuando la omisión del recurso administrativo previo que procediera es debida a la defectuosa notificación del acto recurrido, no cabe dictar en perjuicio del particular interesado un pronunciamiento de inadmisibilidad de su recurso jurisdiccional”.

En esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2023 (RC 3069/2021) considera que no procedía la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo porque el recurrente no disponía de ningún acto administrativo expreso ni había sido informado, en ningún momento, del régimen de recursos preceptivos, concluyendo que “[n]o procede declarar la inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo, por falta de agotamiento de la vía administrativa previa, conforme a lo declarado en los artículos 69.c), en relación con el 25.1 LJCA , en aquellos casos en que el acto impugnado fuera una desestimación presunta, por silencio administrativo, ya que, por su propia naturaleza, se trata de una mera ficción de acto que no incorpora información alguna sobre el régimen de recursos. (...) En tal sentido, la Administración no puede obtener ventaja de sus propios incumplimientos ni invocar, en relación con un acto derivado de su propio silencio, la omisión del recurso administrativo debido [...]”.

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2023 (RC 4792/2021), que enjuiciaba la desestimación presunta de una reclamación económico-administrativa interpuesta ante un Tribunal Económico Administrativo Regional, inactividad frente a la que se dedujo el recurso contencioso-administrativo cuando el acto originariamente impugnado debía agotar la alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central por razones de cuantía, estimó el recurso de casación y acordó el reenvío al Tribunal de instancia para que resolviera el fondo del asunto, tras una remisión a “la doctrina sobre la improcedencia de exigir al reclamante que adivine qué recursos jerárquicos proceden contra los actos presuntos, que no dejan de revelar un grave incumplimiento del elemental de resolver de modo explícito, mediante resolución motivada que ha de notificarse con indicación de los recursos preceptivos, las peticiones y recursos -como lo exige la observancia del derecho a una buena administración”.

De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2026 (RC 8216/2024), son "tres las razones que han inspirado nuestra doctrina: (i) que la Administración no puede sacar provecho del incumplimiento de su obligación de resolver un recurso o una reclamación de manera expresa; (ii) que la falta de información al contribuyente de los recursos y de las consiguientes vías impugnatorias que caben contra una determinada actividad administrativa, haya sido provocada por esa falta de respuesta expresa de la resolución que debió dictar la Administración; (iii) que prima el derecho a la defensa del contribuyente cuando, por la falta de respuesta imputable a la Administración, desconozca los medios y vías impugnatorias procedentes contra un acto".

Pero distinto es el caso de que la Administración informase de los recursos pendientes para agotar la vía administrativa.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2026 (RC 7861/2024) se enfrenta a un supuesto en que “La liquidación derivada del acta firmada en disconformidad por la empresa recurrida en reposición y enjuiciada por la Sala de instancia, sí incluía una completa y detallada información del régimen de recursos que se podían interponer contra ese acto. Al mismo tiempo se advertía del carácter potestativo del recurso de reposición y del alcance de la reclamación económico-administrativa a la que acudir, con carácter previo, para que el acto causara estado en vía administrativa”.

El Alto Tribunal nos dice que “No estamos ante situaciones totalmente asimilables a las contempladas en nuestras dos sentencias anteriores en las que, esencialmente, el contribuyente carecía de una información puntual y precisa del iter impugnatorio que cabía contra el acto, opacidad informativa que fue provocada por la falta de respuesta expresa por parte de la Administración.

Las circunstancias que ahora examinamos son bien distintas, y a pesar de que la Administración también incumplió con su deber de resolver de manera expresa el recurso de reposición en plazo, con la notificación del acto originariamente impugnado se dio una puntual y correcta información al contribuyente, tanto de los medios de impugnación que cabían contra la liquidación, como del alcance de cada uno. De modo que la sociedad sí fue informada previamente, por medio de la notificación de la liquidación, de la necesidad de interponer la reclamación económico-administrativa para agotar esa vía, y del mero carácter potestativo y no preclusivo del recurso de reposición. Fue la recurrente quien decidió el cauce impugnatorio y también quien, ante la falta de respuesta en plazo a la reposición, en lugar de deducir la preceptiva reclamación económico-administrativa optó por acudir directamente la vía judicial.”

En definitiva, la Sentencia sienta la siguiente doctrina: “En situaciones como la que hemos detallado, no resulta admisible un recurso contencioso-administrativo por falta de agotamiento de la vía administrativa previa, conforme a lo declarado en los artículos 69.c), en relación con el 25.1, ambos de la LJCA, pues, a pesar de la falta de respuesta expresa o desestimación presunta imputable a la Administración de un recurso de reposición de carácter potestativo, en la notificación del acto expreso objeto de aquel recurso sí informó clara y taxativamente al contribuyente de los medios de impugnación procedentes.”

 

Francisco García Gómez de Mercado Linkedin

Abogado


25.6.26

NO TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SE PUEDEN RECURRIR DIRECTAMENTE: EL CASO DE LAS INSPECCIONES RELATIVAS A LA RETRIBUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2026 (RC 2882/2024) contempla el supuesto de la impugnación del Acuerdo dictado por la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC por el que remite al Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico el resultado de las inspecciones relativas a la retribución de la distribución para los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 así como una valoración de los ajustes derivados de dichas inspecciones.
 
Tal acuerdo no es recurrible directamente, porque es un acto instrumental del procedimiento retributivo, con informe no vinculante, no susceptible de revisión jurisdiccional autónoma (sin perjuicio de que el resultado de ese procedimiento sí pueda ser recurrido).
 
2. – LO QUE DICE LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA
 
Conforme al artículo 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA):
 
“El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.”
 
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1985  declara que el sentido que inspira la irrecurribilidad de los actos de trámite no es sino el de que las reclamaciones de los interesados no interfieran ni paralicen el curso del procedimiento hasta que en él recaigan actos decisorios, sustrayendo a la actividad impugnatoria de los particulares afectados meras actuaciones administrativas de carácter interlocutorio, evitando así la paralización del expediente, con base en reclamaciones no dirigidas a combatir aspectos sustanciales.

La inimpugnabilidad de los actos de trámite no es, de por sí, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. Nos ilustra la Sentencia de 3 de marzo de 1997  que «el derecho a la tutela judicial efectiva, de conformación legal, se ha de solicitar y obtener en la forma que la ley establece y no es dable alterar lo dispuesto en la norma, en este caso anticipando el recurso a un acto de trámite, pues lo vedan los principios de legalidad y seguridad vigentes en nuestro ordenamiento, artículo 9 CE (Auto de esta Sala de 12 julio 1995). Y, como ha señalado, el Tribunal Constitucional, entre otras muchas, en su Sentencia 267/1993, de 20 septiembre, el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface tanto a través de las resoluciones judiciales que se pronuncien sobre el fondo, de la cuestión debatida, como mediante resoluciones que, por aplicación de una causa legal de inadmisión, deciden la improcedencia de resolver una determinada cuestión o recurso de forma motivada». Ahora bien, «la categoría de los actos de trámite debe ser interpretada con un criterio limitado y restrictivo, en forma favorable a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la posibilidad de enjuiciamiento de toda cuestión esencial o de fondo que suscite una actuación administrativa (art. 106.1 CE)» (STS 11 marzo 1997).

Es más, que el recurso se centre en el acto resolutorio es incluso beneficioso para el administrado, pues en caso contrario se vería obligado a impugnar en vía administrativa y contencioso-administrativa los actos de trámite que le fueran perjudiciales para que no se le dijera después que los consintió.

Desde luego, el carácter de acto de trámite o definitivo, como requisito, óbice o presupuesto procesal, puede apreciarse de oficio y no está vinculado a las declaraciones de la Administración. El error de la Administración al indicar que la resolución era susceptible de recurso contencioso-administrativo no puede en modo alguno conllevar la transformación de un acto no susceptible de recurso contencioso-administrativo en otro susceptible de tal recurso procesal, o viceversa. Y es que «los actos son lo que son, independientemente de los términos que en ellos se utilicen, por lo que la omisión en el recurrido de su calificación como provisional, no es óbice para su calificación adecuada según su función comprobada en el expediente» (STS 28 enero 1997).
 
No obstante, pueden existir actos de trámite cualificados que sí sean impugnables en vía contenciosa, como los que, aún adoptados antes de la resolución, inciden en situaciones jurídico-privadas o imponen obligaciones). Y también son impugnables los actos de trámite que ponen fin al procedimiento o lo suspenden no momentáneamente sino de forma indefinida

3.- DOCTRINA CASACIONAL QUE SE ESTABLECE

La doctrina casacional que se establece es la siguiente:
 
“El acuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), emitido tras el acta de las inspecciones llevadas a cabo por la CNMC para comprobar la exactitud de la información aportada por las empresas de distribución de energía eléctrica en el ámbito de la retribución de esa actividad, donde se determina el resultado de esas inspecciones y se acuerda su remisión a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no forma parte de las actuaciones inspectoras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se inserta en el procedimiento retributivo, como un acto de trámite meramente instrumental.
 
Este acuerdo contiene un informe de carácter no vinculante que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia acerca de las retribuciones de las empresas distribuidoras que no cabe calificar como acto de trámite cualificado susceptible de revisión jurisdiccional de forma separada y autónoma, al no reunir ninguna de las condiciones que se establecen en el inciso final del artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”.
 
4.- RAZONAMIENTO DE LA SENTENCIA


El razonamiento de la sentencia es el siguiente:

“Calificado el acto administrativo recurrido como acto administrativo de trámite del procedimiento retributivo, la respuesta a la cuestión de interés casacional requiere determinar si resulta impugnable separadamente y de forma autónoma ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Para ello resulta de utilidad reproducir nuestra jurisprudencia sobre los actos de trámite impugnables separadamente, recogida en nuestra sentencia número 1670/2025, de 17 de diciembre (Rec. 8387/2022), donde decimos:
 
«En términos generales, la impugnabilidad o no de los actos administrativos viene determinada por la función del acto de que se trate en el procedimiento administrativo, en el que cabe diferenciar entre los actos de trámite, que tienen un carácter meramente preparatorio o instrumental, y la resolución final, que decide el fondo del asunto y pone término al procedimiento.
 
Con arreglo a esa funcionalidad, solo esta última -la resolución final del procedimiento- sería susceptible de recurso de forma separada e independiente, no siéndolo los actos de trámite, con ciertas excepciones. Lo anterior no supone que los actos de trámite no sean susceptibles de impugnación, sino únicamente que no pueden ser impugnados de forma separada al acto que ponga término al procedimiento.
 
No obstante, como es sobradamente sabido, en interpretación del artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), se viene distinguiendo entre actos de trámite simples y actos de trámite cualificados.
 
En efecto, dentro del ámbito de la "actuación administrativa", susceptible de revisión jurisdiccional de forma separada y autónoma, hemos incluido, también, los denominados actos de trámite, siempre que reúnan determinadas condiciones, que son las que ahora se establecen en el inciso final del artículo 25.1 LRJCA, como decíamos en nuestra sentencia de 10 de junio 2024 (Rec. 252/2022).
 
Así, nos hemos referido a los actos de trámite simples, distinguiéndolos de los cualificados, como aquellos actos de ordenación del procedimiento o preparatorios de la resolución final, que garantizan el acierto y oportunidad de la misma, sin decidir sobre las cuestiones planteadas en el procedimiento, lo que determina que dichos actos de iniciación no sean impugnables separadamente. Y hemos añadido que es esta una diferenciación que deriva de la propia estructura del procedimiento, que a su vez dimana del principio de concentración procedimental, en virtud de la cual los actos de trámite no son impugnables separadamente, de modo que será al recurrir la resolución cuando podrán suscitarse las cuestiones relativas a la legalidad de los actos de trámite ( STS de 14 de octubre de 2025, Rec. 8291/2024).
 
Esas excepciones, cuya concurrencia determina la impugnabilidad separada de los actos de trámite, se contemplan en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , y en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , y consisten en que: (i) decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, (ii) determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o (iii) produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
 
En numerosas sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo hemos puesto de relieve el carácter casuístico que preside la determinación de qué actos de trámite son recurribles separadamente.
 
En este sentido, hemos declarado en nuestras sentencias de 30 de enero de 2024 (Rec. 6402/2021), 9 de mayo de 2024 (Rec. 5005/2021) y 28 de mayo de 2025 (Rec. 3115/2022) lo siguiente:
 
"La consideración de un acto de trámite o de un acto de trámite cualificado no tiene una respuesta única o unívoca, válida para todos los casos, sino que debe ser matizada en cada caso mediante el examen particularizado de las circunstancias que concurran, en especial las relativas a su objeto y extensión, a fin de decidir sí el acto en cuestión puede producir alguno de los efectos descritos en el artículo 25 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que lo cualifique como acto de trámite y permita su impugnación autónoma y separada del acto resolutorio del procedimiento."
 
Sin ánimo de exhaustividad, exponemos a continuación algunos precedentes sobre la calificación de actos de trámite de diversa consideración, como muestra de la complejidad y el casuismo que preside esta materia.
 
Así, nos hemos pronunciado sobre la impugnabilidad separada de actos de trámite, calificándolos como actos de trámite cualificados, cuando se trata de actos que por sí mismos, de forma autónoma, tienen un contenido sustantivo y producen una serie de efectos inmediatos negativos y perjudiciales para la recurrente, sin necesidad de aguardar a un ulterior acto administrativo, como ocurre con los siguientes: los actos del Servicio Público de Empleo en los que se requiere a una entidad para el ingreso de una determinada cantidad correspondiente a la indebida aplicación de deducciones ( STS de 28 mayo de 2025, Rec. 3115/2022), el acuerdo del Consejo de Ministros que decide continuar con el procedimiento de extradición pasiva solicitada por otro Estado ( SSTS de 29 de noviembre de 2018, Rec. 282/2017 ; 17 de septiembre de 2018, Rec. 303/2017 ; 12 de marzo de 2018, Rec. 228/2017; y 8 de marzo de 2018, Rec. 245/2017 , entre otras), el requerimiento de información en materia de telecomunicaciones, que estimó también admisible el recurso por el importante número de informaciones, varias de ellas de carácter confidencial que incluían secretos comerciales, relativos a estrategias operativas y comerciales, que podían favorecer a los competidores y, en particular, a la empresa que había formulado la denuncia, cuya puesta a disposición de terceros sin declaración de confidencialidad estimó la Sala que podía ocasionar perjuicios irreparables a la recurrente ( STS de 13 de febrero de 2008, Rec. 11414/2004 ), el acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador en materia de extranjería que posibilita adoptar como medida cautelar la detención del expedientado [ SSTS de 27 de septiembre de 2007 (Rec. 4755/2003 ), 20 de septiembre de 2007 (Rec. 10073/2003 ) y 6 de octubre de 2006 (Rec. 4465/2003 ), entre otras] y el acto de iniciación del procedimiento sancionador, por razón de que incorporaba la medida cautelar de paralización de unas obras ( STS de 7 de mayo de 1999, Rec. 12443/1991).
 
Por otro lado, hemos negado la condición de acto de trámite cualificado a actos meramente instrumentales de distinta naturaleza, como los siguientes: el informe no preceptivo ni vinculante emitido por una entidad local en el procedimiento de revisión de tarifas de agua tramitado por un órgano autonómico ( STS de 10 de junio 2024, Rec. 252/2022), los actos de iniciación de los procedimientos administrativos restrictivos de derechos o sancionadores ( STS de 13 de diciembre de 2016, Rec. 2941/2015 ), el acuerdo de incoación del expediente sancionador decide incorporar las actuaciones del anterior expediente sancionador que finalizó por caducidad ( STS de 14 de octubre de 2025, Rec. 8291/2024), la decisión de la Dirección de la Competencia de la CNMC de incorporar a un expediente de la información obrante en otro ( STS de 15 de junio de 2022, Rec. 3358/2020), el acuerdo del instructor de un expediente sancionador en materia de defensa de la competencia, que acuerda deducir testimonio de algunos documentos obrantes en el expediente con la finalidad de que se investigue si ciertas conductas ( STS de 28 de octubre de 2022, Rec. 899/2021), la resolución administrativa por la que la Administración Pública concedente de la subvención lleva a cabo las labores de comprobación y verificación, que culminan en la liquidación final de la subvención y el inicio del procedimiento de reintegro ( STS de 15 de febrero de 2022, Rec. 1690/2020, que cita otros precedentes), el requerimiento de información de una autoridad autonómica de consumo a una entidad bancaria, con obligación de aportar determinada documentación ( STS de 4 de junio de 2020, Rec. 1228/2019), el acto de trámite iniciador de un procedimiento para la comprobación e investigación tributaria ( STS de 10 de julio de 2019, Rec. 410/2018), la aprobación de un avance de planeamiento urbanístico ( STS de 21 Dic. 2017, Rec. 128/2016) y la resolución suspendiendo el procedimiento sancionador y dando traslado del expediente al Ministerio Fiscal por si los hechos fuesen delictivos ( STS de 11 de noviembre de 2016, Rec. 317/2015).
 
Y, a veces, se ha adoptado una solución ambivalente en función de las circunstancias concurrentes, como aconteció cuando al referirnos al acto de apercibimiento iniciador del procedimiento de ejecución forzosa, declaramos en la sentencia de esta Sala de 9 de febrero de 2023 (Rec. 2514/2022 ) que "es un acto de trámite insusceptible de recurso autónomo, salvo que genere indefensión o prejuicios de difícil reparabilidad, lo que facultará a su impugnación siempre y cuando los motivos del recurso vayan referidos única y exclusivamente al procedimiento de ejecución forzosa, sin posibilidad de cuestionar la resolución administrativa que se trata de ejecutar", poniéndose de manifiesto la complejidad que supone a veces determinar el carácter impugnable de forma separada de los actos de trámite.»
 
La jurisprudencia expuesta aporta reflexiones de interés para diferenciar los actos administrativos que, formando parte de un mismo procedimiento administrativo, tienen un mero carácter preparatorio o instrumental del acto resolutorio del procedimiento de aquellos otros que presentan sustantividad propia y producen una serie de efectos inmediatos negativos y perjudiciales, sin necesidad de aguardar a un ulterior acto administrativo, que resultan directamente aplicables al supuesto enjuiciado.
 
En efecto, acudiendo a la tradicional distinción entre actos de trámite cualificados, susceptibles de impugnación autónoma y separada del acto resolutorio, y actos de trámite meramente preparatorios e instrumentales, podemos resolver la cuestión controvertida.
 
Pues bien, las consideraciones realizadas sobre la naturaleza y finalidad del acto impugnado ponen de relieve su caracterización como mero acto de trámite instrumental y preparatorio del acto que habría de poner fin al procedimiento retributivo: la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que determina la retribución de las empresas distribuidoras para los años 2017, 2018 y 2019.
 
Así es, se trata de un mero informe de carácter no vinculante que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia acerca de las retribuciones de las empresas distribuidoras que no cabe calificar como acto de trámite cualificado susceptible de revisión jurisdiccional de forma separada y autónoma, al no reunir ninguna de las condiciones que se establecen en el inciso final del artículo 25.1 de la LRJCA, pues no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento y no producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, que podrían hacerse valer en la eventual impugnación de la Orden retributiva que pone fin al procedimiento, invocando los vicios de ilegalidad reprochables a aquel acto de trámite.
 
Por tanto, se trata de un acto de trámite del procedimiento retributivo de las empresas distribuidoras de energía eléctrica no impugnable de forma separada y autónoma.
 
Esta conclusión no queda desvirtuada por la previsión contenida en el art. art. 36.2 Ley 3/2013 en cuya virtud:
 
«2. Los actos y resoluciones del Presidente y del Consejo, en pleno y en salas, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictados en el ejercicio de sus funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles de recurso de reposición, siendo únicamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa».
 
Esta previsión, puesta en relación con lo previsto en el apartado anterior en el que se dispone que «los actos y decisiones de los órganos de la Comisión distintos del Presidente y del Consejo podrán ser objeto de recurso administrativo» lo único que establece es la inexistencia de recurso administrativo, pero la posibilidad de impugnación autónoma en vía jurisdiccional del acuerdo dictado dependerá del contenido del mismo y el procedimiento en que se inserte, lo que reconduce la cuestión a su consideración como un acto definitivo o un acto de tramite cuya impugnación ante la jurisdicción contenciosa dependerá del cumplimiento de las exigencias contenidas en el art. 25.1 LJCA y en la jurisprudencia, sin que en este caso y en atención a su contenido, tal y como hemos tenido ocasión de analizar, se aprecie la posibilidad de considerarlo un acto susceptible de impugnación autónoma.”
 
5.- CONCLUSIÓN

Que se trate de un acto de trámite no cualificado, en definitiva, impide recurrirlo directamente, pero abre la posibilidad de impugnar lo que finalmente se decida, aunque no se haya recurrido el acto de trámite. No pensemos, pues, que el resultado de esas inspecciones, en la medida en que deriven en la imposición de una sanción u otra medida son inimpugnables, pero serán discutibles al recurrir el acto definitivo.


 

Francisco García Gómez de Mercado Linkedin

Abogado

8.3.22

NO ES POSIBLE LA SUBSANACIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CADUCIDAD

 

Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2021 (RC 7256/2019), "a los efectos del artículo 45.3 en relación con el artículo 45.2 LJCA, no puede entenderse válidamente cumplimentado el requerimiento de subsanación al no haberse observado el plazo concedido, contado de conformidad con el artículo 151.2 LEC a partir del día siguiente a la fecha de recepción que consta en el resguardo acreditativo, al tratarse de una comunicación realizada a través del servicio de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores.

Tampoco puede entenderse válidamente cumplimentado el requerimiento de subsanación al amparo del artículo 128.1 LJCA, al considerar que los plazos para preparar o interponer válidamente los recursos están exceptuados, por evidentes razones de seguridad jurídica, del mecanismo de rehabilitación previsto en el artículo 128.1 LJCA, y que el plazo del artículo 45.3 LJCA para subsanar defectos del escrito de interposición participa de la misma naturaleza que el propio plazo de interposición."


ADMISIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CON PODER POSTERIOR

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2021 (RC 567/2020) declara que "no cabe declarar la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo en el que el/la Procurador/a no acompañe con el escrito que lo inicie el poder para pleitos o la designación apud acta que acreditarían su representación, incluso aunque estos no se hubieran otorgado aún, si lo hace dentro del plazo de diez días desde que fue requerido/a para ello y aunque al aportar uno u otra hubiera finalizado el plazo hábil para la interposición de aquel recurso".


"La cuestión planteada en este recurso ha sido objeto de examen y resolución en las sentencias de esta Sala de 13 y 27 de mayo de 2020, dictadas en los recursos 4715/17, 4743/17 y 687/19, cuyos razonamientos para la estimación del recurso hemos de reproducir, al plantearse el recurso en los mismos términos.

Tales razones son las siguientes:

"A) El art. 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dispone que "Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes". [O lo que es igual, "en los casos, condiciones y plazos previstos en las leyes procesales", según reza el art. 243.3 de dicha Ley].

Siendo así que la falta de acreditación de la representación procesal es, en principio o en sí mismo, un defecto subsanable, procede fijar la atención en el último inciso de aquel precepto, es decir, el que remite, para subsanar, al procedimiento establecido en las leyes.

Ese procedimiento, para el caso que nos ocupa, es el que prevé el art. 45.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), cuyo inciso final ordena que el Letrado de la Administración de Justicia requiera inmediatamente de subsanación, "señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto", a lo que añade, acto seguido, que "si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciara sobre el archivo de las actuaciones".

Ese mismo plazo de diez días para subsanar es el que establece el art. 138 de la LJCA en sus números 1 y 2, ordenando en el núm. 3 que "sólo cuando el defecto sea insubsanable o no se subsane debidamente en plazo, podrá ser decidido el recurso con fundamento en tal defecto".

Por tanto, del régimen jurídico-procesal que establecen la LOPJ y la LJCA, debe extraerse el principio de que todo defecto subsanable queda subsanado si ello se hace en el plazo de diez días, bien desde que la parte recurrente fue requerida a tal fin antes de admitir a trámite el recurso (supuesto de autos), bien desde que debió tener por procesalmente trasladada a su conocimiento una alegación clara que sobre la existencia del defecto hubiera hecho alguna de las otras partes en el curso del proceso, o bien desde que le fue notificada la diligencia de ordenación que ha de dictarse si es el Juzgado o Tribunal el que, tramitándose el proceso, aprecia el defecto (supuestos, estos dos últimos, que derivan de la interpretación que hizo el Pleno de esta Sala en su sentencia de 5 de noviembre de 2008, dictada en el recurso de casación n.º 4755/2005, sobre los números 1 y 2 del art. 138 de la LJCA).

B) Pese al tenor del art. 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que, en lo que ahora importa, no difiere significativamente en sus cuatro sucesivas redacciones, y que ordena que el poder notarial o el apoderamiento apud acta se acompañarán al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, antes de la primera actuación, no cabe deducir de él, ni del conjunto de los preceptos de esa ley, un principio contrario a la posibilidad de subsanar los defectos subsanables. Ante todo, porque el mandato que establece el art. 24, de acompañar al inicio el documento acreditativo de la representación, es, en sí mismo, el que rige en todos los órdenes jurisdiccionales para las actuaciones de parte en que sea exigible la representación procesal. También, porque una labor de interpretación que condujera a afirmar tal principio contrario, habría de justificar la razón normativa por la que inaplica aquel art. 11.3 de la LOPJ, cuyos destinatarios son todos los Juzgados y Tribunales. Asimismo, porque no es ese principio el que se deduce, por ejemplo, de los arts. 231, 418 y 559 de la propia LEC. Y, en fin, porque la STC 287/2005, de 7 de noviembre, a cuyos FFJJ nos remitimos, afirma que el tenor de aquel art. 24 de la LEC no impide subsanar los defectos procesales subsanables.

C) El principio que hemos afirmado en el último párrafo de la letra A) de este fundamento de derecho rige, siempre que la subsanación se produzca dentro del plazo de diez días que debe concederse para ello, aunque el día en que tenga lugar sea posterior a aquél en que había vencido el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo. Ello es así, o así debe entenderse, porque en otro caso carecerían de sentido las previsiones de los arts. 45.3 y 138 de la LJCA. Más en concreto, debe observarse que el primero de ellos se refiere a la "validez de la comparecencia", no teniéndola por tal en el caso - además de otros posibles- en que "con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos"; o lo que es igual, en lo que ahora interesa, si no se acompaña o es incompleto "el documento que acredite la representación del compareciente" [letra a) del núm. 2 del art. 45]. Siendo así, y siendo posible y lícito que el escrito de interposición se presente el último día del plazo hábil para ello, carecería de todo sentido el requerimiento de subsanación que ordena realizar su núm. 3 en los términos en que lo hace, pues fácil hubiera sido construir la norma añadiendo que el plazo de subsanación finalizaría en todo caso el día en que venciera el plazo de interposición.

D) Esa posibilidad de que la subsanación se produzca aunque el día en que tenga lugar sea posterior a aquél en que venció el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, no contraviene el principio de seguridad jurídica. De entrada, porque la excesiva carga de trabajo que en general soportan los órganos de esta jurisdicción, hace usual que el acuerdo que tiene por interpuesto el recurso y su notificación tengan lugar fechas más tarde del vencimiento de aquel plazo. También, porque el breve plazo que se establece para la subsanación, diez días, no es apto para generar un estado de incertidumbre. Y, en fin, porque en el plano de lo que jurídicamente ha de ser conocido, la parte o partes contrarias han de saber que cabe un procedimiento de subsanación y, además, podrán conocer a través de los registros del órgano competente si se ha presentado o no un recurso contra la concreta actuación administrativa que apremie ejecutar, interese o favorezca.

E) Tampoco cabe negar esa posibilidad aunque el poder o apoderamiento se otorgue a raíz del requerimiento de subsanación, es decir, después de éste, sin existir antes, pues tal situación no merece otra valoración que la propia de un mero defecto formal sin transcendencia invalidante, ya que no es imaginable que quien ejerce la profesión de Procurador de los Tribunales comparezca ante un órgano jurisdiccional en nombre de una persona sin que tal comparecencia vaya precedida de una encomienda para ello recibida de esa persona o desde la dirección letrada que le asesora.

F) El criterio que sostenemos es el que se acomoda en un caso como el de autos a la doctrina constitucional expresada, por todas, en la STC núm. 73/2006, de 13 de marzo. En efecto, en su FJ 3, párrafo tercero, puede leerse lo que sigue: "[...] a) Como regla general, la interpretación de las normas procesales y, más en concreto, el control de la concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales y procesales que condicionan la válida constitución del proceso son operaciones jurídicas que no trascienden el ámbito de la legalidad ordinaria, correspondiendo su realización a los órganos judiciales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que, de manera privativa, les confiere el art. 117.3 CE, pues es facultad propia de la jurisdicción ordinaria la interpretación, selección y aplicación de las normas a cada supuesto litigioso concreto. b) Esta regla tiene como excepción 'aquellos supuestos en los que la interpretación efectuada por el órgano judicial de esta normativa sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente y, asimismo, cuando del acceso a la jurisdicción se trata, en los casos en que dicha normativa se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican' ( STC 231/2001, de 26 de noviembre, FJ 2). En estos casos, se producirá una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, que justificará la intervención del Tribunal Constitucional, puesto que, aunque no es misión de este Tribunal interpretar las normas procesales, sí lo es determinar si la ofrecida por los órganos jurisdiccionales se ajusta a la Constitución. Y c) la plena operatividad del principio pro actione en relación con el derecho de acceso a la jurisdicción no supone que los órganos judiciales deban necesariamente optar por la interpretación de las normas procesales más favorable a la admisión de los recursos de entre todas las posibles". Y, con parecidos términos, en los FFJJ 3 y 4 de la STC 186/2015, de 21 de septiembre. Pues bien, leído lo anterior, ha de rechazarse la interpretación que hizo la Sala de instancia, por desproporción clara entre el sacrificio del derecho de acceso al proceso y el fin al que obedecería, que no es uno que demanden las normas procesales sin posibilidad de interpretación en contrario, ni uno que demande el principio de seguridad jurídica.

G) Por fin, nada autoriza en nuestro ordenamiento jurídico procesal que la interpretación que sostenemos en esta sentencia deba ser distinta según que la representación procesal quede finalmente acreditada a través de un poder para pleitos o mediante una designación apud acta."


8.11.21

PRESENTACIÓN EN CADUCIDAD DE LA SUBSANACIÓN POR NO FORMALIZAR DEMANDA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2021 (RC 1186/2019) admite la subsanación de la presentación del escrito de demanda en caducidad en el procedimiento abreviado.


Lo explica así: "Hemos dejado constancia de que la doctrina es tajante respecto a la improrrogabilidad de los plazos para preparar o interponer un recurso a tenor del contenido del artículo 128 LJCA.
Ninguna duda ofrece que el termino preparación se refiere al escrito de preparación del recurso de casación, artículo 89 LJCA, mientras que la interposición tanto abarca el artículo 92 LJCA, interposición del recurso de casación, como la interposición del recurso de apelación, artículo 85 LJCA, y el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo en el procedimiento ordinario, artículo 45 LJCA. Los plazos establecidos en los antedichos preceptos lo son de caducidad por lo que no pueden ser objeto de rehabilitación como tajantemente expresa la norma legal y su interpretación jurisprudencial.
En el procedimiento ordinario el artículo 52.2. LJCA se refiere a la demanda cuya presentación admite si se hace dentro del día en que se declare por auto la caducidad del recurso.
Una de las particularidades del procedimiento abreviado reside en que la interposición del recurso y el escrito de demanda se integran en un único escrito/trámite. En cambio, acabamos de ver, que la regulación de dicho trámite en el procedimiento ordinario se disocia en dos escritos separados con contenido y plazos de presentación distintos, aunque el escrito de demanda debe dirigirse contra el mismo acto o disposición general indicado en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo así como mantenerse la pretensión inicial interesada.
Aquí el escrito inicial del procedimiento contencioso-administrativo fue presentado oportunamente en plazo, pero de forma deficiente al contemplar solo la faceta de interposición mas omitiendo en el mismo el desarrollo de la demanda con sus antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que determinan la pretensión ( artículo 56 LJCA).
Por ello, atendiendo al principio "pro actione" si el recurso en el procedimiento abreviado se inicia directamente con demanda, como exige el artículo 78.2 LJCA, debe entenderse que la analogía en la aplicación supletoria de las normas generales, artículo 78.23 LJCA, lo es con el escrito de demanda que, hemos visto, permite la subsanación, no con el simple escrito de interposición del recurso contencioso en el procedimiento ordinario.
Lo relevante es que el llamado por el recurrente escrito de interposición que, en realidad debería haber sido una demanda, fue presentado en plazo, razón por la que fue requerido de subsanación a fin de acomodar el citado escrito al contenido de una demanda. Y si bien no subsanó mediante la presentación de una demanda en la forma exigida por la LJCA en el plazo concedido si lo hizo en el día en que le fue notificado el auto del Juzgado número 5 de Sevilla acordando el archivo de las actuaciones e inadmitiendo a trámite la demanda.
Por todo ello procede la estimación del recurso de casación contra la sentencia de 14 de noviembre de 2015 (sic, debería decir 2018, pues fueron incoados los autos el 10 de octubre de 2018 y firmada el 15 de noviembre de 2018) dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso de apelación 830/2018 que, en consecuencia, se estima y previa anulación de la sentencia, se declara nulo el auto de 31 de julio de 2018 del Juzgado número 5 de Sevilla que inadmitió la demanda presentada en el recurso 145/2018 sustanciado por el procediendo abreviado, ordenando la admisión a trámite de la demanda y la continuación del procedimiento por los tramites que corresponda."


8.8.21

APORTACIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

 

Si bien el tradicional carácter revisor del orden jurisdiccional contencioso-administrativo ha llevado a veces a considerar que la documentación debe presentarse ante la Administración y los Tribunales no pueden conceder lo que la Administración denegó sobre la base de documentos que no se aportaron a la Administración, el Tribunal Supremo, al menos en materia tributaria, confirma la posibilidad de presentación de nueva documentación.


Dice así la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2021 (RC 6012/2019): "En respuesta a la segunda de las cuestiones planteadas por el auto de admisión del recurso de casación debemos ratificar la doctrina contenida en la STS 684/2017, de 20 de abril , en el sentido de que "cabe en sede de revisión admitir documentación no aportada en sede de gestión".
La admisión de la prueba obliga a la Sala a dar una respuesta razonada y
motivada respecto de la valoración de la prueba aportada y declarada pertinente sin que puede denegarse tal respuesta con base en el carácter revisor de la jurisdicción contenciosa administrativa."

EL ACUERDO DE RECURRIR Y LAS UTE

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa exige a las personas jurídicas la acreditación del cumplimiento de los requisitos para recurrir, adoptando el correspondiente acuerdo conforme a sus estatutos. Algo que, de ser necesario, debería exigirse con carácter general en todos los procesos, pero que se requiere singularmente en lo contencioso-administrativo.


Se trata de un requisito cuyo mayor o menor rigor ha ido variando en la Jurisprudencia que, desde luego, estima la procedencia del trámite de subsanación.

Sobre esta exigencia, ya hemos tenido ocasión de comentar la Jurisprudencia existente.

Vamos ahora a citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2021 (RC 6696/2019) sobre las Uniones Temporales de Empresa (UTE):

"Primero.- Con el fin de evitar situaciones de indefensión, el órgano jurisdiccional debe requerir la subsanación del defecto procesal, consistente en aportar el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones por parte de las Uniones Temporales de Empresas, salvo que tales documentos ya obren en el expediente, en cuyo caso, no es preciso tal requerimiento.
Segundo: en el caso de ejercicio de acciones judiciales por parte de uniones temporales de empresas (UTEs), el acuerdo previo para entablar tales acciones no debe ser adoptado individualmente por cada una de las empresas que integran la UTE, resultando suficiente con que se acuerde, de forma singular, por el órgano de la UTE que se encuentre facultado para litigar en nombre de la propia UTE.
Tercero: en el supuesto de que alguna de las empresas que compongan una UTE se encuentra en situación de concurso, no es preciso que la administración concursal adopte un acuerdo expreso facultando al órgano correspondiente de la UTE para entablar acciones judiciales, salvo que el otorgado con anterioridad a la declaración del concurso, haya perdido su validez."

9.3.20

Reclamaciones contractuales y el carácter revisor de lo contencioso-administrativo

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2019 (RC 6651/2017) censura la sentencia recurrida, "pues la demandante, lejos de extender la demanda, como allí se afirma, a " la impugnación de actos que no se impugnaron al promoverse el litigio", y lejos también, como asimismo se dice, de " alterar sustancialmente aquello que constituía la esencia del litigio", se condujo procesalmente del único modo lógico en que cabe hacerlo cuando se pretende el pago de una misma deuda (en este caso, la que tenía su origen en el estado de las contraprestaciones a fecha 13 de enero de 2012 por los servicios de asistencia sanitaria prestados en aquel Hospital San Roque Maspalomas), no de otra, cuyo importe, en alguno o algunos de los conceptos que la integran (como son, los de los intereses devengados y gastos derivados del impago), puede variar, en más o en menos, durante el tiempo que media entre la reclamación hecha a la Administración, la interposición del recurso jurisdiccional y la formulación de la demanda. Entenderlo de otro modo, conlleva gravar al acreedor con la carga procesal y económica de nuevas acciones y procesos a medida que tales conceptos, derivados, repetimos, de una misma deuda y de una misma causa y razón de pedir, vayan variando".
Nos aclara el Alto Tribunal que "No es eso lo que impone el llamado "carácter revisor" de esta jurisdicción, sólo fundado y sólo atendible cuando quepa afirmar que lo pretendido en el proceso es algo distinto y ajeno a lo que fue pedido a la Administración y a las consecuencias o efectos jurídicos derivados de tal petición. Ni lo impone, tampoco, el principio que exige que en ningún caso pueda producirse indefensión, pues la Administración, obligada a responder en derecho, conoce o debe conocer qué razones jurídicas tiene para oponerse a lo pedido y a sus consecuencias o efectos derivados del mero transcurso del tiempo, ya en el mismo en que debió responder".
En consecuencia, se fija como doctrina de la Sala:
"No se incurre en desviación procesal cuando la parte pretende en su demanda un pronunciamiento que acoja o estime las consecuencias o efectos jurídicos que se incluyeron en la reclamación administrativa y que derivan de la misma causa de pedir, aunque tales consecuencias o efectos hayan disminuido o aumentado cuantitativamente por razón del tiempo que transcurrió entre la fecha de la reclamación y la fecha en que es presentada la demanda".

16.3.19

Otra vez sobre el acuerdo de recurrir: requisito subsanable



La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa exige a las personas jurídicas la acreditación del cumplimiento de los requisitos para recurrir, adoptando el correspondiente acuerdo conforme a sus estatutos. Algo que, de ser necesario, debería exigirse con carácter general en todos los procesos, pero que se requiere singularmente en lo contencioso-administrativo, con el formalismo y rigidez que este orden jurisdiccional nos tiene acostumbrados en los últimos años.

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado


Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo 2013 (RC 1669/2010) contempla el supuesto en que la recurrente, al amparo del artículo 88.1.c) LJCA por infracción del art. 138 de la LJCA y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta, con indefensión para la recurrente e infracción del art. 24.1 de la Constitución, denuncia que la sentencia objeto de recurso falta a la verdad, ya que no es cierto que no se subsanase o intentase subsanar el defecto ni tampoco lo es que no se contestara a la causa de inadmisibilidad en el escrito de conclusiones. Denunciado el defecto de acreditación, la actora la propuso como prueba documental séptima, que fue inadmitida por entender que pudo haber sido aportada con la demanda, decisión contra la que se interpuso recurso de súplica. También se invoca el artículo 88.1.c) de la LJCA, por infracción del art. 45.2.d) en relación con el art. 138 de la LJCA y de la doctrina jurisprudencial que los interpreta, con indefensión para la recurrente e infracción del art. 24.1 de la Constitución, manifestando que la legitimación de la recurrente sí estaba acreditaba suficientemente. La sentencia omite que además del poder general para pleitos y las dos certificaciones insertadas al final de poder con la demanda se aportaron copia de los Estatutos de la Asociación y certificación de su composición, lo que subsana la falta de inserción en el Poder relativa a las facultades del presidente. Finalmente, también se recurre al amparo del artículo 88.1.c) de la LJCA, por infracción de los arts. 45.2.d) y 138 de la LJCA, y de la doctrina jurisprudencial que los interpreta con indefensión para la recurrente e infracción del art. 24.1 de la Constitución, en cuanto la Sentencia de instancia reconoce que los estatutos de la Sociedad se aportan con la demanda pero no suplen la falta advertida, pues no se adjunta con ellos el acuerdo de la Asociación de Propietarios recurrente que decida la interposición del recurso contencioso-administrativo; esto es, el acuerdo del órgano social competente estatutariamente para el ejercicio de acciones judiciales.

Pues bien, con abstracción de la viabilidad o acierto de las alegaciones de la recurrente contra la excepción aducida por los demandados, no puede negarse que existió una oposición activa a la misma y un intento de subsanación mediante la aportación de un documento esencial que fue rechazado por la Sala. No es posible advertir en ello una actitud de negligencia o pasividad, sino la concurrencia del presupuesto necesario para que el Tribunal de primera instancia, en aplicación de la jurisprudencia que él mismo invoca y reproduce, hubiera formulado el requerimiento para suplir la ausencia de los documentos que estimaba necesarios para comprobar la existencia del acuerdo para recurrir, prevención cuya omisión es apta para causar la indefensión proscrita constitucionalmente.

Así pues, en el fallo se establece que ha lugar el recurso de casación interpuesto por la Asociación, anulando la sentencia y se retrotraen las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictar sentencia.

La rigidez en la interpretación de este presupuesto procesal vuelve con la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2013 (RC 2761/2012). Por el contrario, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013 (Rec. 872/2011) insiste en que la falta de acreditación del acuerdo para recurrir es subsanable, y se debe dar oportunidad de subsanar.

Nuevamente a favor de una razonable posibilidad de subsanación se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2014 (Rec. 4553/2011), con cita de la Sentencia de 7 de febrero de 2014: "Vemos, pues, que cuando la parte demandada adujo la inadmisión del recurso por la circunstancia tan citada, la actora no permaneció impasible, sino que aportó documentación para despejar esa causa de inadmisión. Así las cosas, la Sala, antes de acordar la inadmisión del recurso en sentencia, debió haber indicado a la recurrente que entendía inadecuada o insuficiente la documentación aportada ofreciéndole la posibilidad de subsanar el defecto anotado, lo que no hizo, generando para el recurrente una situación de indefensión vulneradora del art. 24.1 de la Constitución . En consecuencia, el motivo de casación debe ser estimado. Si bien tal estimación, por la razón apuntada no nos permite entrar al examen de fondo -pues lo cierto es que el defecto sigue sin subsanar- , por lo que corresponde ordenar la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse sentencia, para que por la Sala, previa audiencia, en su caso, a las partes se requiera a la recurrente en orden a la subsanación del defecto y luego se dicte la sentencia que se considere oportuna".

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2014 (Rec. 6120/2011) y 7 de mayo de 2018 (RC 479/2016) reiteran la necesidad de que se conceda trámite de subsanación si existe oposición. Es más, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2015 (RC 4079/2012) considera que, aun concedido un primer trámite de subsanación, al advertir la parte contraria que la subsanación cumplimentada no era suficiente, debe otorgarse nuevo plazo de subsanación y no decretar la inadmisión en sentencia.

Esta exigencia se ha predicado de entidades asociativas o sindicales pero también de las sociedades mercantiles. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2014 (Rec. 2997/2011) no hace más que recordar que a las sociedades mercantiles también se les exige el acuerdo de recurrir y, ante el supuesto de que requerida la subsanación, se aporta simplemente el poder, la inadmisión es correcta. En particular, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2014 (RC 4749/2011) matiza la interpretación del art. 45.2 d) LJCA cuando quien interpone el recurso contencioso-administrativo es una sociedad mercantil cuya administración está conferida a un administrador único.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2015 (RC 4466/2012), al tiempo que recuerda la procedencia del trámite de subsanación, niega que el acuerdo de recurrir sea exigible a las comunidades de propietarios.

Finalmente cabe recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2016 (Rec. 3069/2014), en relación con la Administración como demandante, es aún más tolerante y considera que no es cuestión de prueba sino de competencia, admitiendo el recurso porque el poder fue otorgado por el Alcalde. Ahora bien, recordemos que en el caso de los Ayuntamientos, el ejercicio de acciones debe ir precedido de un informe jurídico interno, si bien la falta de aportación del mismo es igualmente subsanable, como sostiene la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2016 (RC 3370/2015).


13.3.18

La legitimación activa en lo contencioso-administrativo

Si sólo cupiese reaccionar frente a los actos administrativos ilegales cuando se ostentase un auténtico derecho subjetivo una gran parte de la actividad de la Administración quedaría exenta de control jurisdiccional. Surge así el concepto de interés legítimo. Observa CORDÓN MORENO que "el interés cuya titularidad se exige como presupuesto de admisibilidad no es... más que la invocación de una situación jurídica material que se afirma lesionada por la resolución administrativa impugnada". Así, el art. 19.1 LJCA dispone que “están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo”.


Para GARCÍA DE ENTERRÍA, se trata de un derecho subjetivo "reaccional o impugnatorio" que opera "cuando [el administrado] ha sido perturbado en su esfera vital de intereses por una actuación administrativa ilegal, supuesto en el cual el ordenamiento, en servicio del más profundo sentido de la legalidad en el Estado como garantía de la libertad, le apodera con un derecho subjetivo dirigido a la eliminación de esa actuación ilegal y al restablecimiento de la integridad de sus intereses". A lo que añade que "Donde está el derecho subjetivo no es en la violación abstracta de la norma, sino en la acción que se otorga para eliminar el acto que, habiendo violado la norma, causa un perjuicio personal al ciudadano, y es evidente que esa acción se otorga en interés del ciudadano [y por su interés, cabría añadir] que en tal sentido, y solo en el mismo, ejercita". A ello añade que "donde está el derecho subjetivo es en la acción reaccional, no en la situación previa... la cual se protege con dicha acción ...", y, ciertamente, el derecho subjetivo del que habla es la acción, pero ello no excluye que pueda preexistir un auténtico derecho subjetivo material o un mero interés legítimo.

LEGUINA VILLA se interrogaba: "¿Cuándo nace este interés legitimador? En otras palabras: ¿Qué condiciones deben concurrir en la relación establecida entre la actuación administrativa y la esfera de derechos e intereses del administrado? Dos son, a mi entender, los elementos que caracterizan la relación a que nos referiremos: 1) es una relación directa: es decir, el acto o el reglamento de la Administración incide sobre el interés material del administrado de tal manera que éste resulta directamente transformado; 2) es una relación de lesividad; en su incidencia sobre la esfera jurídica del administrado, el acto o la disposición administrativa producen un daño o lesión en aquella parcela concreta que llamamos interés sustancial", interés que, como aclara la Sentencia de 5 de octubre de 1962, puede ser de diversas clases, puesto que "cuando la ley habla meramente ... de un interés ... como justificativo del derecho a demandar, no distingue la naturaleza de tal interés, ni elimina o exige los de una clase o clases determinadas, y ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ...". Por ello, el interés puede ser no sólo jurídico-administrativo sino que puede ser también civil, mercantil, político y hasta moral o afectivo, toda vez que, como pone de manifiesto SÁNCHEZ ISAAC, la jurisprudencia ha mantenido una indeterminación sustancial del interés, que va llenando con la calificación y subsunción de cada caso concreto.

En efecto, como reconoce la Sentencia de 28 de marzo de 1985, se aprecia la existencia de interés "siempre que pueda suponerse que la declaración jurídica preconizada colocaría a los recurrentes en condiciones naturales y legales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico, o incluso de índole moral o derivado de una simple relación de vecindad".

Así, la jurisprudencia contencioso-administrativa ha venido admitiendo la legitimación activa por ostentar un interés en accionar en favor de aquellos que resulten beneficiados o perjudicados por la anulación o el mantenimiento del acto administra­tivo, sin ser titulares de un derecho subjetivo (STS 3-11-1964, 4-5-1972, 30-4-1977, 28-1-1978 y 9-10-1984). Y, sin perjuicio de que el acto recurrido haya de agotar la vía administrativa, no es preciso haber comparecido en el procedimiento administrativo para estar legitimado activamente en el proceso contencioso-administrativo (STS 23-6-1965 y 20-6-1966).

Antes de la Constitución, NIETO auguraba ya que "es muy posible -yo, al menos, quiero tener tal esperanza- que dentro de algunos años los estudiosos del Derecho administrativo... [se pregunten] ¿Qué tiempos eran aquellos (refiriéndose a los actuales), en que resultaba preciso derrochar paciencia e ingenio para aclarar un concepto tan inútil como el de interés directo?" . Pues bien, el art. 24 de la Constitución suprime el calificativo de "directo" del interés y constitucionaliza la tutela jurisdiccional no sólo de los derechos sino también de los intereses legítimos. De este modo, recoge la distinción de la Constitución italiana entre derechos subjetivos e intereses legítimos, configurados estos últimos como situaciones subjetivas sustanciales típicas, tesis defendida con anterioridad por GARRIDO FALLA, si bien otros, como CORDÓN MORENO, precisan que no puede tomarse tal distinción en Derecho español sin las debidas precauciones y salvedades. Con independencia de esta discusión, lo relevante aquí es la supresión del requisito de que el interés sea "directo", luego basta un interés indirecto.

Para algunos, interés directo e interés legítimo son lo mismo. Sin embargo, ha preponderado el criterio que diferencia ambos conceptos (interés directo e interés legítimo) para considerar que la exigencia de que el interés sea directo ha sido superada por la Constitución, bastando que el interés sea legítimo. En este sentido se pronuncia, por ejemplo, CANO MATA, así como GARCÍA DE ENTERRÍA, según el cual "el Tribunal Constitucional ha dicho ... que el concepto constitucional de <<intereses legítimos>> dispensa del requisito de que los mismos sean directos, como exigía la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 28); la Ley de Procedimiento Administrativo, de 1.958, aún precisaba más, artículo 113: <<interés directo, personal y legítimo>>. La Constitución no califica a los intereses tutelables de directos o de personales; de ahí el Tribunal Constitucional ha obtenido la consecuencia de que bastan intereses indirectos y que no se exige tampoco que sean personales...".

Estas conclusiones parecen ser compartidas por la jurisprudencia. Una Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1987 señala que basta que el interés sea legítimo, sea o no directo, pues "según el Tribunal Constitucional (Ss. 11 de octubre de 1982 y 11 de julio de 1983) basta que (los intereses) sean indirectos".

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1993 expone la siguiente doctrina:

"... bastará con reproducir aquí las siguientes palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre de 1.992: <<Concretamente, respecto al interés directo previsto en el art. 28.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como criterio de legitimación necesario para formular recurso contencioso-administrativo, hemos dicho que después de la Constitución y a la luz del art. 24.1 de la misma, hay que entenderlo sustituido por el criterio más amplio de interés legítimo identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida (SSTC 60/1982, 62/1983, 257/1988 y 97/1991 y Auto TC 356/1989) ...".

Asimismo, la Sentencia de 18 de noviembre de 1993 declara que

"ese interés, que abarca todo interés material o moral que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada (siempre que no se reduzca a un simple interés por la pura legalidad), puede prescindir, ya, de las notas de personal y directo, pues tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional han declarado, al diferenciar el interés directo y el legítimo, que éste no sólo es superador y más amplio que aquel sino también que es, por sí, autosuficiente".

El mismo criterio es sostenido por la Sentencia de 18 de febrero de 1997, que, literalmente, dice que "el concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés personal y directo".

Ahora bien, numerosas sentencias confirman que lo expuesto no debe llevar a confundir­ el interés legítimo en el mero interés por la legalidad, como la ya citada de 18 de noviembre de 1993. Igualmente, entre otras, la Sentencia de 9 de octubre de 1.984 reconoce que procedería "negar la legitimación al demandante por entender que su interés no excede del referido campo de la mera legalidad". De este modo, salvo las excepciones legalmente reconocidas (como el urbanismo o la protección del patrimonio histórico-artístico), no se admite la acción pública o popular en el contencioso-administrativo, que exige la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo (STS 28-5-1985, 6-6-1988, 31-5-1990, y 17-7-1991).

Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2018 (RC 218/2016) sigue una doctrina flexible y casuística, “en coherencia con la doctrina jurisprudencial sentada sobre la legitimación activa, de la que es exponente - entre otras- la STS del Pleno de la Sala Tercera de 3 de marzo de 2014 (RC 4453/2012 ). Esta sentencia, tras afirmar que la legitimación activa se erige en pieza clave de interpretación de nuestro derecho procesal y soporte del derecho a la tutela judicial efectiva, establece que, dado que en el terreno de la legitimación está en juego el acceso a la jurisdicción, habrá de desplegar su máxima eficacia el principio pro actione, exigiendo que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento del fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad. Por eso, no es de extrañar que, a continuación disponga que "La regla general para que la legitimación activa, le sea reconocida a una determinada persona física o jurídica en la interposición de un recurso contencioso-administrativo, exige la existencia de un interés legítimo, que debe ser identificado con ocasión de la interposición de cada recurso contencioso-administrativo", así como que "El casuismo y la variedad de situaciones que la realidad jurídica nos puede deparar, exige un análisis puntual y pormenorizado de cada supuesto enjuiciado, para discriminar e identificar el concreto interés legítimo que sustenta la legitimación activa del recurso entablado, como ya apuntamos en nuestras SsTS 12 de noviembre de 2012 (casación 1817/09, FJ 2 ) y de 14 de marzo de 2011 (casación 4223/08 FJ 2)".


Francisco García Gómez de Mercado
Abogado